«Reduciremos el IVA de los productos de higiene femenina al 4% porque son artículos de primera necesidad». Esto dice el punto 6.22 del programa electoral con el que el PSOE de Pedro Sánchez se presentó a las elecciones generales de 2019. En el acuerdo posterior con su actual socio de gobierno, Unidas Podemos, se incluye también el compromiso de bajar este impuesto que afecta a las mujeres. La medida, sin embargo, no será una realidad de momento, en el tercer año de legislatura.
Según ha asegurado la ministra de Igualdad, Irene Montero, el Ministerio de Hacienda, dirigido por la socialista María Jesús Montero, no ha aceptado la inclusión de esta reducción en la nueva ley del aborto y salud menstrual, que será previsiblemente aprobada este martes en el Consejo de Ministros. «No está incluido en esta ley, aunque forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición. Queda pendiente y hemos quedado en negociarlo en los Presupuestos Generales del Estado», ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER Irene Montero. “Con el sobrecoste de las obras de la M-30 se hubiesen pagado 69 años de una reducción a IVA superreducido de los productos de higiene menstrual”, ha añadido la dirigente de Unidas Podemos.
La nueva ley reconocerá el derecho a la salud menstrual: finalmente habrá bajas por reglas dolorosas y los centros educativos deberán garantizar productos para la menstruación cuando sea necesario. También tendrán acceso gratuito a los productos para la menstruación las mujeres en riesgo de exclusión, lo que se llama pobreza menstrual, además de las mujeres en las prisiones.
El anteproyecto, más comentado estos días por las bajas que por la recuperación y avance en los derechos, permitirá a las chicas de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin permiso de sus padres. Este fue el artículo de la ley de plazos aprobada en 2010 por el ejecutivo de Zapatero que el gobierno de Rajoy suprimió.
La nueva norma también prevé garantizar que el aborto se realice en un centro sanitario público y, excepcionalmente, en una clínica privada acreditada. Además, para evitar que las mujeres se vean afectadas por la objeción de conciencia individual, el texto propone la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales y la creación de un registro de objetores en cada comunidad autónoma.
El borrador incluye una disposición que deroga la actual norma de 2010, recurrida desde hace 12 años en el Tribunal Constitucional por el PP. Y, por otra parte, recoge como una forma de violencia contra las mujeres los vientres de alquiler.