La Fiscalía del Supremo investigará a Alvise Pérez por su relación con la presunta estafa de Madeira Invest

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha remitido al Supremo una denuncia contra el eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) Alvise Pérez por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, de la cual habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos, según las pruebas presentadas por Álvaro Romillo, presunto cabecilla del club financiero.

Un portavoz de la FGE ha indicado que la denuncia se recibió en la Fiscalía el pasado día 19 de septiembre y el martes fue presentada una ampliación de la misma. Ahora será la Fiscalía del Tribunal Supremo quien se encargue del caso –ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado– e investigue si puede existir un delito de financiación ilegal.

Según informa elDiario.es, Alvise Pérez habría recibido el dinero en metálico en las oficinas de Sentinel BQ, otra de las empresas de Romillo, apenas dos semanas antes de la celebración de las elecciones europeas. La entrega se habría hecho de forma opaca con el objetivo de eludir a Hacienda y sortear las medidas antifraude que son de obligado cumplimiento para las entidades financieras.

Según los mensajes aportados por Romillo, el ahora eurodiputado le habría solicitado supuestamente “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para hacer frente al coste de mítines, publicidad y actos de campaña. Pérez situaba sus necesidades financiera “entre 300.000 y 360.000 euros”. El eurodiputado, muy activo en redes sociales y a través de su canal de Telegram, solo ha publicado un vídeo en las últimas 48 horas en el que no desmiente las informaciones publicadas.

Madeira Investment cesó de manera sorpresiva su actividad la semana pasada después de que la Audiencia Nacional abriese diligencias para investigar la presunta estafa con criptomonedas, que prometía rentabilidades superiores al 50% y en la que hay varios miles de afectados, y cuya cuantía podría superar los 600 millones de euros. Algunos de ellos ya han pedido la imputación del eurodiputado por su presunta participación.

En un auto fechado el pasado 20 de septiembre, el titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, atendía la denuncia de la asociación de consumidores Ances, que se suma a las ya presentadas por Zaballos Abogados y Aranguez Abogados.

Estos últimos ya habían solicitado ampliar su denuncia inicial para que se intervengan bienes inmuebles propiedad de los responsables de Madeira Invest en Punta El Cortecito, en Playa Bávaro (República Dominicana).

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido en mayo de 2023 sobre este «chiringuito» financiero, que dejó de estar operativo hace pocos días. El presunto cabecilla de la trama, Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como Criptospain, se presentaba como experto en elusión fiscal, y ofrecía a sus clientes reducir sus pagos a Hacienda.

Con estos argumentos, habría convencido a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, Madeira Invest, en el que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50%, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.

Para acceder al club Madeira Invest era necesario hacer un ingreso inicial de 2.000 euros, que posteriormente sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas. Algunos de los inversores consiguieron su retribución, pero la mayoría quedó atrapada en unas inversiones que no existen. Antes de decidir si comienza a investigar a Madeira Invest, el juez Calama informará a la Fiscalía para que aclare si los hechos denunciados son competencia de la Audiencia Nacional.