Desde la firma de acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, el 24 de noviembre de 2016, la violencia se ha recrudecido en Colombia. Con la desmovilización de las FARC, distintos actores violentos se han extendido por los territorios aumentando las amenazas a líderes sociales y a la población en su conjunto.
Aunque no se cuenta con una cifra consensuada sobre líderes y defensores de derechos humanos asesinados en este período, los informes de distintas fuentes especializadas apuntan a un número que oscila entre 350 y 400. La mayoría de estas muertes tienen lugar en el occidente del país, una zona con un porcentaje elevado de población indígena y afrodescendiente. Según el informe Todos los nombres, todos los rostros presentado el pasado mes por la Cumbre Agraria, Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (INDEPAZ), el 87% de los lugares en los que se produjeron estos asesinatos están altamente militarizados y son territorios con un alto interés por la extracción de minerales e hidrocarburos, por la siembra de monocultivos o la ganadería extensiva. De acuerdo a este informe, la región del Cauca es la que mayor número de asesinatos ha registrado, seguida de Antioquia, Nariño, Chochó, Córdoba, Arauca y Norte de Santander.
“El momento actual está muy duro en el Cauca y en todo el país. Es bien sabido el asesinato de líderes sociales, indígenas, las amenazas. Y no solo de líderes, sino el asesinato de la población civil, de jóvenes; la estigmatización de todas las luchas es un contexto bastante preocupante. Pareciera que esta violencia fuera ahora más fuerte que durante el conflicto”. Quien denuncia esta situación es Dora Muñoz, indígena del pueblo Nasa, miembro del Cabildo Indígena de Corinto y comunicadora del Tejido de Comunicación Wej’xia Kaa’senxi, la voz del viento. De visita en Bogotá para participar en la 12ª Bienal de Radio México-Colombia, conversamos con ella sobre violencias, comunicación y construcción de paz.
¿Cuál es su balance sobre el acuerdo de paz y su implementación?
La firma del acuerdo de paz fue muy positiva y esperanzadora para todo el país; especialmente para el Cauca que ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto. Fue una esperanza, aunque con vacíos. En los primeros meses tras la firma del acuerdo se sintió una relativa paz porque realmente se produjo el cese del conflicto armado; sin embargo, comenzaron a incrementarse otras violencias. En la actualidad hay una fuerte disputa por el territorio, los actores violentos se han multiplicado. A pesar de ello, no hay una salvaguarda de la vida ni una presencia real del gobierno ante lo ilícito. Ahora cualquiera puede matarnos.
¿Quiénes son esos nuevos actores violentos?
Hay muchos. Se ha sentido un fortalecimiento importante de los paramilitares que, supuestamente, se habían desmovilizado. Vemos también un fuerte resurgimiento de las bandas criminales, distintos grupos guerrilleros: el EPL (Ejército Popular de Liberación), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las disidencias de las FARC y los grupos armados de los cárteles del narcotráfico. Todos se hacen presentes en el territorio y están desestabilizando la comunidad y las organizaciones de base.
Dora Muñoz explica una de las formas en las que las violencias se hacen presentes: los panfletos amenazadores de bandas criminales o grupos militares que aparecen a diario en las comunidades. Estos panfletos ponen en el punto de mira a organizaciones o personas, especialmente líderes políticos o comunitarios, aunque también señalan a jóvenes bajo el lema de “limpieza social”. Algunos de ellos dan un tiempo para que las personas abandonen el lugar; otros solo comunican quiénes son objetivo militar y a los pocos días los asesinan. “La semana pasada, en mi territorio, circularon panfletos en los que afirmaban que iban a matar a los jóvenes consumidores de drogas, a los expendedores de drogas, a las prostitutas, a los ladrones… y, efectivamente, al siguiente fin de semana de haber salido esa lista asesinaron a cuatro jóvenes”.
La región de Cauca, rica en recursos naturales, es la que más asesinatos ha sufrido en los últimos tiempos. ¿Qué papel juegan en este escenario las transnacionales que operan en los territorios?
Las transnacionales están siendo cómplices. Toda la región del Cauca está llena de monocultivos. Existen grandes ingenios azucareros cuyas propietarias son Ardila Lule y el Grupo Santo Domingo, dos de las familias más poderosas del país -que también tienen monocultivos de palma aceitera en otras regiones. Estas compañías cuentan con ejércitos privados. Hay un grupo de comunidades indígenas, especialmente en el norte del Cauca, que han entrado a estas haciendas azucareras para hacer la liberación de la madre tierra, es decir, cortar caña para sembrar alimentos. En los tres años en los que esta iniciativa se está llevando a cabo, han sido asesinados cinco compañeros indígenas. Unos han sido asesinados por el ejército y otros por la seguridad privada de estos ingenios. Además, en el territorio del Cauca existen varias concesiones para la explotación minera y para la construcción de represas hidroeléctricas. Sabemos que toda esta política es permitida desde los gobiernos y que una de las razones para exigir la desmovilización de las FARC era limpiar los territorios para poder llegar con mayor facilidad e implementar estos proyectos. Frente a esta situación se ha dado una lucha fuerte desde las comunidades, desde la organización indígena, y es precisamente esto lo que está poniendo en riesgo la vida de los líderes sociales.
¿Qué papel está jugando el gobierno en esta situación de conflicto?
El gobierno, tanto el entrante como el saliente [se refiere al gobierno de Iván Duque, recientemente elegido presidente de Colombia y al de Juan Manuel Santos], están minimizando la grave situación que hay en el país. No hay unas medidas realmente efectivas que garanticen que pare ya el asesinato de líderes sociales. Todo se queda en denuncia y en investigaciones que nunca dan un resultado concreto. El gobierno está bastante parado en relación a esta situación; solo suman cifras, pero no se avanza en la denuncia, no hay medidas efectivas para proteger la vida de nadie.
¿Diría que la situación es peor ahora que antes de los acuerdos de paz?
SÍ. Este es un momento bastante crítico, yo no lo había sentido antes de esta manera o al menos no en el territorio. Tal vez se haya vivido en otros momentos de la historia del país, pues Colombia ha sido un país de diversas violencias. Pero, en este momento, es cuando yo lo estoy sintiendo más crítico incluso peor que en tiempos del conflicto, y no veo que el gobierno se esté apropiando realmente de esta situación y esté planteando alguna salida.
Contraparte de la desinformación estatal
Dora Muñoz lleva 15 años trabajando en comunicación y defensa de los derechos humanos. “En ese caminar he ido aprendiendo el verdadero sentido de la comunicación para los pueblos indígenas; para nuestras comunidades; la comunicación parte de lo espiritual porque entendemos que se trata de una relación no solo entre personas, sino entre los distintos seres de los tres mundos: el mundo espiritual, el mundo terrenal y el mundo del corazón de la madre tierra”.
¿Qué papel juega la comunicación desde una visión indígena en un contexto de múltiples violencias?
Un papel transcendental, porque es nuestra obligación denunciar las violaciones de derechos humanos; debemos visibilizar estas realidades que no salen en los medios convencionales desde la mirada de la gente que está afectada, desde el sentir de la comunidad. Nuestra obligación no es solo visibilizar un hecho, sino profundizar en el análisis, en las causas y en los intereses de quienes controlan esos grupos armados y están generando estas desarmonías en el territorio. Los medios de comunicación generalistas están obviando lo que está ocurriendo. Simplemente reportan cifras de los lideres asesinados, pero no hay un análisis crítico y serio de lo que realmente está pasando en el país; no hay una indagación más profunda que permita entender de qué políticas vienen los hechos que están ocurriendo. En nuestras radios explicamos cómo funciona la política de despojo territorial. Somos la contraparte de la desinformación estatal. Evidentemente, todo esto genera riesgos: los comunicadores y comunicadoras están en el punto de mira.
En medio de un contexto de múltiples violencias, la defensora de derechos humanos apuesta por la comunicación desde la esperanza. “Siento que en este momento hay una gran desvalorización de la vida, una legitimación de la barbarie. Para que la vida no siga siendo desvalorizada, debemos comunicar siempre desde la esperanza y el valor de la vida. A pesar de esa barbarie, hay muchas cosas positivas que tienen que darnos la fortaleza para seguir insistiendo de manera pacífica en defender la vida y en cuidar el territorio. Las comunidades indígenas y la sociedad civil hemos construido paz mucho antes del acuerdo. Precisamente porque somos una comunidad, un pueblo, un país que tiene cosas muy bonitas quieren exterminarnos, doblegarnos. Y eso es lo que debe motivarnos a seguir en unidad porque a todos nos está afectando esta guerra por igual, a todos nos afecta que se acaben nuestros recursos naturales, que nos contaminen el agua, no solo a las comunidades indígenas, afros o campesinas, a la gente de las ciudades también. Esto tan negativo que está ocurriendo es un llamado de atención a que nos unamos, a que sigamos pensando en cómo cuidar la vida”.
