España siguió vendiendo armas a Egipto pese al llamamiento de la UE

La venta de armas a Egipto no cesa. Pese al llamamiento de la UE en 2013 a los Estados miembros para que suspendieran las transferencias de armas empleadas para la “represión interna” en Egipto, 12 de los 28 países de la Unión siguen figurando entre los principales proveedores de armas y equipo policial al país.

Se trata de Alemania, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa y Rumania, según denuncia Amnistía Internacional (AI), que ha pedido formalmente a los respectivos gobiernos que detengan dichas transferencias para no seguir siendo «cómplices de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y torturas». Una situación a la que se le suma el hecho de que, tal y como denuncia AI, existe la posibilidad de que los Ministerios de Asuntos Exteriores de la UE decidan en breve dar por finalizada la suspensión vigente, a la que ya de por sí tildan de «insuficiente».

La coordinadora de Relaciones Institucionales sobre Control de Armas, Comercio de Seguridad y Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI), Ara Marcen Naval, explica a La Marea que la situación de los derechos humanos en Egipto se ha deteriorado «severamente» desde julio de 2013. «Las fuerzas de seguridad egipcias hacen uso con frecuencia de fuerza excesiva para dispersar manifestaciones. Utilizan porras, escopetas, cañones de agua y gas lacrimógeno de fabricación estadounidense. El uso excesivo de la fuerza, las detenciones masivas y arbitrarias, la tortura y las desapariciones forzadas se han convertido en una parte de su modus operandi», denuncia.

Para la portavoz de AI, las fuerzas de seguridad del país «han logrado aplastar la disidencia en las calles. Dirigidas por un nuevo ministro del Interior, se han dedicado a infundir miedo en aquellos que pacíficamente desafían la legitimidad del gobierno o critican sus políticas». Una represión que se plasma en cifras. En 2015 fueron detenidas cerca de 12.000 personas sospechosas de terrorismo, según un funcionario del Ministerio del Interior citado por la prensa egipcia. Por su parte, Amnistía Internacional ha documentado juicios masivos «manifiestamente injustos» contra los ciudadanos que han participado en las protestas.

La organización subraya, asimismo, que existe un bloqueo informativo sobre las operaciones militares en el Sinaí y que los periodistas y las organizaciones independientes de la sociedad civil tienen prohibida la entrada en la zona. Mientras tanto, los Estados de la UE han firmado transferencias de armas pesadas y equipos destinados supuestamente a ayudar a Egipto a «combatir el terrorismo”, a pesar de la falta de transparencia y de garantías en materia de derechos humanos sobre su uso. Algo que la organización considera «especialmente inquietante» si se tiene en cuenta la total ausencia de rendición de cuentas por las violaciones graves de derechos humanos perpetradas durante el régimen militar que gobernó tras el alzamiento de 2011.

Armas ‘made in’ Spain

La participación española en la citada represión también tiene cifras. Según denuncia la organización de defensa de los derechos humanos, en el primer semestre de 2015 el Gobierno español autorizó 16 licencias de exportación de material de defensa a Egipto por valor de 1,9 millones de euros. Sistemas de dirección de tiro, buques de guerra, equipos electrónicos, vehículos terrestres, aeronaves… Todo ello pese a que en 2015 el Gobierno español declaró ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados que desde la decisión de la UE de suspender las licencias de exportación, el 21 de agosto del 2013, no se había autorizado ninguna operación de venta a Egipto de cualquier equipamiento militar que pudiera ser utilizado para la represión interna.

«Tanto España como los 12 gobiernos de la UE y el resto de proveedores de armas a Egipto -China, EE UU y Brazil- rozan la complicidad en las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Egipto por las fuerzas de seguridad, ya que proveen los medios para que esas violaciones tengan lugar», subraya Marcen. Y aunque la petición de la UE no se trataba de un embargo, por lo que no es vinculante ni implica que los países tengan que rendir cuentas sobre su cumplimiento, la organización de defensa de los derechos humanos se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir explicaciones. «El Gobierno debe proporcionar información sobre las medidas de mitigación del riesgo de uso indebido de ese material», sentencia la portavoz de AI.