El Defensor del Pueblo reclama un sistema universal de arbitraje para las preferentes

BARCELONA // La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha hecho público esta mañana un informe sobre las participaciones preferentes, los productos financieros de alto riesgo que muchas entidades financieras colocaron a clientes de confianza revestidas de depósitos seguros. La institución reclama que se ponga en marcha un sistema universal de arbitraje al que puedan recurrir todos los afectados para dirimir si fueron objeto de engaño por parte del banco.

El Gobierno y el PSOE pactaron en enero establecer un sistema de arbitraje al que puedan acogerse los afectados que hayan sido engañados por entidades financieras nacionalizadas. El Defensor del Pueblo, sin embargo, insta a ampliar este sistema a todas las entidades.

El informe constata que la comercialización de participaciones preferentes ha supuesto “un importante quebranto” para la economía de miles de personas, “que creían haber depositado sus ahorros de una manera segura y que podían recuperarlos cuando los necesitaran”. La institución aboga por establecer compensaciones a largo plazo evitando la pérdida de capital y derechos para que las personas “que invirtieron con desconocimiento del producto que adquirían y de los riesgos que asumían” no pierdan sus ahorros.

La defensora propone que el órgano encargado de dirimir el posible engaño por parte de los bancos sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyas decisiones, afirma, “no han sido respetadas ni aplicadas por sus destinatarios”. Asimismo, recomienda que se dote de más efectivos a la CNMV para realizar esta labor, así como otorgarle mayores competencias para adoptar medidas cautelares cuando estime que la normativa no ha sido respetada.

Con vistas a evitar que en el futuro se den situaciones similares, la defensora del pueblo considera fundamental que se mejore la transparencia, “de tal forma que el cliente comprenda no solo los riesgos sino también la información sobre los gastos, costes, y comisiones cobrados o repercutidos por el intermediario”. En ese sentido, y cómo ya había avanzado anteriormente, propone un sistema de etiquetaje de los productos financieros para que el cliente pueda distinguirlos por su riesgo y complejidad sin necesidad de tener conocimientos técnicos.

Además, defiende que se debe lograr que la remuneración de los empleados bancarios “no entre en conflicto con la obligación de proteger el interés de los clientes”. Es decir, que no tengan pluses por endosar productos dañinos para el cliente. Mantiene la defensora que dichos incentivos o un mejor salario solo se deben obtener por la gestión “responsable” de este tipo de productos.