Indignación y acciones legales contra la indemnización por el cierre de Castor

Sufrieron en sus pueblos los seísmos provocados por el proyecto Castor de almacenamiento submarino de gas, y ahora serán, junto con todos los consumidores, quienes abonarán la millonaria indemnización a la empresa concesionaria, Escal UGS, participada en un 66,67% por el grupo ACS, cuyo máximo accionista es Florentino Pérez. Los pueblos costeros de las comarcas del Montsià y del Baix Maestrat –organizados en la Plataforma en Defensa del Sènia-, que padecieron más de 600 terremotos de distinta intensidad por los errores de cálculo de la instalación, están indignados y denunciarán en Bruselas infracciones de la ley de competencia y de la normativa medioambiental por no haberse calculado correctamente los riesgos del proyecto.

El estupor por el pago de 1.350,7 millones de euros de indemnización por la paralización del proyecto Castor, que esta semana se ha abonado de forma exprés adelantada por un grupo de bancos, se ha extendido también a las organizaciones de consumidores y usuarios, el defensor del pueblo en Cataluña, entidades ecologistas y hasta la Generalitat, que ultima un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que fijaba la indemnización. El enfado viene provocado también por el hecho de que serán los consumidores, a través de las facturas de gas, quienes abonarán el pago y los intereses durante las próximas tres décadas.

“En un momento de especial fragilidad por el aumento del desempleo y los recortes sociales, donde la pobreza energética ya afecta al 17% de la población, la ciudadanía verá cómo sus facturas se incrementan aún más”, ha lamentado la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que calcula en más de 4.700 millones de euros la cantidad final que tendrá que abonar la ciudadanía, puesto que al montante de la indemnización hay que sumar los intereses que cobrarán los bancos que han adelantado el dinero, así como el mantenimiento de la plataforma o su posible desmantelamiento. La Plataforma reclama que un mínimo de 50 diputados o senadores impugnen el Real Decreto Ley 13/2014, que fija la indemnización, ante el Tribunal Constitucional. Las organizaciones hacen un llamamiento al no pago de la deuda del proyecto por parte de la ciudadanía y para que las instalaciones sean desmanteladas, unos extremos que –denuncian– el decreto no permite.

El Síndic de Greuges –Defensor del Pueblo en Cataluña–, Rafael Ribó, ha acusado al Estado de “malas prácticas administrativas que pueden haber beneficiado los intereses del concesionario y lesionado los derechos de los ciudadanos”. Después de un año de investigaciones sobre la legalidad y la actuación de la Administración respecto al almacén de gas, el Síndic condena especialmente la falta de transparencia y denuncia posibles irregularidades en la tramitación del proyecto en relación a la legislación ambiental, puesto que, señala, este se dividió en proyectos más pequeños “con el objetivo de evitar que se tuviese que someter de nuevo a la avaluación de impacto ambiental”. Para Ribó, es un “escándalo” que ya se haya pagado la indemnización a ACS.

La Generalitat recurrirá

El conseller de Empresa de la Generalitat, Felip Puig, anunció este viernes que la Administración catalana ultima la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, que se basará en tres puntos. En primer lugar, “negligencia de contrato”, puesto que, según Puig, el documento contractual presenta numerosos defectos y “repercute únicamente en beneficio de la empresa concesionaria”. En segundo término, por posibles negligencias “a la hora de hacer proyectos y estudios sísmicos que parece que no se hicieron”. Y por último, por la “valoración que se hace de la infraestructura, que se le da un valor del 100%, cuando al no haberse puesto en servicio “debería tener un valor residual muy reducido”, y por tanto la indemnización no debería haber superado el 10%.

Desde el Gobierno central echan balones fuera y mantienen que se han limitado a cumplir la ley. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó este viernes tras el Consejo de Ministros que “no sólo no ha habido opacidad, sino que todas las condiciones y todos los requisitos para que se pudiese efectuar el pago por parte del operador están incluidos en esta norma” –en referencia al Real Decreto-. Soria ha recordado que fue el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero el que en 2008 incluyó la cláusula que obligaba a indemnizar a Escal UGS en caso de cierre de las instalaciones, en el decreto de autorización de la concesión. El ministro evitó pronunciarse sobre si el Gobierno atenderá las demandas de las organizaciones de consumidores, que han pedido que el coste de la indemnización no se cargue en la factura del gas.