España prohibirá las bombas de racimo pero podrá participar en misiones donde se utilicen

El Congreso de los Diputados aprobará hoy la Ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar, adscribiéndose así a la convención de Oslo de 2007 sobre municiones en racimo y al Protocolo sobre restos explosivos de guerra de la Convención sobre ciertas armas convencionales. El articulado de la ley incluye una excepción que ha sido muy criticada por varios grupos parlamentarios, la posibilidad de participar en operaciones militares con países no firmantes que las utilicen.

La ley debatida esta mañana en el Congreso es una modificación prácticamente total de la ley de 1998 que adhería a España a la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, el denominado, Tratado de Otawa de 1997. La convención modificó el Protocolo II de la Convención de Ginebra de las armas convencionales por su insuficiencia. El Tratado de Otawa prohibía a los países firmantes la adquisición, la producción, el almacenamiento y la utilización de minas antipersonales y no está firmado por países como China, Rusia, Estados Unidos o Israel.

En 2007 se complementó con la Convención de Oslo , donde se firmó la convención sobre la prohibición de municiones de racimo para dotar de un “instrumento internacional legalmente vinculante que prohíba el uso y el almacenamiento de municiones en racimo que causan daños inaceptables a civiles, y garantizar la prestación de cuidados y rehabilitación a los supervivientes y la limpieza de áreas contaminadas”.

La ley que se aprobará hoy en el Congreso busca adaptarse de forma integral a todas las convenciones internacionales referidas, según el ministro Margallo, al ius in bello, o lo que es lo mismo, a las prácticas aceptables cuando se está en guerra.

El texto de la ley prohibe totalmente el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonales y bombas de racimo. Según Joan Baldoví, del grupo de la izquierda plural, el punto 2.3 de la ley es un gravísimo paso atrás puesto que no se considera incumplimiento de la ley la participación del ejercito español en operaciones militares donde se utilicen las bombas de racimo o las minas antipersonales. Algo en lo que también incidió Irene Lozano, de UPyD, que consideró este punto de especial gravedad ya que uno de los aliados españoles es EEUU, país no firmante de la convención y que usa este tipo de armas.

Joan Tardà, de ERC, presentó una enmienda a la totalidad que pedía una batería de propuestas para desmilitarizar el estado español, con medidas como la retirada de cualquier subvención a la producción, comercialización, y explotación de armas o la petición de no exportar a países que no cumplan los derechos humanos.

Instalaza y el ministro Morenés

En el debate en el Congreso apareció el vínculo del ministro de Defensa, Pedro Morenés, con la empresa de armamento Instalaza que cesó de su puesto días antes de ser nombrado ministro de Defensa. La empresa Instalaza era la única productora de bombas de racimo, la llamada MAT-120. Instalaza llegó a pedir una indemnización de 40 millones de euros por lucro cesante al gobierno que mediante moratoria unilateral prohibió la producción y la venta de bombas de racimo. Las armas de la empresa Instalaza, siendo Morenés parte de la empresa, fueron usadas por Gaddafi en el bombardeo de áreas civiles en Misrata como evidenció una información en el New York Times.