El Constitucional recibe 40.000 firmas por el derecho a huelga de Carmen Bajo

MADRID // Carmen Bajo, una de las dos condenados por participar en piquetes informativos durante la huelga general de 2012,  ha acudido esta mañana al Tribunal Constitucional para presentar 40.000 firmas en apoyo al recurso de amparo que ha presentado. Tras la suspensión cautelar de su entrada en prisión, Bajo se muestra  «más tranquila» gracias a esta decisión, y asegura estar con fuerzas ante el proceso judicial en el que se encuentra. Bajo estaba acompañada por miembros de la Red Solidaria Antirrepresiva (RSA).

El recurso de amparo se basa en que la sentencia condenatoria por los hechos ocurridos en 2012 vulnera derechos fundamentales. Carlos Cano y la propia Carmen Bajo están a la espera de que el Gobierno resuelva su petición de indulto. Este es el motivo por el cual, Bajo no ha entrado en prisión y Cano fue puesto en libertad el pasado 22 de julio.

“La situación con la petición de indulto me sienta bien, pero no es una solución”, ha declarado la activista en la sede del Tribunal. “Hacemos esto como una medida de presión al Constitucional; esperamos que deje de guardar silencio acerca de la vulneración de nuestros derechos fundamentales». Damián Caballero, portavoz de RSA, ha insistido también en la necesidad de una resolución del Alto Tribunal: “Queremos resaltar que Carmen representa lo que pasa en este país por defender derechos fundamentales”.

La RSA llama a defender “derechos fundamentales como el derecho de huelga, de reunión y de manifestación”, y recuerda que hay “más de 300 represaliados” a la espera de juicio por motivos similares a los de Carmen y Carlos. “Nos acordamos de muchos compañeros reprimidos por defender sus derechos y los de los demás”, ha lamentado Caballero. El portavoz ha aprovechado también para agradecer el apoyo a “decenas de miles de personas, colectivos sociales, organizaciones políticas y sindicatos”.

Carmen Bajo y Carlos Cano se enfrentan a una condena de tres años y un día de prisión, a los que hay que sumar el pago de una multa de más de 3.000 euros por vulnerar el derecho de los trabajadores al participar en un piquete informativo en 2012. La suspensión cautelar de la condena fue ordenada por la audiencia provincial de Granada, a la espera de que se resuelva la petición de indulto.