La imputación de Artur Mas en cuatro claves simbólicas

MADRID// El presidente de la Generalitat de Catalunya en funciones, Artur Mas, ha sido imputado por un delito de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones por convocar el proceso participativo del 9-N. Por el mismo motivo, también han sido imputadas la entonces vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y a la consellera de Educació en funciones, Irene Rigau.

1- La imputación se produce dos días después de las elecciones del 27-S, en un momento en el que los resultados electorales y la posición de la CUP, que se niega a votar a favor de su investidura, han dejado al actual president en una complicada situación. Tras la imputación, Artur Mas tiene una nueva carta para vender en Cataluña la necesidad de que comande el procés un president imputado por desobediencia al Estado español.

2- Los plazos de la imputación ya habían sido adelantados por La Razón, un medio muy próximo al gobierno de Rajoy, en un artículo publicado durante la jornada de reflexión, el día 26 de septiembre.

3- El mismo artículo de La Razón reconoce que los plazos para citar a declarar al querellado se han demorado de forma anormal, en total nueve meses. El escrito de la Fiscalía pidiendo la imputación data del 21 de noviembre de 2014, y el TSJC aceptó la querella el 22 de diciembre de 2014. Es ahora, tras el resultado del 27-S, cuando se produce la imputación.

4- Mas tendrá que declarar en una fecha con una carga simbólica incuestionable. El próximo 15 de octubre se cumple el 75º aniversario del asesinato del president Lluís Companys. Los abogados de los imputados han declarado que no recurrirán la decisión para así poder acudir a prestar declaración en las fechas fijadas. Ortega y Rigau han sido citadas el 13 de octubre.

Unos días antes de las elecciones del 27-S los ahora imputados solicitaron declarar antes de que lo hicieran los tres testigos que hay en el caso. Y así se ha acordado por el TSJC. Los presidentes de las entidades soberanistas ANC y Òmium, Jordi Sánchez y Quim Torra, han declarado en una rueda de prensa que esta decisión del Estado español “no quedará sin respuesta”.

Curiosamente, el próximo 9 de noviembre (9-N) es la fecha límite para investir a un nuevo president en el Parlament. De lo contrario, deberían convocarse nuevas elecciones.