La lucha de Angélica Urquiza contra la impunidad del “gatillo fácil”

BUENOS AIRES // Aparecen en cualquiera de las callejuelas de Villa 20, en Lugano, uno de los arrabales del sur de Buenos Aires. Son murales con un rostro joven y una frase de recuerdo. «Kiki, presente». «Papu, presente». «Joni, presente». Así recuerdan los chavales del barrio a las víctimas del «gatillo fácil», aquellos que cayeron por las balas de la policía y cuyos crímenes quedaron impunes. Los uniformados sacan partido a la estigmatización de los «villeros». Saben que, para la opinión pública, no vale lo mismo la vida de un hijo de estas barriadas que la de un bonaerense «de bien».

Apenas hay juicios por casos de ejecuciones extrajudiciales. Y si algún agente termina por ser acusado, las autoridades terminan convirtiendo el proceso en una acusación contra las víctimas, a quienes acusan de ser delincuentes o estar enganchados a las drogas. Vamos, que terminan responsabilizándoles de su propia muerte.

Angélica Urquiza es una de las pocas personas que, a fuerza de tesón, ha logrado sentar en el banquillo al policía que mató a su hijo, Kiki Lezcano. Se trata de Daniel Santiago Veyga, un agente que se ha librado en tres ocasiones de ser juzgado pero ahora se enfrenta a la acusación de doble homicidio. El juicio comenzó esta semana, el 6 de junio. Él fue quien torturó y ejecutó a Lezcano (17 años) y a su amigo Ezequiel Blanco (25), el 8 de julio de 2009, hace ahora ocho años.

Su participación en el crimen es conocida porque llegaron a grabar un vídeo en el que los chavales aparecían con vida. «Nunca volvió a casa», dice su madre, sentada en el salón de su vivienda, donde el rostro de su hijo en forma de mural ocupa toda la pared. A pesar de que está probado que el asesinato se cometió esa misma noche, las familias tuvieron que pasar por el calvario de la búsqueda durante dos meses. El cuerpo de Lezcano apareció en el cementerio de Chacarita, otro barrio de Buenos Aires. Le habían colocado el cartel de «no identificado». El de Blanco, por su parte, seguía en la morgue. Como si nadie lo reclamase. Y eso que las familias de ambos llevaban desde el 9 de julio denunciando su desaparición.

Urquiza, que se ha convertido en un símbolo de la lucha popular contra el «gatillo fácil», recuerda cómo le trataron las autoridades durante aquella búsqueda. «Los policías nos decían que estaba mal con las drogas, que se había juntado con una prostituta, que estaba en Puerta del Hierro [donde suelen reunirse jóvenes enganchados]. Todo era mentira. Lo habían matado el primer día«, explica.

La búsqueda de su hijo convirtió a Angélica Urquiza en una activista. Por eso asegura: «No fui yo la que consiguió que Veyga fuese imputado por doble homicidio, sino la gente, organizándose y saliendo a la calle a difundir». En honor a su hijo levantó La casita de Kiki, un centro juvenil ubicado cerca de su vivienda en el que se trabaja con los chavales en diversos ámbitos. Uno de ellos, evitar más víctimas. Según sus cálculos, 3.000 personas han caído víctimas del «gatillo fácil». La mayor parte, «villeros». También reivindica el trabajo social como fórmula para transformar su entorno. «Una no hace política, pero todo es política. Hacer que un caso salga a la luz es política. Que no haya impunidad, es política», asegura.

El 6 de junio fue un día importante para la vida de Angélica Urquiza. Una oportunidad contra la impunidad. Por desgracia, existen cientos de madres esperando su turno mientras la Administración mira para otro lado.

* Este artículo está publicado en el número 49 de la revista La Marea.