Las mujeres del amianto ganan a Uralita en los tribunales

“En su momento trabajar en Uralita era un chollo”, recuerda Rosa Pérez, hija de un empleado de la fábrica de Getafe que falleció en el año 2008, diez meses después de que le diagnosticaran un cáncer en la pleura, conocido como mesotelioma, causado por el amianto. “La empresa respetaba el horario, trabajaban ocho horas y libraban los fines de semana. Además, daban una ayuda económica para que los niños estudiasen y el día de Reyes nos daban unos regalos”, señala.

Durante la década de los 60 el trabajo en el campo comenzó a escasear y muchos hombres jóvenes extremeños o castellanomanchegos abandonaron su pueblo para empezar una nueva vida laboral en este municipio madrileño. Conforme ha pasado el tiempo, Rosa Pérez ha ido experimentando cómo ese sentimiento de gratitud hacia la empresa se convertía en rabia, tras ir conociendo los riesgos a los que su padre y todos los miembros de su familia han estado expuestos.

“En los primeros años la gente comía encima de los sacos del amianto, estaban apilados en la fábrica y se tomaban allí los bocadillos”, recuerda Julio Arroyo, trabajador de Uralita. Procedente de Valdeverdeja (Toledo), llegó con 20 años a Getafe para hacer la mili en esta ciudad dormitorio y al terminar fue contratado en la empresa para trabajar en la recuperadora: “Nos encargábamos de serrar los tubos de amianto”.

A sus 87 años, Arroyo ha visto morir a muchos de sus compañeros de trabajo, pero nunca se pudo imaginar que su mujer se iba a contaminar estando él limpio de amianto. Esperanza Alonso se encargaba de lavar semanalmente el mono de su marido, los buzos que utilizaban los trabajadores de Uralita llegaban cubiertos de polvo y, antes de meterlo en la lavadora, las amas de casa los solían sacudir con empeño en la cocina. Además, tenían bolsillos y por esa vía se almacenaban fácilmente restos de este material cancerígeno.

Julio Arroyo. F.S.

Varias décadas después de jubilarse, en el año 2007, la neumóloga del Hospital de Getafe detectó que la fatiga que sufría Esperanza cada vez que salía a la calle estaba relacionada con Uralita, tenía la pleura contaminada por amianto y falleció seis meses después de que le diagnosticasen la enfermedad. “Fue la Antonia la que lo descubrió”, cuenta este octogenario en alusión a María Antonia Juretschke, la jefa de neumología del centro sanitario.

Según los datos planteados por el estudio Mortalidad por cáncer pleural en España entre 2006 y 2011 en España, fallecieron 1.120 personas debido a un mesotelioma pleural, provocado por el amianto. “Las estimaciones para el periodo 2016-2020 señalan que se producirán 965 fallecimientos por esta causa y aseguran que en España continuará habiendo muertes debidas a la exposición al amianto hasta el año 2040”, aseguran los investigadores del Instituto de Salud Carlos III, el Consorcio de Investigación Biomédica de Epidemiología y Salud Pública y el Ministerio de Sanidad.

Entre 1906 y 2002 se importaron en nuestro país más de dos millones de toneladas de este material cancerígeno. En España, la empresa Uralita, participada por la familia March, fue la que más utilizó el amianto y varias sentencias judiciales han dictaminado que no adoptaron medidas de prevención para evitar que sus trabajadores se contaminasen.

“Hemos demostrado que la empresa sabía que el material era nocivo y a pesar de ello se estuvieron lucrando. En la década de los 50 hubo un congreso de neumología en Madrid y ya se habló de los efectos adversos del amianto. Además, Uralita estuvo en un lobby europeo de empresas que trabajaban con amianto, ahí se sabía”, asegura Juan Carlos Paúl, presidente de la asociación AVIDA Madrid. En el año 2002 se prohibió la comercialización de este producto en España en cumplimiento de una directiva europea que buscaba proteger a los empleados.

Primeras denuncias

Segunda Esteban “lloró como una magdalena” al ver que Salvados dedicaba un programa a informar sobre el amianto. “Mi padre fue delegado sindical de la empresa y cuando comenzaron a denunciar los problemas que conlleva el amianto, el resto de trabajadores se enfrentaron a ellos por miedo al cierre de la fábrica”, señala.

Ella recuerda cómo ayudaba a su madre, Saturnina Pingarrón, junto a sus hermanas a limpiar en casa el mono de trabajo de su padre. Pasados los años, los médicos detectaron que tanto su padre como su madre tenían amianto en los pulmones. Él falleció hace años por un cáncer en el peritoneo, su madre sigue viva con problemas de respiración: “De momento se encuentra bien, la enfermedad todavía no le avanzado”.

Las familias de estas dos mujeres iniciaron en 2007 un proceso judicial para pedir responsabilidades a Uralita. En diciembre del año pasado el Tribunal Supremo puso punto final a su caso, y al de otra ama de casa más. El alto tribunal no aceptó el recurso presentado por Uralita y mantuvo las indemnizaciones dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid en 2013, 80.000 euros para Julio Arroyo y 9.000 euros para cada uno de sus tres hijos. En el caso de Pingarrón, el tribunal le dio la razón pero no recibirá una cantidad económica para intentar paliar los daños causados por la empresa porque “la acción ha prescrito”, al no haber respetado los plazos en el momento de denunciar.

El presidente de la asociación, Juan Carlos Paúl, considera que esta decisión supone un “hito” judicial en los casos de amianto: “Es la primera vez que el Supremo dicta a favor de personas que no han trabajado con este material pero sí que tienen enfermedades relacionadas con él”.

Sin embargo, este dictamen no ha traído buenas noticias para los trabajadores de la fábrica getafense que presentaron denuncia junto a estas mujeres. Tras nueve años de procedimiento, con una sentencia de la Audiencia Provincial a su favor y las indemnizaciones ya cobradas, la Sala de lo Civil del Supremo se ha declarado incompetente para tomar una decisión ante el recurso presentado por Uralita contra los empleados.

Un proceso inacabado

Aunque el tribunal no quita la razón a los afectados ya que “entiende que la empresa ha actuado de manera negligente, amparada en una legislación excesivamente permisiva”, en su fallo señala que debe ser la jurisdicción social la que resuelva sobre este tema. Por lo tanto obliga a los trabajadores y a los familiares de los ya fallecidos a iniciar de nuevo el procedimiento ante la vía social. De la treintena de afectados que presentaron la primera denuncia, entre ellos el padre de Rosa Pérez y de Segunda Esteban, sólo quedan cuatro personas vivas.

“Es muy triste que los pocos trabajadores que quedan vivos no vayan a ver una sentencia definitiva que condene a Uralita. A ellos les han jodido la vida trabajando y a otros nos la han destrozado compartiendo su sufrimiento”, explica Pérez, que rememora las últimas semanas de vida de su padre, sedado en una cama. “Las enfermedades provocadas por el amianto son muy agónicas, en el caso de los mesoteliomas se les encharca la pleura y produce un dolor en la espalda muy fuerte”, cuenta el presidente de la asociación.

La directiva de AVIDA está preocupada por aquellas familias que se gastaron la indemnización que cobraron hace años y que ahora, si Uralita así lo requiere, el Supremo puede pedir de vuelta. “Algunas familias las utilizaron para comprar oxígeno, por los problemas respiratorios que sufren, o para cambiarse a una casa con ascensor”, añade Paúl. La asociación ya ha presentado un recurso ante el Constitucional y han iniciado el proceso judicial por la vía social, quieren conseguir a toda costa que los dos enfermos que quedan vivos puedan ver “que la justicia les ha dado la razón”.