La inyección de gas hace temblar la costa de Castellón

La costa de Castellón y parte del litoral del sur de Cataluña han sufrido más de 350 seísmos de pequeña magnitud desde el pasado 13 de septiembre. El de mayor intensidad se ha vivido esta madrugada, cuando el temblor de tierra ha alcanzado los 4,2 grados en la escala de Richter. Es el mayor terremoto en la zona desde 1975, según los datos recabados por el Observatorio de l’Ebre, en Roquetes (Tarragona), y las vibraciones ya se han notado a pie de calle.

Y es que frente a estas costas, la empresa Escal UGS S.L, de la que la constructora ACS es máxima accionista, prepara la extracción de gas de un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, en el denominado proyecto Castor, que se desarrolla a 22 kilómetros mar adentro ante la costa de Vinaròs (Castellón).

La inyección de gas cojín, que se usa para probar el correcto funcionamiento de la instalación, parecen ser el origen de los movimientos de tierra, que han provocado el nerviosismo entre los vecinos de la zona. La Generalitat Valenciana ha activado el Plan de riesgo sísmico en los municipios castellonenses de Peñíscola, Vinaròs y Benicarló. También Protección Civil de la Generalitat de Cataluña está siguiendo de cerca la evolución de los seísmos.

La sucesión de los temblores, que se iniciaron a principios de septiembre, llevó al Ministerio de Industria a ordenar el jueves el cese de la actividad en el almacén de gas, mientras se recababa la información para determinar el origen de los seísmos. Sin embargo, las afectaciones no sólo han persistido, sino que han ido en aumento.

El Govern desconfía de la empresa extractora

El delegado de la Generalitat en las Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, ha insinuado en una entrevista en Rac1 que la empresa podría haber hecho caso omiso de la prohibición y haber continuado con la actividad: «El día 24 se dio el primer movimiento sísmico de 3,6 grados, y este movimiento, según los técnicos del Institut Sismològic de Catalunya, se produce por inyección de gas. Al cabo de dos días el Gobierno ordena que se paralice la actividad del almacén y los días 29 y 30 hay dos movimientos sísmicos más, en este caso por dilatación de las rocas. Quiere decir que la gente de Castor no ha hecho caso al Ministerio y ha extraído gas o bien que el almacén no cumple las características y hay poros por donde se escapa el gas», ha declarado Pallarès.

La empresa Escal UGS S.L mantiene que las instalaciones están “en perfectas condiciones” y que todo el personal de la planta “sigue en sus puestos de trabajo garantizando la seguridad”. Hasta el momento se han inyectado ya cerca de 160 millones de metros cúbicos de gas, una cantidad equivalente a un cuarto de la capacidad total del almacén submarino.

El Observatorio de l’Ebre ha informado de que esta zona es propensa a los movimientos de tierra, pues cerca de la costa se encuentra una falla tectónica. Sin embargo, la media de movimientos sísmicos en el lugar ronda los diez anuales, siempre de baja intensidad. Según el Observatorio, para que los movimientos de tierra provoquen daños como la rotura de cristales o de algunos elementos en los edificios los seísmos deberían alcanzar los 5 grados en la escala de Richter.

Denuncias de previsiones erróneas

La Plataforma Ciudadana de las Tierras del Senia hace tiempo que reclama la paralización del faraónico proyecto. Este colectivo ciudadano critica que el estudio ambiental de la empresa no valoraba los riesgos sísmicos de su actividad.

También desde Esquerra Unida del País Valencià se ha denunciado que los estudios previos realizados “han fallado estrepitosamente”, según ha mantenido la diputada autonómica de EUPV, Marina Albiol. “No lo compartíamos –el proyecto- desde el principio, y consideramos que tanto el Consell como el Ministerio han cometido una gravísima irresponsabilidad política por darle el visto bueno. Se ha conseguido traspasar el umbral de lo peligroso”, ha sostenido Albiol.

La diputada de EUPV ha exigido al Gobierno central que actúe “para que la empresa pague por todo el daño que se está produciendo al ecosistema marino y que cese de manera definitiva su actividad, porque los beneficios de cuatro no pueden estar por encima la seguridad de las personas y del medio natural”.