El 78% de los internos en el CIE de Aluche no serán finalmente expulsados

MADRID // Karibu, asociación de amigos del pueblo africano, ha presentado este jueves su informe sobre el internamiento de subsaharianos en el Centro de internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. En él se denuncia la falta de transparencia de estos centros y la “criminalización de la inmigración” que suponen su imagen y funcionamiento.

Según el documento, el tiempo medio de internamiento es de 35 días, pese a que sólo el 22% de las personas son finalmente expulsadas. La gran mayoría queda libre en España con una orden de expulsión que, explica la asociación, “impedirá que tengan una vida normalizada”.

Según la web de la Dirección General de la Policía (DGP) sólo se puede acordar el internamiento del extranjero en tres casos: que esté detenido por estar en supuesto de expulsión, que se haya dictado una resolución de retorno a su país de origen y no se pueda ejecutar en 72 horas o que haya una resolución de expulsión y el extranjero no abandone el territorio nacional en el plazo especificado.

Sin embargo, Karibu denuncia en su informe que en los CIE se está internando a personas a las que es imposible expulsar, bien porque proceden de países con conflictos armados o porque no existen acuerdos de readmisión en dichos países. “No hay razones para internar a personas cuya expulsión no es posible”, se lamenta.

Malas condiciones en los CIE

Además, la asociación pone el foco en las condiciones de los centros que, dice, “dejan mucho que desear”. “No se están cubriendo las necesidades básicas de las personas”, explica, “y el servicio médico es deficiente y no responde a las necesidades de las personas internas”. Todo ello sobre el CIE de Aluche, sobre el que está hecho el estudio.

Karibu se lamenta de que, pese a la Circular 6/2014 de la DGP que regula los criterios para el ingreso en los CIE, “sigue habiendo un uso abusivo del internamiento”, en lugar de optar por la multa, que es la “sanción principal por estancia irregular”.

La asociación recuerda, además, que los CIE no son centros penitenciarios. La situación actual, denuncia, “favorece la criminalización de la inmigración”. En el CIE estudiado sólo un 2% de los internos lo son por una expulsión judicial.

Por último, la asociación reclama más y mejor información por parte de la DGP: “Debería proporcionar información detallada de manera periódica”, ya que la información proporcionada actualmente es “ insuficiente para comprender lo que está pasando”.