Un total de 29 diputados compaginan el escaño con su trabajo de abogados

Un total de 29 parlamentarios compaginan su tarea al frente del Congreso de los Diputados con su actividad privada como abogados. Algunos de ellos incluso declaran ejercer entre una y hasta tres actividades remuneradas -o supuestamente remuneradas si el diputado no indica lo contrario- al mismo tiempo.

Así se desprende de las declaraciones de actividad que depositan los parlamentarios cuando toman su escaño o también cuando las actualizan a lo largo de la legislatura.

Es la Comisión del Estatuto de Diputados la que revisa y autoriza a los parlamentarios a dedicarse a otras actividades aparte de la de representar a los ciudadanos.

Por partidos, 22 de estos diputados abogados en ejercicio son del Partido Popular, 6 del PSOE y uno de AMAIUR (Iker Urbina). Cabe destacar que uno del PSOE (Pedro José Muñoz) declara prestar sus servicios de forma gratuita y no compagina esta función con ninguna otra.

Diputados abogados con más actividades

A continuación queremos mostrar qué diputados que trabajan como abogados llevan a cabo mayor número de actividades.

Hay un diputado que declara tener 4 actividades supuestamente remuneradas. Se trata de José María Beneyto Pérez (PP), abogado -que aclara no prestar servicios a la Administración Pública-; catedrático de Derecho Internacional Público y director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo -ambas a tiempo parcial-; es socio presidente de la Sociedad de nueva creación Zechmann Partners, S.L y declara publicar libros y artículos eventualmente.

Hay un total de cinco diputados que afirman tener dos actividades, aparte de la de abogado, presuntamente remuneradas.

Francisco Molinero Hoyos (PP) declara ser abogado sin prestar servicios a la Administración Pública, participar en charlas, conferencias y tertulias y ser diputado 1º del Colegio de Abogados de Albacete.

Su compañero de filas, Fernando López-Amor García es abogado del ICAM y consejero de Bodegas Fuenmayor SA y del Grupo Santa Mónica SA. El granadino José Miguel Castillo Calvín además de tener un despacho de abogados participa en seminarios -recibe compensación, no remuneración- y declara publicar libros con editoriales privadas.

Alfredo Prada Presa es socio de Prada y Asociados, director del Partido Popular en el exterior y declara publicar obras.

Por último, Miguel Ángel Cortés Martín, también del PP, es accionista y administrador único de Torozos Legal S.L.P.U. -cuyo objeto exclusivo es “la prestación de servicios jurídicos a cargo del abogado socio, con la colaboración, en su caso, de otros profesionales legalmente competentes”-; imparte conferencias y cursos de forma esporádica y es miembro del Consejo Asesor de Konecta, S.A., recibiendo únicamente compensaciones.

El régimen de incompatibilidades

La Ley de Régimen Electoral de 1985 (a partir del artículo 155) es la que dicta qué otras actividades pueden llevar a cabo o no los diputados y senadores, a pesar de que en teoría, estos representantes públicos deberían dedicarse en exclusiva a su cargo.

Estar al frente de organismos o empresas públicas (ya sea ámbito estatal, autonómico o local), o ejercer actividades encaminadas “a la obtención de subvenciones o avales públicos”, no es compatible con ser diputado.

Ahora bien, el apartado 2 del artículo 160 dicta que la Comisión correspondiente de cada Cámara “resolverá sobre la posible incompatibilidad”, por lo que en cada legislatura se admite que muchos diputados tengan otros cargos.

[Artículo publicado en Qué hacen los diputados]