¡No hay ni dónde caerse muerto!

A día de hoy son ocho los cuerpos que se encuentran en congeladores. Este mismo día ha fallecido un ciudadano de la localidad de Colmenarejo, Abdelslam El Hamdioui, de 51 años, con cuatro hijos y sin recursos económicos. Una funeraria les exige 3.300 euros para transportar el cuerpo a su país de origen.

La necrópolis musulmana de Griñón es el único sitio donde se pueden enterrar los cuerpos de los familiares de la comunidad musulmana de Madrid (250.000 personas, aproximadamente). Este cementerio fue cedido en la Guerra Civil por Franco a la Guardia Mora, aquellos soldados musulmanes que apoyaron a Franco en su sublevación. Desde esa época, se ha ido enterrando a los musulmanes fallecidos en España cuya familia no tenía la posibilidad de transportar sus cuerpos a su país de origen, pero también musulmanes nacidos en España o conversos al Islam.

El 21 de julio, el Ministerio de Defensa otorgó la concesión de este cementerio al Ayuntamiento de Griñón por un tiempo de 75 años y de forma gratuita. Todo transcurrió con normalidad hasta el anuncio de una notificación de la alcaldía que resuelve el cierre temporal del Cementerio Musulmán de Griñón hasta que se celebre un concurso municipal para su gestión por una empresa privada. Tras conocerse la noticia, la comunidad musulmana se ha organizado para protestar contra el cierre temporal exigiendo que se respeten los derechos humanos y el Acuerdo de Cooperación con la confesión musulmana, como garantía de los derechos de igualdad y libertad religiosa que se recogen en la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, que reconoce la concesión de parcelas para la comunidad musulmana que sirvan para los enterramientos musulmanes y el derecho a poseer un cementerio propio.

Uno de los gritos de los protestantes frente al ayuntamiento de Griñón el sábado 29 rezaba “mismos impuestos, mismos derechos”. Los manifestantes exigían el respeto a la ley y se mostraban contrarios a la privatización de su cementerio. Algunos denunciaban que hubo un caso en el que los familiares cargaban un difunto y se encontraron con las puertas del cementerio cerradas con la nota del ayuntamiento.

La alcaldesa María Antonia Díaz Garrido ha defendido su postura alegando que este lugar no cumple las condiciones sanitarias y seguridad y además se entierra de forma gratuita, por lo que es necesario solventar este asunto, no asegura la fecha de la reapertura ni tampoco ofrece una alternativa hasta que se adjudique una empresa privada para su gestión.

De todo lo que está ocurriendo, se pueden resaltar tres puntos claves y de fondo: 1) La comunidad musulmana ha dejado de lado el tinte religioso en este asunto y exige la defensa de lo público a disposición de la ciudadanía. Se insistía en defender los derechos humanos y la lucha contra la privatización hasta de la muerte; 2) Se ha roto el silencio de una comunidad que se siente alejada de los asuntos públicos por parte de los grandes medios, que se inclinan por los prejuicios y la distensión de la islamofobia, viciando la realidad de esta comunidad que sufre igual que el resto las políticas de desestatalización y que está envuelta en los cambios que sufre este país.; 3) Las privatizaciones de los lugares públicos afectan a todos los sectores, incluso a la muerte, de la que se puede sacar provecho en favor de las empresas privadas. Este caso no afecta únicamente a los musulmanes de Madrid, sino que forma parte del paquete de privatización que sufrimos desde los inicios de la crisis.

Fath El Hamzaoui es politólogo y estudiante de Derecho