Eurovegas: apostando contra el territorio y el medio ambiente

El macroproyecto de Eurovegas es una intervención planteada desde el poder -sólo las grandes fortunas tienen capacidad de financiar un proyecto urbanístico como este- y para el poder -nuevamente alejado de cualquier vocación de satisfacción de las demandas de la sociedad-.

Con esta nueva intromisión se busca expoliar a la ciudadanía de un recurso común y no renovable como es el suelo. Esta vez se quiere hacer bajo el paraguas del interés del mercado liberal y con la nueva excusa que para todo vale en estos momentos de crisis: el empleo.

Pero no puede ser la solución a la crisis porque representa la clave del problema. El urbanismo neoliberal no es más que la otra cara del urbanismo de la austeridad (desahucios, viviendas vacías e inaccesibles, recortes de servicios, etc.) que miles de ciudadanos/as de España y el resto de Europa estamos sufriendo. Megaproyectos como este están basados en la especulación inmobiliaria y la espiral de deuda financiera (implicaría más endeudamiento ya que han pedido al gobierno español que avale el proyecto con un crédito millonario).

Es un proyecto basado en el turismo de masas, el juego y el negocio del ladrillo (el mismo que nos ha llevado a la situación de crisis actual). Este tipo de aspiraciones conlleva unos costes sociales y medioambientales obvios, tanto durante su fase de ejecución como durante su funcionamiento.

Los números, basados en los datos presentados por la Plaforma Eurovegas No, hablan por sí solos del desastre territorial y ambiental ante el que nos encontraríamos. Territorialmente, el proyecto europeo necesitaría como mínimo 300 hectáreas para poder llevar a cabo los 6.000.000 de m2 necesarios para hacer lo planteado por Las Vegas Sands. Pero el modelo no sería extensivo, sino en altura, debiendo plantear, para lograr sus propósitos, unos rascacielos más altos que las Torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

De ejecutarse el proyecto, nos encontraríamos con gastos energéticos inasumibles en el contexto del volumen de energía a proporcionar, sobre todo en un escenario como el español donde la mayoría de las ciudades son deficitarias energéticamente y en especial la Comunidad Autónoma madrileña. Caso similar ocurriría con los residuos generados, ya que según los datos de la propia administración autonómica, la capacidad de procesamiento de residuos sólidos del conjunto de las distintas plantas de tratamiento de residuos está muy próximo a su máxima capacidad y no podría asimilar, ni mucho menos, las cerca de 60.000 toneladas anuales que generaría el complejo.

Todo ello sin olvidar las modificaciones legales que se están llevando a cabo para facilitar su ejecución. Estas podrían haber llegado a ruborizar, escandalizar y rebelar a la opinión pública en otro momento no tan lejano, pero en la actualidad pasa por ser bien recibido, con la promesa de puestos de trabajo para la región. Entre las reformas planteadas, encontramos la retirada de la ley que regula el consumo de tabaco, la modificación de la ley de extranjería, exenciones de impuestos o la no consideración del Estatuto de los Trabajadores. Estas exigencias chocan frontalmente con los principios de igualdad y equidad entre los ciudadanos. La aceptación de los condicionantes por parte de nuestras administraciones sentaría un grave precedente.

Con los cambios demandados asistiremos, en definitiva, a otra nueva pérdida en la gobernanza local, donde las leyes se van adaptando sucesivamente a las necesidades del contexto económico global para beneficiar a unos pocos, mientras se buscan medidas urgentes para la reducción del déficit público vía recortes en los sistemas de salud o educación, que nos afectan a todos.

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Rafael Córdoba Hernández es Arquitecto urbanista e Investigador-UPM. Profesor asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Cuenta con diferentes investigaciones relacionadas con indicadores de sostenibilidad, desarrollo urbano y medioambiente, cuyas principales ideas han sido publicadas a través de artículos en varios libros y revistas. Actualmente compatibiliza la docencia con trabajos de urbanismo en una consultoría privada. Es además miembro de la Comisión de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción y de la Plataforma Eurovegas No.

Cristina Fernández Ramírez es Arquitecta urbanista. DEA UPM en el programa Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana. Ha participado en investigaciones y proyectos de planeamiento en colaboración con el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid para distintas administraciones. Actualmente desarrolla proyectos de planificación urbana para una consultoría privada. Es miembro de la Comisión de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción de Madrid y de la Plataforma Eurovegas No.