Los objetores al fin de la sanidad universal denuncian improvisación

VALENCIA // Improvisación. Esa es la palabra más repetida estos días en algunos ambientes sanitarios, una improvisación que para el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Carlos Fluixa, se ve en “lo absurdo de meter en el mismo paquete al turismo sanitario y al inmigrante sin recursos económicos”.

Prueba de esta improvisación es el hecho de que en el País Valenciano, a día de hoy, cuando ha entrado en vigor el Real Decreto (RD) que deja fuera de la asistencia sanitaria gratuita a los llamados inmigrantes «sin papeles», se les ha entregado una tarjeta provisional y se les atendido con normalidad.

Esta comunidad autónoma ha dado bandazos a la hora de aplicar la norma. Primero aseguró que la aplicaría con todas las consecuencias. Después
explicó que deberían ser las organizaciones que trabajan con inmigrantes las que pagasen la factura asistencial. Más tarde, desde la Conselleria de Sanitat se desacreditó a los médicos objetores asegurando que deberían tratar a los pacientes fuera del horario laboral y pagado por su bolsillo. La última improvisación fue el pasado viernes, un día antes de la entrada en vigor del RD, cuando se hizo llegar a los facultativos una circular para explicarles que nada cambiaba.

Los médicos objetores han centrado el foco en el inicio de la aplicación del RD, ya que cerca de dos millares de profesionales en todo el Estado han mostrado su interés en seguir con su juramento hipocrático y dar asistencia médica a cualquier paciente. Como explica el doctor Fluixa, la actitud de la Conselleria, “no sé si pretendía ser una amenaza, pero en verdad la amenaza está en el que no objeta porque falta a su código ético”.

Otro objetor, el médico de Atención Primaria en Collado Villalba, Vicente Baos, explica que “hasta ahora no ha pasado nada especial, pero esto se irá viendo con el tiempo”. El facultativo alerta de que el problema vendrá cuando el sistema “expulse” a algunos pacientes de la administración, y estos “desaparezcan de la base de datos, entonces no se podrán pedir análisis, ni pruebas diagnósticas, ni recetar un tratamiento”. En este sentido, plantea una duda, “¿qué pasa con los pacientes que desaparecen del sistema y que necesitan de un seguimiento mayor, ¿se seguirán atendiendo?”.

El doctor Baos ejemplifica esta situación en un caso concreto. “Este martes”, explica, “tengo que atender a una chica de 25 años, marroquí,
diabética tipo 1, la voy a atender con normalidad, pero si se le expulsa del sistema, ¿qué va a pasar con ella? La llevo atendiendo desde hace más de un año, tiene un tratamiento de 120 euros al mes en insulina, pero no se lo podrá pagar”.

Y por si todas estas dudas fueran pocas, cabe recordar que tanto Asturias como País Vasco, Andalucía, Catalunya, Canarias o Galicia han planteado sus reticencias sobre cómo llevar a cabo este mandato del Ejecutivo central. Comunidades insumisas a una norma que no satisface a nadie.