Los hechos del acoso a José Silva… las consecuencias de meter un banquero en prision

El Artículo 124 de la Constitución española dice: «El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social […] y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad».

La Asociación En Defensa de la Democracia Española (EDDE), recientemente constituida, ha decidido iniciar su camino siendo útiles a los ciudadanos desvelando los secretos del Sistema Judicial español.

Todos estamos viendo cómo la crisis que parecía exclusivamente financiera esté trayendo consigo una vuelta atrás en las conquistas democraticas y en los derechos individuales y colectivos. Es en estos momentos cuando sería más necesario que nunca la aplicación del articulo 124 de la Constitución Española.

Un artículo que garantizaría en su correcta aplicación la independencia de quien juzga los hechos que la nueva situación de nuestro país está destapando.

Corrupción económica  y política que se viene amparando en las mafias y lobbis de un poder judicial que ha sido sentenciado en pena de muerte con el control absoluto del poder en el Constitucional culminando el giro conservador del alto tribunal.

Si ya estos estamentos habían venido funcionando con un alto grado de perversión, a partir de ahora la corrupción, las prevaricaciones, los acosos y coacciones a quien no defienda el poder establecido estará a la orden del día.

Es por esa razón por la que, ante lo que consideramos un linchamiento a un Juez, hemos actuado poniendo en conocimiento datos sobre una parte del proceso disciplinario que se lleva a cabo hacia la persona de Edipio Jose Silva… el primer juez que aplica la Ley para meter a un banquero a la cárcel.

Sí a un banquero que como cualquier ciudadano puede y estaba sujeto a actuación preventiva. Un banquero del que se sospecha su participación en delitos económicos… esos delitos que todos los ciudadanos sabemos que existen a través de personas que han realizado operaciones económicas que han arruinado este país. El hecho al que nos referimos es una muestra de la utilización torticera y de parte de la justicia por jueces al servicio no del bien común, sino de un poder capitalista y especulativo.

El echo es el siguiente , un instructor de un expediente disciplinario, a petición expresa de una Fiscal, ha dictado una resolución para que se personase el médico forense en el domicilio de un letrado.

Este letrado ejerce la defensa en el seno del expediente disciplinario, injustificadamente incoado a Elpidio José Silva Pacheco. Qué casualidad que ese día estaba de guardia el Juez sustituto del Juez Elpidio José Silva Pacheco en el Caso Blesa. El letrado había justificado una ausencia a una citación aportando parte de baja médica, justificativo de que padecía cólico nefrítico severo.

¿Cómo es posible que tramitando un  expediente de carácter claramente administrativo este instructor haga desplazar a un forense de guardia para indagar si un letrado se halla o no enfermo? ¿No debió acudir a la Inspección Médica y no considerarla una acción urgente propia del servicio de guardia?. Con esta actuación ademas se ha requerido a Elpidio José Silva para que designe nuevo letrado.

Todo parece que esta torpe actuación tiene pretensiones para acelerar torticeramente la tramitación y dejar indefenso al expedientado, Elpidio Jose Silva, acelerando maliciosamente un expediente disciplinario claramente infundado, y perturbando plenamente su derecho a la defensa, incrementando o potenciado una situación de acoso institucional ya en marcha.

Pensamos que esto, de ser así, se llama claramente prevaricación, coacción y un posible acoso institucional contra el juez que metió en la cárcel al primer banquero en nuestro país. Este lunes hemos registrado en el Juzgado de Guardia la posible denuncia ante estos hechos.

Se trata de un hecho desmesurado sin ningún precedente en la historia de un país que ha pasado por 40 años de dictadura, jamás se ha practicado una actuación tan desproporcionada por el instructor de un expediente disciplinario.

Por eso, en nuestro interes de la defensa de una democracia hoy en peligro, realizaremos todo lo que esté en nuestras manos para defender un sistema judicial independiente del poder político y financiero. Así cumplimos lo enunciado en el artículo 2.2. de nuestros estatutos: “Instar la transparencia institucional y perseguir la corrupción allí donde se produzca».

Milagros Hernández es presidenta de la Asociación EDDE