Los Verdes alemanes dicen que van a parar CETA en el Parlamento

El futuro del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) con Canadá, CETA, está en el aire, y con ello crecen las dudas sobre su hermano mayor, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, más conocido por sus siglas en inglés TTIP. En un giro importante, la Comisión Europea dijo el martes que considera a CETA como un “acuerdo mixto”, es decir un tratado que va más allá de asuntos de comercio, competencia exclusiva de Bruselas, ya que afecta a áreas que son competencia de los gobiernos nacionales. Una semana antes, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, aún había dicho lo contrario.

De esta forma, la ratificación de CETA tendrá que pasar por un largo e incierto proceso de aprobación por los parlamentos de los Estados miembros de la UE. Los Verdes alemanes han reafirmado su oposición al tratado con Canadá. “CETA es un acuerdo malo”, dijo este miércoles Jürgen Trittin, exministro de Medio Ambiente y hoy diputado federal de Los Verdes, al diario Rheinische Post. La inmensa mayoría de políticos verdes piensa como Trittin y el partido es el punto de lanza en la oposición a la actual negociación del TTIP.

Aunque el partido ecopacifista está en la oposición en el Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, tiene capacidad de bloquear la aprobación en el Bundesrat, donde están representado los gobiernos regionales, ya que forma parte de coaliciones en diez de los 16 estados federados.

Alemania no es ni mucho menos el único país que podría tumbar el acuerdo de libre comercio con Canadá. A principios de junio, el Parlamento de Luxemburgo aprobó con mayoría abrumadora una proposición del gobierno del ducado para exigir que CETA tuviera que pasar por esta cámara. Los diputados luxemburgueses criticaron especialmente la creación de tribunales de arbitraje entre inversores y Estados, prevista en CETA y también en el TTIP. Consideran que no está garantizada la independencia de los jueces de estos mecanismos de arbitraje que permiten a las empresas demandar a gobiernos y administraciones públicas cuando afirman que ciertas decisiones perjudican sus intereses. También Trittin, de los Verdes alemanes, critica que CETA otorga “privilegios jurídicos a las empresas”.

Juncker provocó una tormenta de críticas las semana pasada cuando dejó entrever que CETA no requeriría la aprobación de los parlamentos nacionales y que bastaría que lo ratificaran la Eurocámara y el Consejo Europeo, donde se sientan los gobiernos de los 28 miembros -27 una vez que Reino Unido se quede fuera-.

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