La familia de Ofelia Nieto, 29 aguanta la respiración: “Ya no depende de nosotros”

MADRID // «A ver qué pasa hoy… estoy un poco angustiada». La incertidumbre, el miedo y el cansancio eran las tres sensaciones que acompañaban esta mañana a Luisa Gracia González nada más llegar a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en la Gran Vía de Madrid. «Ya son diez años peleando por que no nos quiten nuestra casa», ha explicado. «Creo que lo que buscan es que nos desgastemos, que llegue un momento en el que no podamos más, anímica o económicamente, y desistamos“.

Francisco Gracia, el patriarca de la familia y propietario originario de la vivienda de c/ Ofelia Nieto, 29, estaba citado como demandante a una vista oral en la que debían resolverse dos asuntos: el justiprecio de la vivienda y la proporcionalidad de las medidas compensatorias que el Ayuntamiento había ofrecido a cambio de expropiarla. El objetivo de la demanda que interpuso la representante legal de la familia era que se declarara nula la orden de desahucio que pesa sobre la casa de sus representados.

Se entiende por justiprecio la compensación económica íntegra que se le debe abonar al expropiado ante la pérdida de su patrimonio. Los demandantes, la familia Gracia González, alegaron que, por un lado, el precio ofrecido por el consistorio no se ajustaba al establecido por la tasadora y, por otro, que existe una contradicción entre el precio oficial y el que establecen varias tasadoras independientes (cuya diferencia oscila entre los 326.000 euros que se estableció judicialmente hasta los 900.000 euros que consta en la tasación más alta). Finalmente, la abogada de la familia ha querido dejar constancia de que el dinero que el Ayuntamiento consideró que costaba la vivienda ni siquiera ha sido abonado.

En la vista oral de esta mañana, a la que han dejado entrar a diez de los activistas y vecinos que han querido acompañar a la familia, el representante legal del Ayuntamiento ha asegurado que sí se había entregado la suma de dinero referida. Sin embargo, durante el juicio, los servicios jurídicos del consistorio ni han aclarado por qué ofrecieron 1.000 euros menos de lo que se había acordado previamente (de manera unilateral, sin negociarlo con los Gracia González) ni han aportado ninguna prueba que deje constancia de la entrega material de este dinero.

De propietarios a arrendatarios

Al hablar de la proporcionalidad de las medidas compensatorias, el debate ha girado en torno a si la solución que se le ofrece a los Gracia González los deja en una situación similar a la que estaban antes de tratar de expropiarlos. La abogada de la familia ha argumentado que son propietarios de una vivienda que «si bien modesta, está pagada». Sin embargo, la solución que el ente público les ofrecía pasaba por realojarlos en una vivienda de propiedad pública en régimen de alquiler con derecho a compra que, según la letrada, «ni siquiera han terminado de construir».

Con esta medida, según ha explicado Luisa Gracia, «pretenden que reembolsarse el dinero que ellos han decidido que vale mi casa. Y no sé por qué tenemos que aceptarlo. Nosotros ya hemos pagado nuestra casa y no sería justo que tuviéramos que endeudarnos para que el Ayuntamiento pudiera expropiarnos a gusto».

En el turno de exposición del representante del consistorio, éste se ha limitado a reivindicar el derecho a desalojar a los Gracia González en virtud de la orden de expropiación que pesa sobre la vivienda, sin que, de nuevo, presentara ninguna prueba que demostrara que, en efecto, se les había ofrecido una vivienda en las mismas condiciones que la que ya tienen. Tampoco ha creído necesario el abogado del Ayuntamiento argumentar este hecho. Es más, ante la reiteración de la pregunta del juez por las acusaciones de falta de proporcionalidad por parte de los demandados, se ha limitado a contestar que el Ayuntamiento «tiene derecho a desalojarlos porque la vivienda está expropiada, no sé qué proporcionalidad tiene que haber ahí».

«Ahora toca esperar»

Una vez ha concluida la vista, la familia, la letrada y los activistas que han entrado en la sala se han reencontrado con decenas de activistas que se habían acercado a los juzgados y esperaban en la puerta. Una vez en la calle, unos y otros han compartido sensaciones, impresiones y certezas. La falta de una argumentación basada en hechos o pruebas por parte del representante legal del Ayuntamiento ha dejado una buena sensación entre los activistas.

Sin embargo, Luisa Gracia se ha mostrado algo más cautelosa: «Ahora ya no depende de nosotros, toca esperar». Sin embargo, sí que ha salido indignada y ofendida respecto a la argumentación general del letrado contrario, ya que, según su impresión, «no ha dicho nada que sea verdad». Otra de las personas que acompañaba a la familia ha afirmado que «ha sido incapaz de enseñar ni un solo papel porque no tiene cómo probar que lo que dice es cierto».

La vista oral ha quedado vista para sentencia, que se espera que será comunicada a la familia en un plazo de entre 10 y 15 días. Antes de marcharse para su casa, Francisco Gracia, con algo más de aplomo que sus hijas, ha comentado que «por más que digan que ellos son los dueños, lo que pone en el catastro es que la casa es mía, que soy el dueño del 100% de la propiedad». Y como si hubiera escuchado a su hija al entrar a los juzgados y quisiera responderle, ha sentenciado: «Si piensan que van a poder conmigo lo tienen claro, porque voy a luchar por mi casa hasta el final. Su técnica de desgaste no les va a valer para nada con esta familia».