Todas sabemos que en la vida hay líneas rojas que no debemos traspasar para evitar males mayores. Estas pueden ser físicas -como ocurre en muchos de los lugares en los que las ONGD trabajamos- o simbólicas, puntos imaginarios de no retorno. En la mayoría de las ocasiones se trata de normas tácitas, no escritas, y que además son móviles, van variando. Pocas veces podemos encontrarlas fijadas en un documento. Y menos en uno oficial. En estas rarísimas ocasiones no debería resultar demasiado difícil no saltárselas.
España pertenece desde 1991 al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Este organismo analiza y evalúa las políticas de cooperación de los 28 Estados integrantes y de la Unión Europea (UE), y establece criterios y recomendaciones acerca de qué se considera o no Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Para ser considerado país donante y miembro de esta institución, hay una línea roja explícita, escrita y permanente: destinar al menos un 0,2% de la Renta Nacional Bruta a acciones de desarrollo en países empobrecidos.
Desde 2012, el Gobierno español la incumple. O digamos más bien que la bordea. El esfuerzo de AOD ejecutada –lo que realmente se destina, no lo que aparece en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)- lleva por debajo del 0,2% desde ese año. Perdón, en 2016 el dato oficial fue de un 0,33%, ¡wao!
¿Y entonces?
Este incremento se debió a una operación extraordinaria y puntual de cancelación de deuda con Cuba. Sin dicha operación, la AOD se quedó en el 0,16%.
En los PGE de 2018 el Gobierno ha anunciado que destinará 2.602 millones de euros a AOD (el 0,22% de la Renta Nacional Bruta). Es decir, dos centésimas por encima de la línea roja. ¡Bravo! Es más, en términos absolutos este monto supone 151 millones de euros más que lo presupuestado en 2017, o lo que es lo mismo, un incremento del 6,2%, casi el doble de lo que creció la RNB. ¡Wao!
¿Y entonces?
Desglosemos…
1) A este ritmo, tardaríamos como mínimo 15 años en alcanzar el 0,4%, una primera meta volante en la ruta hacia el 0,7% a la que todos los grupos políticos se comprometieron, sin embargo, a alcanzar a finales de esta legislatura.
2) Para superar la línea roja del 0,2%, el Gobierno tira de la dotación de presupuesto a un instrumento de cooperación financiera que luego infraejecuta desde hace años, el Fonprode. En los presupuestos de 2018, la asignación para este Fondo para la Promoción del Desarrollo es de 199 millones, los mismos que el año pasado. De estos, según han reconocido fuentes gubernamentales en el Congreso, en realidad solo está previsto gastar 60 millones.
Además de esto, hay que recordar que el Fonprode no está exento de polémica. Esta herramienta, que nació en 2011 con la idea de desvincular la ayuda al desarrollo de la política comercial, y eliminar la ayuda ligada -aquella en la que el receptor se ve obligado a adquirir bienes o servicios producidos en el país donante- ha ido perdiendo por el camino su componente de donación. Desde 2013, los presupuestos generales establecen que solo pueden autorizarse con cargo a este fondo las operaciones de carácter reembolsable. Esto es, aquellas que generan deuda externa en los países receptores. Este giro quedó plasmado un año más tarde con una reforma legislativa en la que se eliminaba el límite máximo del 5% del total de la AOD destinada a este tipo de operaciones y no se recogía ninguna nueva cuota máxima.
3) Las contribuciones obligatorias suponen cerca del 65% del total de la AOD. Es decir, más de la mitad del presupuesto de AOD para 2018 se destina a contribuciones a la UE (1.081 millones) y a Organismos Financieros Multilaterales de Desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Africano de Desarrollo (423,84 millones). El aumento de estas contribuciones no depende de la voluntad del ejecutivo, como su propio nombre indica, sino que son obligatorias. Si crece la RNB, crecen. Sí o sí.
4) El gasto para personas refugiadas dentro de nuestro país en las cuentas públicas de 2018 se sitúa en el 8,71% de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Administración General del Estado.
¿Cuál es el problema con esto? Técnicamente, ninguno. Es más, el CAD permite que se contabilicen de esta manera algunos gastos de atención a personas refugiadas realizadas durante el primer año de acogida. Éticamente y políticamente hay, sin embargo, uno muy grave: el de desvestir a unas personas vulnerabilizadas para vestir a otras también vulnerabilizadas. Ahora y siempre, en la Coordinadora exigiremos más recursos en España para refugiadas, pero estos deberían ser fondos adicionales, no dinero detraído a la Cooperación.
Una dramática muestra de esta lógica se ve cuando comparamos con los escasos fondos que el Gobierno tiene previsto destinar a Ayuda Humanitaria en los países donde se producen las catástrofes y conflictos: se pasa de 17 a 19 millones. Hace 10 años, en 2008, eran 350 millones.
5) En 2016, un 54% de la AOD española fue ayuda inflada o no genuina (aquella que, según las normas del CAD, puede ser contabilizada como ayuda, pero que no contribuye genuinamente al desarrollo). Fuimos campeones de la UE. Si quieren saber más sobre este asunto, pueden leer el informe AidWatch2017, de la Confederación Europea de ONG de Desarrollo y Acción Humanitaria.
6) Del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que, a pesar de su nomenclatura, solo gestiona un 25,6% de los recursos de la cooperación, las ONGD solo reciben un 4,7%. Si miramos al conjunto de la AOD de la Administración General del Estado, este porcentaje se reduce hasta el 1,1%.
Y pese a ello, seguro que alguna vez han oído a algún responsable político decir que España es el país que más apoya a las ONGD. No lo crean, en esta materia estamos en la posición decimosexta de los 29 integrantes del CAD.
La casi totalidad de los fondos que gestionamos las ONGD no proviene de los Presupuestos Generales del Estado. Viene directamente de ustedes, de sus aportaciones como socios y socias y de su decisión de marcar la casilla de Fines Sociales en la declaración de IRPF.
¡Gracias por su apoyo! Sabemos que contamos también con ustedes para exigir al Gobierno que deje de bordear las líneas rojas y respete sus compromisos internacionales con un mundo más justo y sostenible.
Maite Serrano Oñate es directora de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España.
