Hasta el último tribunal para anular una multa por la Ley Mordaza (y sentar precedente)

Carlos, integrante de la plataforma No Somos Delito, fue denunciado por haber organizado y promovido una protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. La Delegación del Gobierno en Madrid, actualmente dirigida por la popular Concepción Dancausa, le impuso una multa de 700 euros por no haberle comunicado oficialmente la manifestación, un hecho que Somos Delito reconoce pero que no comparte. Por eso llevó la sanción a los tribunales, para «hacer justicia», y hoy ha declarado ante el juez. «Seguiremos actuando contra esta traba contra los derechos fundamentales. Hay que retomar la movilización ciudadana», afirma Carlos a la salida del juzgado.

La ausencia de comunicación fue, en palabras del colectivo, “un acto premeditado”, uno de los elementos del mensaje que querían trasladar sobre el significado de la Ley Mordaza. “¿Cómo íbamos a comunicar por sus vías impuestas una manifestación que precisamente denuncia que estas comunicaciones son en verdad autorizaciones encubiertas del Gobierno?”, se pregunta.

El colectivo defiende que la Delegación del Gobierno estaba perfectamente al tanto, pues la convocatoria fue trending topic en Twitter durante 22 horas y publicada por “innumerables medios de comunicación”. No Somos Delito sostiene que la Delegación, de haber querido, podía haberse puesto en contacto con ellos y prohibir la convocatoria.

Asimismo, entiende que la sanción económica a la que se enfrenta Carlos es desproporcionada, al rebasar el salario mínimo interprofesional. Ahora espera la resolución del juzgado. Si la sentencia es desfavorable, seguirá apelando a tribunales superiores no sólo para anular la multa, sino para intentar crear un precedente en España. En todo caso, asegura que seguirá “luchando por las libertades, por lo derechos de todas y contra las Leyes Mordaza, sin temor, sin miedo y sin censura, porque los derechos se defienden cuando se ejercen”.