El PP cántabro planta al Gobierno y trata de prohibir el ‘fracking’

El Ministerio de Industria está ultimando una ley para dar cobertura legal a la técnica de extracción de gas del subsuelo mediante la fractura hidráulica, conocida como fracking, que cuenta con la oposición de numerosos colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas por sus riesgos ambientales. El ministro José Manuel Soria declaró a finales de febrero que esta técnica “debe ser permitida”, y el grupo popular en el Congreso, junto con CiU y UPyD, votó en contra de la propuesta del grupo de la Izquierda Plural, apoyada por el PSOE, de prohibir esta técnica en España.

Pero mientras el Gobierno del PP da alas al fracking a nivel nacional, el PP de Cantabria está promoviendo una ley que vetará el uso de la fractura hidráulica en la comunidad. La técnica para liberar esos gases y llevarlos a la superficie consiste en romper la roca mediante explosiones e inyectar a presión toneladas de agua, arena y productos químicos para que aflore el gas atrapado en el subsuelo. En Cantabria, ya hay seis proyectos aprobados y ha provocado una gran movilización ciudadana que teme por la contaminación de los acuíferos que podrían comportar las extracciones.

Dado el nivel de rechazo popular al fracking, el gobierno cántabro, del PP, resolvió impulsar su prohibición, a pesar de la contradicción que ello supone con la postura defendida por sus compañeros de partido a nivel nacional. Dicha divergencia ha provocado incluso que diputados del PP elegidos por Cantabria hayan defendido posiciones contrarias en el Congreso y en la Comunidad. Es el caso de la diputada Ana Madrazo, que durante la votación en la Cámara baja a mediados de febrero se alineó con el resto de los miembros del grupo popular en contra de la prohibición.

Madrazo justificó esta contradicción alegando que “no es lo mismo legislar para una comunidad autónoma donde su territorio es desértico, como el caso de Los Monegros en Aragón, que en nuestro territorio. Y no es incompatible la legislación nacional con la autonómica”.

Durante la comisión parlamentaria celebrada ayer en el Parlamento cántabro, el diputado regional del PP Iñigo Fernández, ponente en esta ley, refrendó el argumento utilizado por Madrazo al apuntar que Cantabria “tiene algunas particularidades que hacen especialmente necesario que aquí se cuide el medio ambiente y que se legisle en contra de la práctica de esta técnica: red de acuíferos y aguas subterráneas, patrimonio subterráneo, red de cavidades… A lo mejor no todas las regiones de España tienen eso”.

«Rotunda disparidad»

El representante del PSOE en la comisión, Juan Guimerans, señaló la “rotunda disparidad” de posturas entre el Gobierno central y el ejecutivo cántabro, y mantuvo que la actuación del gobierno de la comunidad para acabar con el fracking en Cantabria “da la sensación de ser una operación cosmética que no resuelve el problema alrededor de la extracción de hidrocarburos no convencionales”.

“Qué más quisiera que poder decirles que estoy en condiciones de afirmar que el ministerio no lo va a recurrir. Nos gustaría poder decirlo, pero no lo puedo decir”, expresó Fernández, a la vez que contraatacaba apuntando que “de los seis proyectos aprobados, cuatro fueron aprobados por el Gobierno de Zapatero y uno por el de Revilla. Si hablamos de contradicciones ahí tenemos el ejemplo más visible”.

Durante la comisión se votaron las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y la tramitación de la ley de prohibición del fracking se encuentra ya en sus pasos finales. Según fuentes parlamentarias, podría llegar al pleno en menos de un mes, donde todo parece indicar que finalmente será votada y aprobada.