La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) no cayó por ciencia infusa. Esta es la tesis que sostienen los afectados por el derrumbe financiero y las víctimas de los productos tóxicos comercializados por la entidad: la responsabilidad última recae sobre los políticos que ejercieron el control y, por encima de todos, el presidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel, y el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.
Estos, junto a entidades de control como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Instituto Valenciano de Finanzas (UVF), también fueron informados puntualmente de las irregularidades que se estaban cometiendo y no hicieron nada por pararlas.
De ser la cuarta entidad financiera del Estado y presentar beneficios, la CAM pasó de la noche a la mañana a ser intervenida por el Banco de España, el 23 de julio de 2011, y necesitar la inyección de 2.800 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Un año después, el Banco de Sabadell compraba la entidad por el precio simbólico de un euro, convirtiendo en papel mojado las cuotas participativas con las que los antiguos gestores habían sacado la caja a Bolsa y las acciones preferentes con las cuales engañaron a una parte de sus clientes de toda la vida. Por el camino, acusaciones de salarios desorbitados, viajes a destinos exóticos y reuniones en hoteles de lujo, prejubilaciones millonarias, condonación selectiva de créditos y unas pérdidas ocultas de 4.587 millones de euros.
Las indagaciones por esclarecer las responsabilidades políticas, penales, económicas y financieras del saqueo de la CAM se están llevando a término desde varios frentes. El judicial está encabezado por el sumario que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Javier López Bermúdez contra la antigua cúpula de la entidad de ahorros. Pero también hay abierta una comisión de investigación a las Cortes Valencianas, donde la mayoría absoluta del PP no logra evitar que el desfile de exaltos cargos y exdirectivos de la financiera apunte directamente a los responsables políticos que propiciaron los nombramientos.
Por el momento, el juez López Bermúdez ha imputado cinco exdirectivos de la CAM por los presuntas delitos de estafa, apropiación indebida, manipulación del precio de las cosas y delito societario. Se trata del expresidente del consejo de administración Modesto Crespo, el exdirector general Roberto López Abad, quien sería su sucesora en el cargo María Dolores Amorós y los exdirectivos Vicente Soriano y Teófilo Segorbe.
El juez dispone de cuatro informes que ratifican las irregularidades cometidas en la caja de ahorros. El más contundente es el último del Banco de España, que acusa el consejo de administración de maniobrar para enriquecerse, emplear artificios contables para falsear los resultados con el objetivo de enmascarar las pérdidas y esconder los riesgos para engañar, entre otros, a los posibles inversores de la caja.
Autovía financiera del PP
El abogado que lidera la demanda colectiva a la Audiencia Nacional es el murciano Diego de Ramón. Este letrado lleva denunciando el saqueo de la CAM ante los tribunales y las autoridades de control desde el año 2006, mucho antes de la caída de la entidad. Pero, hasta ahora, cuando el mal ya está consumado, los jueces no lo han empezado a tomar .
Por ejemplo, el año 2007, De Ramón envió una carta al entonces presidente de la CNMV Julio Segura advirtiéndole de las irregularidades y la temeridad en la intención de la caja alicantina de salir a Bolsa con cuotas participativas. La operación se autorizó y ahora hay miles de personas atrapadas que han visto cómo disminuye hasta cero el valor de su inversión debido al derrumbe.
Para De Ramón, la caja preparó “una acción continuada y planificada” con la venta de cuotas participativas y participaciones preferentes. De los siete millones de clientes que tenía, escogió “el perfil más bajo”, personas de entre 60 y 80 años y jóvenes “con escasa instrucción financiera, que no podían valorar dónde se estaban metiendo”.
El abogado asegura que los informes que el juez Bermúdez tiene en sus manos sólo reflejan la punta del iceberg. Ante las Cortes Valencianas ha manifestado que “todavía no se sabe nada de la CAM” y que hace falta “un proceso de instrucción más complejo, más profundo, porque quedo limpia de verdad”.
La comisión de la vergüenza
Según la opinión de este letrado, había “un circuito, una autovía financiera para un determinado grupo político”, apunta con clara referencia al Partido Popular, formada por la tríada ‘Banco de Valencia, Bancaja y la CAM’, que son las tres entidades valencianas que han debido ser intervenidas por el Estado. Diego de Ramon también ha pedido que se investigan los movimientos de la caja de ahorros en paraísos fiscales, todos los préstamos concedidos por más de 600.000 euros y la política de colocación en la obra social de la CAM en Valencia y en Murcia, dónde todavía trabaja un significativo contingente de colocados por la directiva anterior.
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