La Fiscalía y el Juzgado de Instrucción ya habían rechazado investigar el caso. El policía, apuntan desde la asociación Irídia, estuvo infiltrado más de dos años y tuvo relaciones sexoafectivas con varias personas. Las abogadas de la acusación denuncian que sería “especialmente grave que una denuncia por delitos de tortura y contra la integridad moral quedara sin investigar”.