Vestir de ley a la vulneración y represión de los derechos humanos

Bajo el falso pretexto de una creciente demanda de seguridad por parte de la ciudadanía, el Gobierno español aprobó, sin una mayoría de consenso, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal. Este grupo político hacía oídos sordos a organizaciones, internacionales y estatales, de derechos humanos, movimientos de base y a personas expertas en derechos civiles y libertades fundamentales. En la sombra, se trata de una perversión del concepto de seguridad ciudadana y un intento de mostrar una radicalización de las personas defensoras de derechos humanos en España.

La normativa, que entró en vigor el pasado 1 de julio, facilita un marco legal a irregularidades habituales en la práctica de la represión política. Muchas de las situaciones descritas en la Ley ya se sucedían en las calles con anterioridad. Identificaciones arbitrarias, multas por no llevar el DNI, arrestos preventivos, y situaciones tan descabelladas como el encapsulamiento que sufrieron unas 200 personas en Barcelona tras una manifestación en solidaridad con el Centro Social Can Vies.  Se les obligó, incluso, a hacerse fotografías con prendas de ropa facilitadas por los Mossos d’Esquadra.

Con un texto legislativo ambiguo y centrado en las faltas administrativas, la represión política se viste de ley y penaliza aquellas acciones o actitudes que en los últimos años han sido utilizadas, sobre todo, por colectivos sociales reivindicativos de derechos sociales y políticos. Muchos de los artículos de la Ley parecen haber sido redactados inspirándose en movimientos sociales u organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Greenpeace, Marea Blanca, People Witness, etc.
Desde Defender a Quien Defiende sabemos que la aprobación de la Ley Mordaza ya ha supuesto sanciones bajo su marco legal, algunas de ellas vinculadas directamente con la represión del derecho a la protesta, como la presión policial ejercida durante la Acampada Mordaza que ocupó Plaza del Sol de Madrid durante 17 días.

Con estas reformas el gobierno puede vulnerar el ejercicio de derechos civiles y políticos tan fundamentales para la vida democrática como son el derecho de libertad de expresión, y los derechos de reunión y manifestación. Y por tanto, ir en contra de Tratados Internacionales que el Estado español ha firmado y ratificado, como el Convenio europeo de derechos humanos o el Convenio de derechos civiles y políticos.

En este contexto, todas somos “víctimas potenciales” de abusos de derechos humanos y podemos recorrer a instancias europeas e internacionales para denunciar las leyes mordazas y asegurar nuestros derechos y libertades fundamentales.

Defender a Quien Defiende apuesta por trabajar de forma conjunta para no callar y perder el miedo a protestar. Para continuar luchando contra la corrupción, la pobreza, las desigualdades sociales y las privatizaciones de los servicios públicos.

Thais Bonilla y Felipe Daza // Miembros de la coalición Defender a quien Defiende y coordinadores de campañas en Novact