Las autorizaciones de venta de armas en 2012 superaron los 8.000 millones de euros

Durante el año pasado, el Gobierno español autorizó exportaciones de armas y munición por un valor total de 8.000 millones de euros. Esta cifra es un 150% superior respecto a las autorizaciones efectuadas en el 2011. Así lo constata el informe La crisis económica no afecta a las exportaciones de armas españolas, publicado hoy por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace e Intermón Oxfam. Las ONG alertan de que “el objetivo del ejecutivo es apoyar a la industria armamentística para exportar más armas”.

Recuerdan las ONG que así lo ha expresado el propio Ministro de Defensa, Pedro Morenés, que antes de acceder al cargo fue consejero de Instalaza S.A., una empresa armamentística española fabricante hasta el 2008 de bombas de racimo que fueron utilizadas por las fuerzas del exdictador libio Muamar Gadafi.

Este apoyo de Defensa a la exportación de armas españolas, inciden las ONG, “se ha plasmado en medidas de liberalización para exportar material de defensa como la Ley 12/2012”, de 26 de diciembre, que regula los acuerdos de gobierno a gobierno, y con “una intensa agenda internacional del ministro para abrir y consolidar nuevos mercados”.

“Nos preocupa que con esta política del Gobierno se relajen los controles y se lleven a cabo operaciones cuando existe un claro riesgo de que el material vendido se use para cometer o facilitar violaciones graves de los Derechos Humanos”, indica María del Pozo, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional. “La deuda histórica acumulada por el Gobierno con diversas empresas españolas de material de defensa es la causa principal de esta disminución en las adquisiciones y, a la vez, del interés en que aumenten las exportaciones”, añade Jordi Armadans, director de FundiPau.

El destino de las armas

Las ONG celebran que se hayan producido avances en el cumplimiento de la Ley, en el sentido de que el Gobierno haya denegado ventas de armas ya autorizadas cuando existen dudas sobre el destinatario o el uso final de los productos. Es el caso de las ventas revocadas el año pasado a países como Bahrein y Libia. Sin embargo, expresan su inquietud por la “posible venta de 250 carros de combate Leopard españoles a Arabia Saudí”, ya que las fuerzas armas saudíes han utilizado tanques en el norte de Yemen para realizar ataques en los que han muerto civiles.

Además, muestran su preocupación por la venta de armas a Francia, implicada en la ofensiva militar en Mali, y las realizadas a países del norte de África y de Oriente Próximo, como Bahrein, Egipto y Arabia Saudí, ya que los materiales destinados allí, advierten, “corren el riesgo de ser usados para cometer violaciones de los Derechos Humanos”. También califican de “especialmente preocupantes” las transferencias de armas y munición a Colombia, Pakistán, Ghana, México, Israel y Estados Unidos.

“Dar prioridad a las ventas a cualquier precio incrementa el riesgo de que se relajen los criterios de control de las exportaciones, algo particularmente alarmante en un momento en que el Gobierno intenta encontrar salida en el exterior a armas y municiones españolas ante una demanda nacional menguante y con una mayor competencia internacional”, sentencia Francisco Yermo, responsable de Acción Humanitaria de Intermón Oxfam.