BARCELONA // Este viernes ha finalizado la comisión parlamentaria que debía abordar la utilización de las balas de goma por parte de los Mossos d’Esquadra. Como ya se conoció el miércoles tras el acuerdo alcanzado por Esquerra Republicana (ERC) y Convergència i Unió (CiU), las balas de goma se dejarán de utilizar a partir del 30 de abril del próximo año. La resolución aprobada finalmente prevé también indemnizaciones para las víctimas.
Los dos partidos, con el apoyo también del PP, han rechazado una propuesta que instaba a eliminar del armamento de los Mossos todo tipo de proyectiles, es decir, también los de foam que se introdujeron a partir de 2011. ICV-EUiA, PSC y la CUP han votado a favor de suprimir todos los proyectiles, los de caucho (balas de goma) pero también los de viscoelástica, además del instrumental utilizado para dispararlos. Ciutadans se ha abstenido.
El acuerdo entre ERC i CiU también el apoyo de los republicanos a la continuidad como director general de la policía catalana de Manel Prat, muy cuestionado por su gestión de casos como el de Ester Quintana o, más recientemente, la muerte de un hombre en el barrio del Raval de Barcelona tras una detención policial. Ambas formaciones se han quedado solas en el grupo del no durante la votación que emplazaba al Parlament a “reprobar la gestión de Manel Prat en el caso Ester Quintana e instar a su cese” inmediato.
Uno de los representantes de CiU en la comisión, el diputado Lluís Guinó, ha negado sin embargo que se haya producido un cambio de cromos: balas de goma por la cabeza de Prat. “No ha habido pacto. Simplemente han coincidido los hechos del Raval con la finalización de la comisión de las balas de goma”, ha sentenciado.
ICV-EUiA critica el “cambio de cromos”
Minutos antes, el diputado de ICV-EUiA Jaume Bosch afeaba a los dos grupos “la imagen de cambio de cromos” que ha resultado de las negociaciones y recordaba que el propio Manel Prat ha declarado estos días que se había visto sometido a un chantaje. “Queremos la prohibición de las balas de goma y el cese de Prat, que no debe ser a cambio de nada”, ha sentenciado Bosch.
El grupo de Ciutadans, por medio del diputado Matías Alonso, ha secundado la moción que implica la retirada de las balas de goma el año que viene, aunque ha manifestado algunos “reparos”. Ciutadans está de acuerdo con la supresión de las balas de goma “mientras se mantengan herramientas policiales robustas que permitan a la Brigada Móvil actuar manteniendo la distancia”.
Pere Calbó, por parte del Partido Popular catalán, ha criticado la supresión de este controvertido armamento alegando que no se ha presentado una opción alternativa: “Ustedes no modifican un modelo de seguridad y orden público, simplemente se cargan un modelo”. “No queremos una decisión política sin un análisis previo”, ha sostenido Calbó, que ha cargado contra la “mossofobia” que, según él, se ha generado en contra del cuerpo policial.
La CUP vota por disolver la Brimo
La CUP ha sido el único grupo parlamentario que ha votado a favor de la disolución de la Brigada Móvil (Brimo), la unidad antidisturbios de los Mossos. El diputado David Fernández ha considerado una “falta de respeto” que la Brimo haya facilitado sus protocolos de actuación tan solo tres días antes de que finalizase la comisión, y ha subrayado el “profundo cinismo” a la hora de abordar el modelo de orden público. “Quien ha disparado las balas de goma son las órdenes de los políticos”, ha recordado.
Además, Fernández ha señalado que los responsables policiales que han desfilado durante estos días por la comisión han reconocido que los casos de alteraciones graves del orden público son muy puntuales, y ha citado tres: la celebración de la Liga de Campeones conseguida por el F.C. Barcelona en 2011, la del Mundial de fútbol de 2012, y las cargas policiales en la acampada de la plaza de Catalunya en mayo de 2011.
“¿Qué consecuencias judiciales han tenido?”, se ha preguntado Fernández, quien ha recordado que mientras las celebraciones por éxitos deportivos se han saldado con escasas multas para algunos de los causantes de los disturbios, entre ellos “el hijo de un presidente de la Generalitat”, y las cargas policiales en la plaza de Catalunya con un simple procedimiento judicial por uno de los 121 heridos, “la criminalización de la disidencia política y social ha conllevado la equiparación con el terrorismo en el Código Penal”.
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