El gobierno creará un “mapa estadístico” de los desahucios

“Conocer a fondo la verdadera realidad de los desahucios”. Con esas palabras ha justificado la vicepresidenta primera de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la decisión del Consejo de Ministros de crear una fuerte de información dentro del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre estos procesos.

Con carácter trimestral el INE informará sobre la evolución de los desahucios porque, tal y como explica la portavoz, “no es lo mismo” una ejecución de primera vivienda habitual, una vivienda vacacional, un negocio o una nave industrial.

Este resultado estadístico es el primer paso para la aprobación de una nueva normativa que, según sostiene el Gobierno, compatibilizará el funcionamiento del mercado hipotecario y la protección a las familias. Esta norma, en palabras de Sáenz de Santamaría, actuará sobre las cláusulas abusivas, los umbrales de renta para poder beneficiarse del Código de Buenas Prácticas de la banca, los intereses de demora o los mecanismos de supervisión.

Anuncios poco concretos que no satisfacen a la oposición ni a los movimientos sociales, que desconfían de las intenciones del Gobierno, sobre todo después de la aprobación del decreto-ley que instauró la moratoria parcial sobre desahucios, una norma considerada claramente insuficiente.

Hasta ahora, los datos estadísticos provenían del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de las entidades financieras o del mismo Instituto Nacional de Estadística. Con este nuevo Real Decreto se crea una nueva fuente de información, que se encomendará al INE, con la colaboración de los agentes del Registro de la Propiedad y Mercantil.

Canon para las empresas de transportes

El Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que deberá pasar a su tramitación parlamentaria. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha sido la encargada de presentar la Ley que defendió al asegurar que mejorará “la competitividad y eficiencia empresarial en el sector y gracias a ella se optimizarán los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera».

La ley introduce un canon anual para las empresas de autobuses que exploten líneas regulares. Además, se limita a diez años el plazo máximo por el que se concede la explotación de una ruta de transporte público frente a los 50 ó 70 años que se dan actualmente.

Asimismo la nueva norma establece la posibilidad de realizar transportes combinados, por ejemplo de trabajadores y escolares y obliga a los concesionarios a inscribir los contratos en el registro para así mejorar su transparencia.