“Somos víctimas de los tejemanejes del Ayuntamiento de Madrid“

MADRID // “Me quieren robar mi casa. Ni más ni menos“, dice indignada María Luisa en la puerta de su vivienda. “Lo tenemos todo pagado y la casa está a nombre de mi familia. Que alguien me explique a cuento de qué nos tenemos que ir de aquí“, continúa. Son las 19.30 horas y algunos vecinos y miembros de asociaciones antidesahucios están comenzando a llegar para pasar la noche en su azotea con el fin de ayudar a frenar la expropiación forzosa del edificio de la calle Ofelia Nieto, 29. Y es que el pasado viernes su familia recibió una nota interna emitida por el Ayuntamiento en la que se les comunicaban que hoy, 14 de agosto, a las 09.00 horas iban a derribar su casa.

Este ha sido el penúltimo capítulo de una historia que comenzó en 2004, cuando el ayuntamiento aprobó un plan urbanístico de remodelación, que consiste en sustituir las viviendas unifamiliares típicas de la zona cercana a la parada de metro Francos Rodríguez por bloques de pisos. Desde entonces han intentado frenar la orden de derribo en los juzgados aunque, hasta el momento, no han tenido éxito. Sin embargo, tampoco existe una sentencia en firme que obligue a la familia Gracia González a marcharse de su propiedad, dividida en tres viviendas separadas en las que viven el matrimonio  y sus dos hijas con sus familias. “Si hubiera una orden judicial, aunque sería injusta, tendríamos que irnos. Pero porque al ayuntamiento se le ocurra, no“, explica María Luisa.

Ayer, martes, acudieron al consistorio a entregar 4.000 firmas de apoyo a la familia para evitar que les dejen sin casa. “Entre ellos (la concejalía de urbanismo y el ayuntamiento) han decidido que tenemos que coger 300.000 euros para irnos de una casa que es nuestra“. Un dinero que tendrían que usar para irse a otra vivienda que les ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra. “O sea, que me roban y encima les tengo que pagar. Les sale el negocio redondo. No nos queda otra que pensar que somos víctimas de los tejemanejes del Ayuntamiento“, concluye.

A pesar de que el gobierno local es el responsable de la expropiación, la parcela está catalogada como una zona residencial privada por lo que los beneficios se los llevará la empresa a la que se le ha adjudicado el terrenos: Ortiz Construcciones y Promociones S.A. Esta empresa es propiedad de Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal por fraude, cohecho y trafico de influencias. También está imputado en la rama valenciana de la trama Gürtel por financiación ilegal al PP. Según la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en 2008 donó 300.000 euros al PP en concepto de gastos electorales. En 2011 trascendió una de las conversaciones que la policía había grabado a este empresario alicantino al que llevaban investigando desde 2008. En este diálogo con otro empresario de Alicante, Antonio Arias, Ortiz asegura que tiene que llorar más porque “soy la polla insaciable“. A lo que Antonio Arias responde: “Eso lo digo yo siempre. Enriquito es la polla insaciable“.

“Enriquito“ el insaciable

En 2002, el Ayuntamiento de Valencia adjudicó a una de sus empresas la construcción del aparcamiento subterráneo de los Jardines de Monforte por un importe de 5,4 millones de euros. Según la UDEF, las empresas de Enrique Ortiz, ya sea de manera independiente o constituidas en Unión Temporal de Empresas (UTE) con terceras, se embolsaron 205 millones de euros entre 2005 y 2009 en la Comunidad Valenciana.  Y a pesar de haberse conocido su imputación en las dos tramas de corrupción ya citadas, no han dejado de tocarle adjudicaciones en esta Comunidad.

En abril de 2013 una UTE entre las que había dos empresas de Ortiz fue contratada por el Ayuntamiento de Alicante para llevar a cabo el servicio de recogida de basuras y limpieza de las vías durante 12 años a cambio de 435 millones de euros. Alicante tiene como presidenta a Sonia Castedo, también imputada en el Caso Brugal. Fue ella la encargada de renovar en 2012 a otra empresa de Ortiz un contrato por el que se compromete a limpiar los centros escolares y dependencias municipales durante dos años a cambio de 31 millones de euros.

Enrique Ortiz también ha colaborado a menudo con la Comunidad de Madrid. Según la Agencia Tributaria, Ortiz Construcciones y Proyectos y Constructora Hispánica (también implicada en la trama Gurtel) fueron las dos empresas que más facturaron al Ayuntamiento de Pozuelo presidido por Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato. Ortiz se embolsó algo más de 5 millones de euros durante el mandato de Sepúlveda. El juez Ruz calcula que Sepúlveda recibió a cambio medio millón de euros entre 2002 y 2004 por parte de la Gürtel.

En Alcalá de Henares, en 2009 y solamente en obras relacionadas con el Plan E, le fueron adjudicadas 8 obras a Ortiz Construcciones y Proyectos por un importe de 4.950.000 euros. Además, el Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) concedió en 2005 a las empresas del Grupo Ortiz la construcción de 80 viviendas en Valdemoro por 4,7 millones de euros y en 2010 la promoción de 140 viviendas de Alcorcón por 12 millones de euros.

La adjudicación del plan urbanístico de 2004 del barrio de Tetuán que afecta a la familia Gracia González no es la única de ese año. Según consta en el orden del día de la Comisión Permanente del Pleno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del 20 de octubre de ese año, estaban previstos 36 reconocimientos extrajudiciales de crédito (que permiten realizar abonos de facturas sin expediente, sin aprobación de gasto y sin pasarlo previamente por Junta de Gobierno), 32 de ellos repartidos entre tres de las empresas implicadas con la trama Gurtel y que aparecen en los papeles de Bárcenas. Solo por este concepto FCC recibió en 2004  5,7 millones de euros, Coarsa 4,7 millones y Ortiz Construcciones y Promociones 2,5 millones de euros.

La espera

Algunos de los vecinos ya se han reunido para acompañar a la familia en una de las peores noches de su vida. El resto llegará por la mañana. Dos ancianos que viven por la zona estaban repartiendo octavillas elaboradas en sus casas para invitar a todos los vecinos a que a las 08.00 acudiesen a Ofelia Nieto, 29 a apoyar a la familia Gracia González. Otros tantos que viven cerca de su casa han pasado para preocuparse por el estado de las víctimas de la expropiación y a asegurar que a primera hora irán para evitar una situación injusta. Al ser una propiedad privada, la Policía no puede entrar en la vivienda sin una orden judicial, de la misma forma que el ayuntamiento no puede expropiar la vivienda sin que lo dictamine un juez. “Lo único que les queda es derribar la casa con nosotros dentro“ -reflexiona el padre de María Luisa- “Digo yo que no se atreverán“.