Regulación y ayuda, imprescindibles para acabar con los minerales de conflicto

Aurora Moreno Alcojor // Hace unos meses, la ONG Alboan lanzó la campaña Tecnología libre de conflicto, una estupenda iniciativa “paradar a conocer la conexión que existe entre los móviles, tablets y ordenadores con la guerra en el este de la República Democrática del Congo”. El objetivo es informar y animar a la ciudadanía a que exija a Europa una ley firme para regular el comercio de minerales procedentes de zonas en conflicto. Algo especialmente necesario desde que la Comisión Europea propusiera un timorato proyecto de Reglamento que tan sólo propone medidas voluntarias para que las empresas controlen de dónde provenían sus minerales.

Una regulación en la que, en esta ocasión, Estados Unidos va muy por delante de nosotros. Efectivamente, en julio de 2010, la Administración aprobó la Dodd-Frank Act (section 1502), que obliga a las empresas norteamericanas a observar ciertas responsabilidades respecto a los minerales utilizados en su productos (sobre todo Coltán, Wolframita y Oro), y especialmente a asegurarse que dichos productos no contribuyeron al conflicto armado de República Democrática del Congo. El objetivo es que Europa siga los pasos de su socio transatlántico y haga lo propio, pues son muchas las multinacionales francesas, belgas, británicas, alemanas y austriacas que todavía utilizan estos minerales, tal y como señaló ya en 2008 una ong sudafricana.

Las consecuencias de la reducción de la demanda

De momento, ya son varios los avances logrados (empresas como Intel han anunciado que utilizarán sólo minerales libres de conflicto) y se ha logrado crear una cierta conciencia entre usuarios y consumidores, a través de campañas lanzadas por ONGs e instituciones internacionales.

Sin embargo, estas iniciativas no pueden quedarse en la simple prohibición de importar minerales: es básico ofrecer recursos e iniciativas para contrarrestar los efectos negativos que la disminución de la demanda ha provocado. Porque el ‘boicot’, por así llamarlo, a los minerales provenientes de República Democrática del Congo ha tenido también sus consecuencias negativas, tal y como han resaltado diversas investigaciones, como ésta realizada por el Servicio Internacional de Información sobre la Paz (IPIS, según sus siglas en inglés).

El problema es que si bien es cierto que se ha logrado debilitar a los grupos armados que se financiaban gracias a la explotación y comercialización de estos productos, también la población ha visto desaparecer una de sus principales, si no única, fuente de ingresos. Así, en lugar de un aumento de la seguridad y una mejora de las condiciones laborales y de seguridad en estas minas, -en las que se trabaja en condiciones decimonónicas y donde el trabajo infantil es la norma y no la excepción-, lo que ocurrió es que decenas de familias quedaron sin su fuente de recursos. Y sin embargo, los niveles de violencia no se redujeron en igual proporción. Es más, algunos expertos señalan que muchos jóvenes, sin un trabajo al que recurrir, terminaron ingresando en la guerrilla.

Alternativas para romper el círculo vicioso

Es por ello que las organizaciones nacionales e internacionales vienen exigiendo complementar las medidas legislativas con iniciativas y recursos que rompan el círculo vicioso entre comercio de minerales y financiación de grupos guerrilleros. Andrés Zaragoza, autor del mencionado informe de IPIS, explicaba en Periodismo Humano cuáles pueden ser algunas de estas iniciativas: “por ejemplo, la creación de Centros de Negociación, donde los mineros e intermediarios comercian con la mercancía bajo la supervisión de las autoridades locales y sin la interferencia de actores armados” o “ la creación de un sistema de trazabilidad donde, mediante el etiquetado de las bolsas donde se transporta el mineral, se consigue conocer la mina de origen y los diferentes intermediarios que toman parte en la cadena de aprovisionamiento”

Se trataría, en definitiva, de ofrecer una alternativa a los extractores artesanales, y apoyar al Estado congoleño –que en muchas ocasiones participa del negocio ilegal por la corrupción existente y que es incapaz de controlar todo el territorio que gestiona– para que pueda regular el sector minero artesanal.

Sin ninguna duda, es un objetivo ambicioso, pues el conflicto congoleño tiene multitud de aristas (implicación de países vecinos, intereses regionales, señores de la guerra…), pero es básico apoyar a la población civil para evitar que los enfrentamientos y la violencia sigan reproduciéndose, tal y como lo ha hecho prácticamente de forma ininterrumpida en los últimos 50 años.

[Artículo publicado originalmente en Carro de Combate]