Cataluña usa legislación antiterrorista para investigar a autores de disturbios

BARCELONA // Conocer sus movimientos, amistades, con quién se comunica, cuáles son sus aficiones… Éste es el objetivo que se han fijado los Mossos d’Esquadra en sus investigaciones a los presuntos autores de desórdenes públicos. Un objetivo ambicioso, en tanto que requiere de un permiso judicial para inmiscuirse en la más estrecha intimidad de la persona: los mensajes de su teléfono móvil, las listas de llamadas o la localización del aparato. Estas prácticas están reservadas para delitos graves, como el tráfico de armas o el terrorismo. Y es precisamente procesando los desórdenes públicos en el ámbito del terrorismo como la policía está contando con la aprobación judicial.

Tras los disturbios registrados en Barcelona durante la pasada huelga general, en mayo de este año, las investigaciones de los Mossos d’Esquadra han dado un salto cualitativo. Según fuentes jurídicas, la policía ha pedido al juez que requiera a las compañías telefónicas la información de los teléfonos móviles de los sospechosos. En uno de los procesos abiertos contra una joven por el incendio de la cafetería Starbucks, fotografías íntimas sacadas de su perfil de Facebook acompañaban el expediente judicial.

“Difícilmente se autorizaría un método tan invasivo en la intimidad sino se incluyese dentro de la legislación antiterrorista”, valoran las mismas fuentes. Y añaden: “Los jueces son reacios a utilizar estos métodos de prueba si no hay una imputación grave, y siempre se suelen utilizar en último término”.

La reforma legal de Acebes
¿Pero puede considerarse terrorismo realizar actos vandálicos sin formar parte de ninguna organización terrorista? Lo permite el artículo 577 del Código Penal, vigente desde el mandato del popular Ángel Acebes al frente del ministerio del Interior. Fue ideado para incrementar la presión sobre la Kale Borroka, y consagra la figura del “terrorismo individual”. En él se incluye en los delitos de terrorismo a “los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista”, cometan lesiones, incendios, estragos… “con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública”.

Diversos juristas consultados advierten de la generalidad que abarca el texto, más propio de una circunstancia agravante limitada a determinados delitos que de un tipo penal en sí mismo. “Está hecho a propósito, son conceptos abiertos que permiten incluir cualquier cosa”, señalan dichas fuentes, si bien matizan que la interpretación que hacen los jueces “ha sido más restrictiva”. Y por el momento, la fiscalía no está imputando a los presuntos autores de los disturbios el delito de terrorismo.

Las fotografías de algunas de las personas que están siendo procesadas por los disturbios de la huelga general aparecían en una página web lanzada por la consellería de Interior que recibió críticas del Colegio de Abogados de Barcelona o de Jueces para la Democracia por vulnerar el derecho a la propia imagen. En ella, se animaba a la ciudadanía a facilitar información sobre las personas que aparecían. Un ejemplo más de la política de mano dura que anunció el conseller de Interior, Felip Puig, poco después de ser investido: “Iremos hasta donde permite la ley y un poco más allá”.