Movilización por el derecho al agua

Este domingo, las ong Ongawa y Alianza por la Solidaridad convocaron diferentes marchas por toda España para defender el derecho universal a acceder al agua y saneamiento en todo el mundo.

En más de setenta países también se celebraron actos para reclamar a los gobiernos un mayor compromiso con la solución a la crisis global de acceso al agua y el saneamiento, que tiene graves consecuencias sobre la salud de la tercera parte de la población mundial.

Estas ong calculan que actualmente hay casi 800 millones de personas que no tienen garantizado el derecho humano al agua  y 2.700 millones con problemas de saneamiento en sus casas. Ambas situaciones hacen que cada día mueran 5.000 personas en el mundo por enfermedades relacionadas con estas causas, la gran mayoría menores.

La situación es especialmente alarmante en África o Asia donde las mujeres recorren una media de seis kilómetros para ir a buscar agua. Más de la mitad de la población del África subsahariana carece de una fuente de agua potable a menos de 30 minutos a pie desde su hogar.

Privatización y cortes de agua

En el caso de España, según alertan las asociaciones en defensa del derecho universal al agua es el peligro de que las instituciones hagan negocio con este bien común. “Los ayuntamientos están recorriendo al dinero fácil aún a riesgo de vender recursos naturales a empresas con el problema que ello supone”, aseguran.

Ya hay algunos ejemplos, cortes de agua por impagos incluidos. En este sentido, Luis Babiano, de Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), denuncia que “en España hay desahucios hídricos, legales pero inmorales y clandestinos”.

En este sentido recuerda que “el suministro es competencia local y, por ejemplo en Andalucía, se regula a través de un reglamento común donde en su artículo 65 permite cortar el agua por el impago de un solo recibo”.

En Andalucía ha habido cortes de suministro por impagos puntuales, pero también en Mérida, Cácecer, Mallorca, Vigo, Murcia, Almería, Zamora y en otros municipios pequeños. Acciona, Aqualia y empresas creadas para gestionar el agua privatizada son las que deciden ese corte.

Luis Babiano también llama la atención sobre las declaraciones del ministro de Agricultura, Arias Cañete quien el pasado 4 de febrero aseguró que “el reto de futuro es llevar a cabo una gestión eficiente del agua, que asegure un suministro suficiente y de calidad para todos los usos”. Para ello el ministerio está preparando un anteproyecto de ley relativo al ciclo integral del agua de uso urbano, un texto que los ecologistas sospechan puede ser un empuje aún mayor para la privatización del servicio de agua.

Arias Cañete realizó estas declaraciones en un foro organizado por el periódico Expansión, la consultora Pricewaterhouse Coopers y Acciona, una de las empresas mejor colocadas en el negocio de la gestión del agua. Allí anunció también un paquete de reformas para atender las “demandas crecientes” de agua por parte de los sectores como el turismo, la industria alimentaria, la agricultura y la energía.

Mientras tanto, un grupo de personas permanecen encerradas en el ayuntamiento del Puerto de Santa María (Cádiz) “en defensa del derecho humano al agua” y para evitar la venta de la empresa municipal de aguas y la privatización de su gestión.

Los convocantes de la protesta aseguran que la privatización supondrá “un incremento del precio del recibo de más de un 90%”, a la vez que denuncian que en su propuesta económica, la empresa concesionaria (Aqualia), “no ha previsto ningún gasto ni inversión en tecnología en los 25 años de explotación, sólo aspira a hacer caja y llevarse el dinero de los portuenses”.