El arquitecto de los 100 millones de euros

Valencia. Primavera de 2008. Hace un año que Francisco Camps ha obtenido la segunda mayoría absoluta. El PP vive en la cresta de la ola de su poder y extasis: visita de Benedicto XVI, Fórmula 1, Copa del América… Y un accidente de metro con 43 muertos, evitable con una baliza de 3.000 euros. No importa. La ciudadanía está cegada por el trencadís y detrás de una densa cortina de humo de bólidos. Al todavía Molt Honorable no le han encerrado por las pestilencias de Gürtel y, embriagado de sí mismo, padece ataques de euforia que a veces se consumen por teléfono. «Te quiero un huevo» o «lo nuestro es muy bonito», le dirá Álvaro Pérez, franquiciado de la correa a Valencia, en un claro ejemplo de modales abrasivos presidenciales.

Y una cosa parecida debió pasar con el arquitecto Santiago Calatrava, que este martes decalaraba como imputado en los juzgados de Castellón por cobrar 2,7 millones de un proyecto, el Centro de Convenciones castellonense, que finalmente no construyó. Según José Luis Romero, abogado de Esquerra Unida, que ejerce la acusación popular, Camps telefoneó a Calatrava en mayo de 2008 para pedirle una «obra emblemática que cambiase el rostro de la ciudad». La documentación que repartió el gabinete de prensa del arquitecto también explica que Camps quería «una nueva postal del Mediterráneo (…) un enclave paradisíaco e idílico». Y para eso le hizo llegar un plan urbanístico de 48.000 metros cuadrados (el inicial era de 17.000) a construir en tres fases de 60 millones cada una. Todo eso por iniciativa propia y sin la aprobación técnica de la Sociedad de Proyectos Temáticos.

Negocios sucios

Dicho y hecho, el 29 de mayo de 2008, se presentó públicamente la maqueta del proyecto. «Una foto que nos ha costado 2,7 millones de los valencianos», criticó ayer Ignacio Blanco, diputado de Esquerra Unida, formación que hace años inició una campaña en los tribunales para destapar los negocios turbios del PP y Santiago Calatrava. Una línea telefónica y comercial que, además del agujero en Castellón, ha significado para el arquitecto 2,5 millones por el boceto de unas torres en Valencia y 95 millones en sobrecostes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el gran mausoleo de los dineros públicos valencianos. 100 millones en total de las provisiones autóctonas.

Por su parte, el gabinete de prensa de Calatrava, describe al arquitecto «como una víctima del fuego cruzado entre Esquerra Unida y la Generalitat». Una situación, dicen, que le genera «sorpresa» y malestar al no poder hablar «por orden de sus abogados». Es por eso que ayer no hizo declaraciones a la prensa y sólo respondió al juez, al fiscal y a una de sus defensas. Y respecto a los 2,7 millones, reivindican que la cantidad del pago «se ajusta al acuerdo al que se llegó con la Generalitat por la elaboración del máster plan, el anteproyecto y el proyecto básico». Un diseño que no pasó de papel, explican «porque la administración lo suspendió a causa de la crisis económica». Y añaden que la actitud de Calatrava ha sido no sólo legal y adecuada, sino generosa porque entregó «otra serie de trabajos que iban más allá de la obligación contractual como una maqueta, diversas infografías y tres animaciones».

¿Son excesivos 2,7 millones por el dibujo de un proyecto? Desde Esquerra Unida entienden que sí y por eso quieren «llegar hasta el final y recuperar los dineros malgastados de los valencianos en planes megalómanos», denunció Ignacio Blanco. De hecho, según el abogado Romero, aunque todavía es pronto para elevar acusaciones, los delitos imputables son elocuentes: «hay una clarísima prevaricación, un error en las normas de contratación pública y una malversación de caudales públicos».

[Artículo publicado originalmente en La Veu del País Valencià]