Los recortes y la inestabilidad laboral ahogan a los científicos españoles

MADRID// Un recorte acumulado del 36% desde 2009, sumado a las trabas que supone el nuevo modelo de contratación de personal y adquisición de infraestructuras impuesto por el Gobierno, son los dos factores que están empujando a los investigadores a abandonar el sistema científico público español. Así lo ha denunciado la Asamblea General de Ciencia mediante documento un publicado hoy, titulado Descapitalizando la Ciencia, que recoge el historial de los recortes en inversión y en contratación de personal de investigación en los últimos cinco años.

Según explican, los recursos destinados a Ciencia han sufrido desde 2009 un recorte acumulado 3522 millones de euros, lo que ha supuesto que la inversión en este sector haya pasado del 0,92% del PIB a un 0,52%. “Estas cifras nos alejan de la media europea (2,01%) y convierten en utópico el horizonte de la UE del 3% para 2020”. Dividido por sectores, estos recortes progresivos han supuesto, entre otras, una caída acumulada del casi el 25% en gastos de personal, lo que ha generado paro, ha incentivado la emigración de los científicos españoles y ha provocado un deterioro en la competitividad de la investigación en España. “Nos encontramos, pues, ante una situación de emergencia que en pocos años puede colapsar el sistema científico español si no se toman medidas urgentes”, alertan.

Otro problema respecto a la forma de invertir el dinero que se destina a la Ciencia pasa por el reparto que se hace de las subvenciones estatales. Para empezar, el 40% de este dinero está dirigido a instituciones públicas. El 60% restante se ha invertido en forma de fondos financieros; es decir, créditos reembolsables destinados a las empresas privadas que no puede utilizar el sector público. “Por si fuera poco –lamentan- un alto porcentaje (casi el 50%) de estos fondos no es ejecutado finalmente”, por lo que se devuelve a las arcas estatales. Esto significa que “una parte importante del presupuesto para Ciencia en España que se contabiliza en los PGE se realiza a través de ‘fondos espejismo’”.

Sumados a la falta de dinero para instituciones públicas están los problemas que ha traído consigo el nuevo sistema de financiación. A la luz de las últimas resoluciones que aparecieron en el BOE el 31 de diciembre del año pasado, existe una serie de ayudas para que los organismos públicos puedan contratar personal o adquirir material científico y técnico. Sin embargo, “la mayoría de estas ayudas requieren de la cofinanciación por parte de los organismos” a la que van destinadas. Para la adquisición de infraestructuras, por ejemplo, entre el 50% y el 80% de la financiación (según las regiones) proviene de fondos europeos, FEDER, mientras que el resto deberá aportarlo la institución beneficiaria de dicha subvención. El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) contempla la posibilidad de prestar dinero pero, según explica la Asamblea General de la Ciencia, «tiene que ser devuelto en 10 años con un interés del 0,52%”. En cuanto a la contratación de personal, dado que los salarios que ofrecen “no se ajustan al Convenio Único de la Administración, los organismos deben complementar las cantidades ofrecidas por el MINECO”. Un requisito complicado de satisfacer teniendo en cuenta los recortes y que, en muchas ocasiones, no se permite usar los fondos concedidos a determinados proyectos para este tipo de partidas.

El eterno postdoc

Otra de las quejas que contempla el documento Descapitalizando la Ciencia pasa por la dificultad para formarse de los pre-doctorados y la inestabilidad laboral en la que sumerge a los post-doctorados. Según explican, mientras que por un lado buscan “personal altamente cualificado” mediante “procesos de evaluación muy exigentes y convocatorias muy restrictivas”, ni las condiciones contractuales ni las salariales que ofrecen a cambio están a la altura lo que, de nuevo, incita a los más experimentados a emigrar a países en los que se les ofrezca estabilidad laboral y un salario más acorde a su preparación.

El período postdoctoral, en la mayoría de los países, “se trata de una etapa limitada en el tiempo donde una persona tiene la oportunidad de conocer, durante 2 o 3 años tras la tesis, cómo se trabaja en otros laboratorios”. Una vez superada esta etapa, el investigador está capacitado para comenzar sus propios proyectos o líneas de investigación, lo que implica una estabilidad laboral. Sin embargo, según han constatado en la Asamblea General de Ciencia, en España “después de acabar su tesis, una persona podría enlazar dos años de formación postdoctoral más dos años del nuevo contrato para doctores con experiencia más 5 años de contrato Ramón y Cajal”; es decir, 9 años de experiencia postdoctoral.

“Una vez más, Spain is different –ironizan- y hemos generado una figura propia, que es la del eterno postdoc”. La vida de este investigador, según la describen, consiste en cambiar de laboratorio cada dos años, lo que le impide integrarse en proyectos a medio o largo plazo, estar más pendiente de nuevas convocatorias que del trabajo que realiza para poder sobrevivir  y en acostumbrarse a convivir con la inestabilidad laboral. Además, al no respetarse la tasa de reposición del 10% -“en los últimos años, las plazas de Científico Titular en el CSIC han caído exponencialmente, hasta llegar a 5 para los 125 institutos que lo componen en toda España en 2013”- la figura del eterno postdoc “va a seguir siendo la tónica de nuestro sistema de I+D durante los próximos años”.

Las circunstancias en las que se ve inmerso en sector científico español parecen estar orientadas hacia un modelo en el que el sector privado sea quien soporte la mayor parte del peso respecto al aporte de capital para la investigación. Esto implica que “las empresas privadas dispondrán de una llave fundamental para determinar qué investigación se realiza en el sistema público de I+D”, es decir, que los científicos podrían perder la “libertad a la hora de orientar cualquier tipo de investigación”. Además, el sistema de “mecenazgo científico” al que parece querer tender el Gobierno español es “un modelo que se practica en otros países anglosajones pero que no constituye en absoluto una realidad en España ni parece que vaya a poder serlo dada la reciente regulación en esta materia y la falta de un tejido tecnológico-industrial”.

Por todos estos motivos, desde la Asamblea General de Ciencia consideran que, más allá de palabras bonitas, la apuesta real por el avance de este sector requiere “planes estatales independientes de los devenires políticos y económicos”, una financiación pública “en consonancia con los objetivos que se pretende alcanzar” y una carrera científica que se establezca sobre la base de la estabilidad y la dignidad laborales. “El camino puede ser severo –reconocen- pero ha de existir y debe incluir a todos los estamentos: Administración, ayudantes, técnicos, titulados, gestores e investigadores”.

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