La cara oculta del éxito colombiano

MADRID // Luis Rendón es el nombre de un colombiano con suerte. La bala que le dispararon unos desconocidos le rozó el corazón. Le atacaron cuando salía de su antiguo domicilio en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, al noreste de Colombia. Una región de campesinos asentada sobre una inmensa bolsa de petróleo y en donde ejercer el sindicalismo es casi una condena a muerte. El nombre de Luis Rendón figuraba desde 1998 en la lista negra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el temible grupo de paramilitares del que han emergido las Águilas Negras que hoy siembran de pavor vastas zonas del país.

Todo comenzó cuando Luis recibió una carta de cinco líneas: “Como sigas revolviendo a humildes campesinos contra los intereses de la patria, la próxima advertencia no te llegará por correo, amigo de los terroristas …”. La nota iba firmada por el bloque paramilitar Vencedores de Arauca, adscrito a las AUC, con una tenebrosa actividad contra opositores a las diversas explotaciones petroleras dentro del territorio de indígenas betoyes, u’was y sikuani. Y, en concreto, contra la concesión para Repsol del pozo de Caño Limón, el más grande del país, y de ocho exploraciones repartidas por el norte y sur de Colombia. “Nunca fueron bienvenidos por su falta de respeto y por su maltrato”, rememora Rendón.

“Hay una relación causal y espacial entre las entradas de estas empresas y el comienzo de las violaciones de los derechos humanos en lugares como Arauca, el segundo departamento colombiano en la producción petrolera”, explica Pedro Ramiro, investigador principal del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). En un libro, reveladoramente titulado “Los impactos de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa en Colombia”, Ramiro pone al descubierto la vida secreta de las multinacionales españolas en el país más neoliberal de América.

Según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia registra la mayor tasa de homicidios de sindicalistas del mundo. La mayoría son opositores a grandes proyectos industriales y energéticos liderados por multinacionales del sector eléctrico, la banca y la telefonía. Entre ellas 17 empresas españolas. Sólo el pasado año fueron asesinados 29, la cifra más alta de América Latina.

En otro capítulo de su libro, Ramiro destripa las diversas artes que utilizó la empresa Unión Fenosa para rentabilizar las millonarias adquisiciones de dos firmas locales como son Electrocosta y Electricaribe. A partir del año 2000, subió las tarifas, repuso contadores, provocó cortes de energía, hizo sobrefacturaciones y desatendió injustificadamente a zonas rurales. Todo esto terminó convirtiéndose en caldo de cultivo de un conflicto social que favoreció a las élites mientras los derechos de los trabajadores se fueron degradando más y más cada año.

Algo similar sucedió en Cartagena de Indias con la compañía Aguas de Barcelona (Agbar), donde el Banco Mundial tuvo que enmendarle la plana al verificar que su informe sobre la finalización de las obras de saneamiento en la ciudad caribeña era falso ya que “casi un tercio de la población, la mayor parte en vecindarios pobres, carecía de agua corriente y de servicios básicos”. Para compensar la inversión adicional en estos lugares, Agbar incrementó las tarifas un 570% de media entre 1999 y 2010.

Un paraíso para la inversión

Mientras no cesan hechos como éstos, Colombia se presenta ante el mundo como el país latinoamericano con las mejores perspectivas para la inversión extranjera. Y no le falta razón. Es un paraíso amparado por una legislación que reconoce 15 zonas especiales para la realización de intercambios internacionales y por la vigencia del Plan Vallejo; el pilar de una política económica que ofrece exenciones fiscales y garantías de comercialización a las multinacionales que lo deseen.

Según datos oficiales, estas medidas han permitido que la entrada de capitales, principalmente estadounidense y español, se haya incrementado un 250% desde el año 2000, lo que supone más de 80.000 millones de euros en ventas, casi el 80% de PIB nacional o tres cuartas partes del valor productivo total del país.

Sin embargo, Pedro Ramiro hace hincapié en el efecto devastador que para las economías locales y el medio ambiente ha tenido la llegada masiva de empresas, más interesadas en los beneficios a cualquier precio, que en romper la cadena de la miseria. Algunos de los datos eclipsados por el brillo del capitalismo indican que el analfabetismo no baja del 10%, con picos escalofriantes del 36%, como en La Guajira, o del 25% en el Chocó, y que la pobreza continúa asolando al 35% de la población.

Los informes anuales de organismos independientes como CEPAL indican que un mercado tan liberalizado no sólo no soluciona la penuria y la desigualdad sino que la preserva. Otras instituciones, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, van más allá y sugieren una relación directa entre el tutelaje jurídico sin fisuras de la opulencia empresarial y la violación de los derechos humanos de sindicalistas.

Juan Hernández, profesor de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco y autor de los estudios más completos sobre la Responsabilidad Social Corporativa en América Latina, considera que está en marcha la consolidación de un nuevo Derecho Corporativo Global “cuyas reglas son imperativas y ejecutivas mientras que sus obligaciones jurídicas son voluntarias y no exigibles. Esto existe en Colombia donde hay una clara vinculación político-económica del Estado a la empresa”.

En Bogotá, donde vive protegido, Luis Rendón bendice la suerte de seguir vivo junto a otros sindicalistas amenazados. Les preocupa la situación que padecen los más de 4,5 millones de desplazados forzosos por un conflicto armado que ha mutado de cara y de alma al ritmo de la globalización. “Ahora es más fácil el acceso al mercado global para traficantes ilegales pero también para los especuladores financieros”, sentencia. El rentable panorama de un mercado global que a veces adopta turbadoras formas de exclusión y de injusticia.