Destino universal de los bienes

Ha bastado que Pablo Iglesias mencionara un artículo de la Constitución para que los ardientes constitucionalistas, a los que no se les caía de la boca la estricta fidelidad a la sacrosanta Constitución Española, se lanzaran como lobos sobre Iglesias. En uno de sus panfletos nos advierten con grandes caracteres del peligro que nos acecha: “El reparto de la miseria: el comunista Iglesias impone al PSOE el peligroso concepto del interés general”, en otro nos advierten de los terribles propósitos del podemita: “Iglesias defiende la confiscación del dinero de los ciudadanos en los bancos”. Y un catedrático de universidad nos señala de donde viene  el peligro: “Los líderes podemitas amenazan con el artículo 128 de la Constitución”.

¿Qué dice ese amenazante artículo? Pues ese artículo, en su apartado 1, afirma que: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Esto, que debería tranquilizar a la gran mayoría de nuestra sociedad –pues supone que el interés general, lo que nos afecta a todos, el bienestar de todos, está respaldado por toda la riqueza del país– la derecha lo usa para fomentar la preocupación y el temor: “Cuidado, que vienen los comunistas a quitarte tu piso, a vaciarte la cuenta del banco”. 

Para eso es necesario meter en el mismo saco todas las empresas: la frutería de Paco, el taller mecánico de Juan Antonio, las tierras de Pablo… y el Banco Santander, Inditex  y las empresas de Florentino Pérez. Meten también a todas las cuentas del banco: la cartilla de ahorros de un albañil y las cuentas de Amancio Ortega, y a todas la viviendas: el piso que una enfermera tiene en Vallecas y todas las viviendas que el PP ha vendido a precio de saldo a un fondo buitre. 

Con eso buscan que todas las medidas que cuestionen la fortuna de Amancio Ortega sean vistas también como una amenaza para todo el que tenga cuatro euros en un banco o un pequeño comercio. Cuando más bien es al revés: la gran fortuna de todos los ‘amancios’ y todos los ‘florentinos’ se ha hecho a costa del empobrecimiento de la gran mayoría del país. Y lo que sería justo y necesario es lo contrario: una redistribución de esas escandalosas fortunas para atender necesidades básicas que están sin cubrir.

Esto va en la línea habitual de la derecha: meter miedo, crear una sociedad atemorizada, porque una sociedad atemorizada es más fácil de manipular, y les permite presentarse a ellos como los valientes salvadores. 

Derecha que, además de constitucionalista, en su mayoría se ha considerado siempre muy católica, pero que tampoco parece tener muy en cuenta las palabras del Papa Francisco en su encíclica Laudato si. En ella  afirma que “el principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una «regla de oro» del comportamiento social y el «primer principio de todo el ordenamiento ético-social». «La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada”. 

Pero, cuando le tocan la bolsa, la derecha suele dejar su catolicismo para la misa del domingo. También es verdad que la jerarquía eclesiástica no ha sido ejemplar, ni mucho menos, en el cumplimiento de esa doctrina, pero tampoco la han podido cambiar, y ahora el Papa Francisco la saca a la luz y demanda su cumplimiento.

Y también reclama su cumplimiento la lucha contra el coronavirus. Evidentemente el interés general es detener la pandemia, y si eso exige poner la riqueza del país el servicio de esta tarea, sea una riqueza de propiedad pública o privada, da igual, hay que ponerla, empezando por las que más sobresalen.

Sobre el eco de estas palabras de Iglesias vemos que la derecha se ha apresurado a rasgarse las vestiduras ante la simple mención de un artículo de su venerada Constitución, pero yo he visto poca repercusión en los medios de la izquierda, cuando tendríamos que conseguir que en todo el país se alzara un inmenso clamor popular pidiendo el cumplimiento de este precepto constitucional de subordinar la riqueza al interés general.