La pobreza energética: un problema con consecuencias diarias

Una mujer de 81 años murió la madrugada de este lunes en Reus (Tarragona) en el incendio que provocó una vela con la que iluminaba su habitación. Dos meses antes, Gas Natural había cortado el suministro eléctrico a la anciana por impago, según las investigaciones que llevan a cabo los Mossos d’Esquadra. El Ayuntamiento de Reus ha asegurado no haber recibido la notificación del corte del servicio a la fallecida, lo que supondría una infracción de la ley 24/2015. Esta norma, aprobada el año pasado en Catalunya, obliga a las compañías eléctricas a avisar a los servicios sociales municipales antes de anular el suministro. Tanto el consistorio como el Govern han anunciado que sancionarán a Gas Natural en caso de demostrarse que no aplicó correctamente “los protocolos”.

A la denuncia se ha sumado la organización de consumidores FACUA, que ha presentado una queja contra Gas Natural ante la Agència Catalana de Consum. En un comunicado, la organización reclama la puesta en marcha de una inspección sobre todo el sector eléctrico de manera que se evalúen “los niveles de incumplimiento” de la ley 24/2015.

En declaraciones a La Marea, José Luis Velasco, del Observatorio Crítico de la Energía, explica que la obligación de las compañías comercializadoras de energía a avisar a las autoridades del corte de suministro no está generalizada en todo el territorio español, por lo que “no existe un registro fiable” de las infracciones que puedan cometerse. “Sólo adquieren visibilidad en situaciones tan trágicas como la de este lunes”, lamenta.

Gas Natural, por su parte, ha hecho público un comunicado en el que dice no ser consciente de la situación de vulnerabilidad de la anciana: “Entre las relaciones de clientes vulnerables que el Ayuntamiento de Reus nos ha comunicado estos años, y a los que no hemos cortado el suministro, no figura esta clienta”, explican. Asimismo, la compañía afirma tener firmados “diferentes convenios para proteger a los clientes vulnerables con ayuntamientos y comunidades autónomas que dan cobertura a más del 90% de la población”. En el caso de Catalunya, la compañía asegura que cuenta con “un convenio con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB)” y se encuentra en vías de negociación con la Generalitat para disponer de un plan que proporcione cobertura a todo el territorio catalán. En el mismo texto, donde también lamentan el fallecimiento, la empresa “se suma a la petición realizada sobre la necesidad de establecer un protocolo por el cual las compañías informen a los servicios sociales de los casos de suministro por impago”.

Un problema que afecta a más de 5 millones de personas

La llegada del invierno hace visible una de las conclusiones del último estudio sobre pobreza energética realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA): el 11% de los hogares de España, es decir, 5,1 millones de personas, no pueden calentar su vivienda en esta época del año. Una situación que ha crecido un 22% en los dos últimos años, tal y como señala el informe. Las comunidades autónomas más castigadas son Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia.

Un factor que ha acelerado este proceso ha sido la subida de la factura de la luz, que, entre 2009 y 2015, se ha encarecido en España un 73% de media, frente al 33% de la zona euro. En este sentido, Velasco denuncia que las respuestas de varias administraciones públicas para evitar los cortes de suministro, como la creación de bolsas de dinero público para pagar parte de la factura, hayan sido recurridas por el Gobierno. Una actuación que tacha de “intolerable”. “Se debe garantizar que todas las personas puedan acceder a un suministro básico de energía”, añade. Una idea que se puso sobre la mesa durante el Primer Congreso sobre Pobreza Energética celebrado los días 3 y 4 de noviembre en Sabadell. Así, Velasco apunta a estrategias como dedicar inversión pública a la rehabilitación energética de viviendas, de modo que estas reduzcan su consumo; reestructurar las tarifas de electricidad y gas e incentivar el autoconsumo como forma de garantizar el acceso a la energía de los colectivos más vulnerables.