España tiene más de 10.000 viviendas protegidas vacías

MADRID // Más de 10.000 viviendas protegidas están vacías y disponibles actualmente en España, mientras que 332.539 personas están inscritas como solicitantes de pisos de protección oficial. Esta es la principal conclusión del estudio Viviendas protegidas vacías que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado hoy en las Cortes Generales. Becerril insta a “acabar con el desajuste” entre la necesidad de vivienda y el número de pisos vacíos mejorando la coordinación entre las distintas administraciones y favoreciendo su acceso mediante alquileres más asequibles.

El estudio establece como “vivienda protegida vacía” aquella que es habitable, es decir, que no está en ruina; sus condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad son idóneas y no se encuentra ocupada por alguna persona o familia. De las más de 250.000 viviendas protegidas gestionadas por las comunidades autónomas, 9.752 cumplirían estas condiciones, así como al menos 427 de las que gestionan los ayuntamientos.

Una de las principales causas de que haya viviendas protegidas vacías, apunta el estudio, es la imposibilidad de los compradores de encontrar financiación. También la caída de los precios de la vivienda libre, que “en algunos casos ya resultan inferiores a los de las protegidas”, o que la entidad pública se demore en exceso en la adjudicación.

Los alquileres, inferiores al 30% de la renta

El Defensor del Pueblo aboga porque la Administración aumente el control para evitar que el número de viviendas vacías continúe creciendo. Asimismo, señala la necesidad de mejorar los registros de vivienda protegida y reforzar la coordinación entre administraciones, especialmente entre las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, ya que estos últimos “tienen normalmente una información más fiable de la situación real de las personas y su necesidad de vivienda”.

Para Becerril, la Administración debe favorecer el alquiler por encima de la venta. En ese sentido, la institución recomienda la recalificación del régimen de protección de las viviendas que estén destinadas a la venta hacia un régimen de alquiler, “por razones de interés público o social”. Según la defensora, los alquileres no deberían superar el 30% de la renta de la unidad familiar.