MADRID // Un mismo terreno y diferentes planes de futuro. Los 14 kilómetros de zona desafectada de la antigua vía pecuaria de la Cañada Real Galiana ha sido una fuente de conflictos entre los vecinos y asociaciones y las administraciones públicas en los últimos años. Pero tras saberse que finalmente será Madrid el destino del macrocomplejo del juego del magnate Sheldon Adelson, los vecinos de la Cañada miran de nuevo con recelo sus casas, sus pertenencias, sus vidas.
Silencio. Esa ha sido la postura pública de la Comunidad de Madrid respecto a la negociación que finalmente ha fructificado en el aterrizaje en su tierra de Eurovegas. El mismo silencio que han recibido como respuesta los vecinos de la Cañada a su Plan Integral Participativo (PIP), estudio en el que han propuesto una alternativa al desmantelamiento de la zona. El alcance territorial de este estudio incluye el sector 6 de la Cañada (Valdemingómez), una de las hipotéticas candidatas que suenan en las quinielas como localización del complejo de casinos y ocio.
Muna K.T., psicóloga social y miembro de la asociación Aldea Social, que ha participado en la elaboración del PIP, teme que el sitio elegido para el llamado Eurovegas sea la zona Valdecarros, Valdemingómez de Cañada y sus proximidades, incluso reconoce que podría llegar a afectar al Parque Regional del Sureste colindante con el sector 6. El Ayuntamiento de Madrid la ha declarado que la presencia de la planta incineradora vuelve a toda esta zona “imposible de habitar”.
Fue el pasado 9 de abril cuando la Consejería de Asuntos Sociales, la delegación del Gobierno de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid firmaron un “protocolo de intenciones para alcanzar un acuerdo” sobre la situación de la Cañada. Nunca hubo una mesa conjunta de todos los actores. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid no ha recibido a los vecinos ni a las asociaciones que colaboran con ellos.
El 31 de julio era la fecha señalada en el calendario para que la Comunidad de Madrid diese a conocer los planes para la Cañada, tras casi cuatro meses de negociación. Por fin ese día los vecinos conocerían si cabía un espacio para la alternativa y el fin definitivo del conflicto y la inseguridad permanente. Pero nada de eso pasó el 31 de julio.
Ahora Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha aumentado el plazo. De forma informal les ha hecho llegar a los vecinos que “en septiembre se planteará la propuesta final”. En pleno mes de agosto, este organismo les hizo saber a las asociaciones que ya había unos planes proyectados y que estos no supondrían ni un euro a las arcas de la Comunidad, pues no hay.
Y como el dinero es la máxima preocupación, los vecinos, en colaboración con un máster de la Universidad Complutense de Madrid y Aldea Social, presentaron el Plan Integral Participativo, en el que se demuestra que el desmantelamiento de la Cañada y la reubicación de sus habitantes sería más costoso que la remodelación de la misma. De hecho, como indica el informe, el presupuesto para el desmantelamiento y realojo de las 400 viviendas ascendería a 66 millones de euros, mientras que la remodelación y la recuperación urbana supondrían una inversión de 30 millones.
Saber cuántos vecinos implicados hay en la Cañada es algo imposible. Como sucede en el caso de número de desahucios o la cantidad de inmigrantes en esa zona, el censo real de la Cañada es motivo de cruce de cifras entre las asociaciones y la Comunidad de Madrid. De hecho, la administración madrileña estima que existen 7.000 vecinos, mientras que Aldea Social calcula que hay hasta 15.000 personas viviendo en condiciones de vulneración de los derechos humanos básicos.
Amnistía Internacional denunció en 2011 en su informe Derechos a la Intemperie las condiciones de vida a los que están sometidos los habitantes de esta zona. Criticó la permisividad de las administraciones públicas, que tan sólo intervienen si de desalojos se trata, pero no muestran ninguna preocupación por las condiciones de vida de esa zona. De hecho, el informe explica que “asociar a ciertos sectores con la delincuencia, marcarlos como una amenaza o adjudicarles atributos negativos, en base a la explotación de estereotipos, puede preceder, acompañar y/o propiciar intervenciones abusivas”.
Asociaciones como Aldea Social temen que la respuesta de la Comunidad de Madrid esté orientada a servir a los intereses especulativos de la zona, abocando a las personas que sean expulsadas del territorio a «un mayor grado de vulneración y exclusión social».
Un Eco-barrio basado en la experiencia de Trinitat Nova
Donde las administraciones públicas ven conflicto, los vecinos de la Cañada ven alternativas. La oportunidad de crear un espacio nuevo, basado en la reordenación y la remodelación del barrio, facilitando el realojo voluntario, fomentando un modelo de cogestión mixto público-vecinal, la construcción de un Parque Agroecológico y la rehabilitación de las viviendas con criterios de sostenibilidad, entre otras.
El documento presentado a las administraciones el 6 de agosto se ha inspirado en el ejemplo del barrio Trinitat Nova (Barcelona), zona en la que se abrió un proceso comunitario en 2006 de regeneración urbana para dar salida a distintos problemas urbanísticos, sociales y económicos. El proceso, además, ha sido cogestionado por vecinos y administradores.
Como explica Aldea Social, entienden el concepto de Eco-barrio como un espacio de diversidad y participación, de desarrollo local y de expansión de diferentes modos de vida. En definitiva, es una apuesta por la sostenibilidad urbana, medioambiental y socioeconómica.
Y mientras… siguen los desahucios
Detrás de un número de expediente, de un conjunto de folios, como en la gran mayoría de los residentes de la Cañada Real Galiana, hay una tremenda historia. Mohammed es uno de tantos vecinos de la Cañada Real Galiana que ha recibido este mes una notificación de desahucio. Se estima que más de 250 familias se encuentran en este momento en su misma situación. Cuenta con 400 euros mensuales como únicos ingresos (procedentes del paro de su mujer) para vivir él, una hija pequeña y su mujer, que en este momento se encuentra recuperándose de un duro tratamiento contra la leucemia, por lo que no puede buscar trabajo. Reconoce encontrarse en un tristísimo callejón sin salida.
“No es nada fácil hacerse a la idea de que finalmente puede pasar, aunque desde el primer día que llegamos aquí, hace tres años, sabíamos que podía suceder”. Mohammed reconoce que el desahucio no será inminente: la notificación contiene una serie de errores que han obligado al juzgado a volverla a redactar. Cuenta que cada vez que acude al juzgado se siente más cerca del día en el que pierda su casa.
“Actuaciones de disciplina urbanística”. Así es cómo denomina el Ayuntamiento de Madrid al proceso por el cual una familia es expulsada del lugar en el que vive. Es difícil conocer el número de desahucios que esta administración ha llevado a cabo en la Cañada. Muna desconfía de los datos oficiales. “Yo he presenciado distintos desalojos y no eran infraviviendas sino viviendas, no eran familias relacionadas con la droga y no ha habido actuación social al paralela”. El ayuntamiento insiste en su página web en que todas estas “actuaciones” se han realizado “disponiendo de la autorización judicial de entrada en domicilio”, así como con la presencia del SAMUR Social “cuando ha sido necesario”. En cambio, las diferentes asociaciones que trabajan sobre el terreno han denunciado lo contrario en numerosas ocasiones.
