María denuncia a España ante la ONU: “Veo un policía y se me cambia la cara”

Volvía de la discoteca. Sus dos amigas cogieron un taxi y ella decidió ir caminando hacia su casa, a apenas unos metros. “El 27 de enero de 2013, a las 12 de la noche aproximadamente, iba andando por la estación de trenes en dirección hacia mi domicilio. Cuatro personas vestidas de paisano (tres hombres y una mujer) me dijeron que me detuviera, que eran policías. Sin identificarse en ningún momento, me pidieron el bolso para registrármelo, donde encontraron una cartera que no era la mía, y en ese momento me di cuenta de que me habían robado la mía y me habían dejado otra. La mujer policía empezó a pegarme guantazos diciéndome que dónde tenía las cosas, me esposaron y, a la hora de meterme en el coche de policía, me cogieron de la cabeza y me golpearon contra el vehículo. Recibí un golpe grandísimo en la cabeza y en la nariz. En ningún momento me dijeron por qué me llevaban a comisaría, no me leyeron mis derechos, nada. Las esposas me hacían daño porque tengo un 40% de discapacidad en una mano. Nada. Tampoco me escucharon. En el coche, el policía frenaba violentamente y yo me chocaba contra el plástico que tiene por delante de protección. Cada vez que me daba un golpe se reían. Nunca sentí tanta humillación”.

María -nombre ficticio- se toma un respiro y continúa hablando mientras bebe un refresco en una cafetería de Córdoba próxima a donde sucedieron los hechos. “Una vez que llegamos a la comisaría me quitaron las esposas y me desnudó la policía mujer, me quitó el dinero que llevaba encima y a la media hora me dijeron que me podía marchar, sin ninguna explicación, tratándome mal y con insultos. Pedí que me viera un médico porque me dolía mucho la nariz pero nadie me escuchó. Yo misma en la puerta de la comisaría, desde mi móvil, llamé al 091 para decir lo que me estaba pasando y el señor que me atendió llamó a la ambulancia. Mientras la esperaba, bajó un señor vestido normal, no de policía, y comenzó a decirme ‘hija de puta, como vuelva a escuchar más quejas te vas a quedar aquí encerrada hasta que quiera en el calabozo’. Llegó la ambulancia, me recogió y ahí fue donde yo me sentí protegida”, continúa su relato sobre aquella noche, tres años después. María, entonces con 33 años, ingresó en el hospital, donde fue operada de la nariz con anestesia general. Los hechos le dejaron, además, secuelas psicológicas.

El caso ha sido llevado llevado al Comité contra la Tortura de la ONU por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) después de que la justicia española archivase todas las denuncias presentadas. El 31 de enero de 2014 el Juzgado de Instrucción 1 de Córdoba determinó que no había quedado acreditado que los agentes golpearan a la joven. La instructora, que no dudó de las lesiones “objetivas”, dio más credibilidad a la versión de los agentes. “Cuando me atendió la jueza por primera vez, y en vez de decir guantazo dije hostia, yo ya supe que aquella mujer no me iba a creer porque me recriminó que hablase de forma tan vulgar. Y hombre, yo no sé de terminología jurídica, pero tengo estudios y, sobre todo, educación”, prosigue María, auxiliar de enfermería.

La Audiencia Provincial también rechazó el recurso y el Constitucional ni siquiera admitió a trámite la denuncia. “El fiscal llegó a insinuar que las lesiones se las había hecho ella misma porque trabajaba en el sector sanitario y sabía cómo hacerlo, es decir, que podía ser incluso una denuncia falsa. Esa es la protección del Estado”, añade Valentín Aguilar, el abogado de la APDHA que está llevando el caso.

María, acompañada por su madre, mueve la cabeza de un lado a otro como si todavía no se lo creyese. Sigue acudiendo al psicólogo y al psiquiatra y asegura que es incapaz de salir sola de noche. “Veo un policía y se me cambia la cara. Si a mí, que no he hecho nada, que no soy ninguna delincuente, me trataron así, no me quiero imaginar cómo tratan a los demás. Aunque ni siendo delincuente, vamos, las personas no se merecen un trato así. Yo no me podía creer que me estuviera pasando eso”, explica aún visiblemente afectada. La Marea ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con los agentes denunciados.

Sin juicio

Su caso es uno de los miles de procedimientos penales contra funcionarios que se archivan sin ni siquiera llegar a juicio. “A mí sí me hicieron un juicio de faltas por hurto del que salí absuelta, pero ellos no han pasado por nada”, dice indignada María, a quien la propia policía le llevó al hospital la cartera que le habían sustraído a ella. Según los datos aportados por la APDHA, el Estado ha reconocido al Comité contra la Tortura que de los 4.211 funcionarios denunciados penalmente entre 2009 y 2012, únicamente 29 acabaron condenados. “En este caso, al menos hubo un poco de investigación, pero no se celebró finalmente el juicio. Ni siquiera tuvieron la pena de banquillo”, lamenta Valentín Aguilar.

En la denuncia ante la ONU, María solicita que se condene a España por haber recibido un trato cruel, inhumano y degradante y que adopte las medidas necesarias para investigar de manera exhaustiva las circunstancias en las que se produjeron los hechos y garantizar una compensación por los daños sufridos. “En España, existe una negación sistemática de la práctica de malos tratos y torturas, que contrasta con los numerosos informes de entidades de derechos humanos y la preocupación constante de organismos internacionales, que denuncian que su producción es más que esporádica y que los sistemas de reacción son insuficientes e inadecuados. Este asunto es uno más y probablemente el resultado lesivo por la agresión no sea de la mayor gravedad, pero sí en el que el deficiente sistema judicial en la reacción ha sido evidente”, recoge el escrito ante la ONU.

“Cuando yo fui a poner la denuncia, que estaba todavía mi hija en el hospital, me dijo un policía, ‘señora, vaya adelante con ella porque no todos somos igual de animales’”, cuenta su madre. María confía en que Naciones Unidas sí le dé la razón. “Que alguien, al menos, me escuche. O que a otra persona no le vuelva a pasar. Porque es como si aquí no hubiera ocurrido nada. En qué país vivimos. Qué justicia hay”, concluye.