El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha una auditoría para acabar con los sobrecostes del PP

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha anunciado este jueves la puesta en marcha de la que han llamado la Auditoría Ciudadana de Deuda y Políticas Públicas, una iniciativa que figuraba en el programa electoral de Ahora Madrid y que fue aprobada en el pleno del consistorio el pasado 22 de julio, con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos. El encargado de detallar el proyecto ha sido el delegado de Economía y Hacienda del consistorio, Carlos Sánchez, quien ha explicado que el objetivo «no es sólo ver lo que se ha hecho hasta ahora, sino también consolidar una herramienta de control del gasto público».

La comisión de la auditoría, que estará formada por funcionarios y por tanto no supondrá en principio un gasto extra, analizará, entre otras cosas, el «impacto de la deuda en las políticas públicas». Sánchez ha hecho hincapié en su carácter «ciudadano». «Esto no va a ser solamente un comité de sabios», ha asegurado, y el proceso estará «sometido a mecanismos democráticos para ver qué actuaciones se realizan una vez se obtengan los resultados», con carácter «vinculante». Entre los órganos de participación, el delegado de Economía ha nombrado las Juntas Municipales, a las que el nuevo equipo municipal quiere «dar vida».

Sánchez ha querido dejar claro que el proceso está «en fase preliminar» y será «largo», pero que se irán produciendo «hitos» que se irán dando a conocer. «La cantidad de documentación a analizar es ingente», ha afirmado, tras lo que ha recordado que el Ayuntamiento, en la época del PP, «llegó en algunos máximos a contraer casi 8.000 millones de deuda». La auditoría también analizará los contratos públicos, cuyos resultados se usarán previsiblemente para justificar una remunicipalización de muchos servicios actualmente contratados por el Ayuntamiento.

Por su parte, la portavoz municipal, Rita Maestre, ha respondido a preguntas de los periodistas. En cuanto a la prórroga dada por el consistorio al contrato de basuras, ésta ha explicado que se trata de una «prórroga técnica» debido a que, por el poco tiempo que lleva en funcionamiento el nuevo equipo, no ha habido tiempo de «desarrollar un nuevo modelo». Además, Maestre ha negado cualquier tipo de fricción con los sindicatos, y ha asegurado que coinciden en una postura a favor de la remunicipalización.