Emilio Polo* // Don Carlos andaba preocupado porque su hija llevaba tiempo sin encontrar empleo. La familia vive desde hace décadas en un barrio muy popular de clase media en el centro de Bogotá. Don Carlos prestó dinero hace muchos años al que ahora es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio. Hace décadas que se conocen, cuando el barrio dejó de ser un solar. Don Carlos fue a visitarle hace algunos meses pidiéndole colaboración para el problema de la niña. Don Manuel, que así se llama el presidente de la Junta de Acción Comunal, le dijo que próximamente había programado un evento en el barrio en el que el senador B. del partido de la U, muy preocupado por las necesidades de la ciudad y de sus habitantes, quizás encontrara un hueco para recibirle y escucharle. Y así fue. Llegó el día del evento, el senador que se presentaba a reelección a las elecciones legislativas recibió a don Carlos y le escuchó atentamente entre el trasiego de personas que buscaban su sitio en la fila donde repartían tamales y lechona. El senador le dijo a don Carlos que la niña se presentara el lunes sin falta en una de las administraciones públicas donde él tiene una cuota de puestos, en este caso quince, para colocar a las personas que él desee a dedo, sin pasar por procesos de selección. Don Carlos, muy agradecido, le preguntó al senador cómo podía compensar ese gesto. El senador le dijo que ya sabía que al menos le tenía que garantizar 20 votos directos en las elecciones y hacer campaña por él en el barrio, porque si él no salía reelegido, la niña ya no tendría su puesto de trabajo. Clientelismo lo llaman los tratados de ciencia política.
Esta situación en una zona urbana de Bogotá se repite a lo largo y ancho de las distintas ciudades de Colombia. Se trata de un intercambio de favores por votos, donde gran parte de la población ve en su voto una oportunidad para conseguir algún tipo de beneficio, y los candidatos una oportunidad para llegar al poder. Quien se presenta a una candidatura ve en la política una llave para enriquecerse y quien le vota, en el mejor de los casos, una oportunidad para negociar algún beneficio personal o familiar. Lejos queda el imaginario del servicio público y los ideales de la gobernanza democrática.
Si fijamos la mirada en las zonas rurales o en pequeñas ciudades, la situación es aún más grave si cabe. Y es más grave porque las lógicas clientelares ya no se sitúan tan solo en coordenadas de intercambio de favores, sino de control social. Control del territorio que va de la mano de toda una estrategia de lo que se ha dado en denominar parapolítica o narcopolítica. Ya no es que la población vote en masa por una candidatura pensando en un intercambio de favores, es que lo tiene que hacer por mandato, para no tener problemas o tener que irse. Esta situación se puede apreciar en muchos lugares donde se ha hecho limpieza social por parte de la extrema derecha en los últimos años o hay una base sociológica del paramilitarismo muy amplia. Cuestión que, en Colombia, es mucho mayor de lo que se cree y que explica, en buena medida, por qué a una parte importante de la población no le supone un problema o le resulta extraño que un parapolítico o narcopolítico esté en el Congreso y sí un insurgente desmovilizado.
Esta sería una de las lecturas que nos han dejado las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo. Hay otra, quizás aún más desoladora. Y es que tras el rechazo que dio la sociedad colombiana a los Acuerdos de Paz entre las FARC y el Estado, reflejado en la victoria del No en el plebiscito de octubre de 2016, muchas fueron las voces que denunciaron las campañas de manipulación y mentiras de los sectores afines a la extrema derecha y diversos medios de comunicación. Se argumentaba, con razón sin duda, que la combinación de los mecanismos de manipulación de los sectores que veían en la paz un perjuicio a sus intereses con una sociedad que padece una gran dosis de ignorancia constituía la tormenta perfecta para que las esperanzas de paz en el país se vieran truncadas. Desde colectivos sociales, fuerzas políticas afines a la apuesta de paz del Gobierno de Santos, algún medio de comunicación minoritario y todos los sectores internacionales que apoyaban el proceso de paz, se confiaba en que cuando se hiciera un ejercicio sosegado de reflexión y se desenmascarara esta estrategia basada en la falsedad, la sociedad colombiana reaccionaria. Pues bien, el resultado de las elecciones no deja duda que lo que ha hecho la sociedad colombiana, en clave clientelista si se quiere, es dar un nuevo respaldo a las fuerzas políticas que se oponen a los Acuerdos de Paz. Se constata de manera dolorosa que la sociedad colombiana penaliza electoralmente la apuesta política por la paz y tiende una alfombra llena de flores y cánticos a quien pretenda destrozar los acuerdos y a quien no tenga ni el más mínimo interés en el avance de las negociaciones con el ELN.
Quizás la última lectura que debemos resaltar, para desmontar ciertos discursos previos a las elecciones, es que la base social de apoyo a las FARC es muy minoritaria. Los resultados obtenidos colocan a la otrora insurgencia en un escenario más que probable de desaparición como fuerza política en un futuro. Si bien es cierto que tiene asegurada la presencia en el Senado y en la Cámara de Representantes durante dos legislaturas, independientemente de los resultados electorales que alcance gracias a lo recogido en los Acuerdos de Paz, es enorme el margen que tiene que superar para conseguir el techo mínimo que en ocho años le otorgue la posibilidad de obtener representatividad en las instituciones por méritos propios. Esta cuestión es uno de los argumentos que se utiliza en el país por quienes pretenden poner en evidencia ante la sociedad a los partidos políticos, iglesias y medios de comunicación que defendían que los acuerdos entregarían el país a la guerrilla y al castro-chavismo. Lejos de penalizar a las fuerzas políticas que usaban estas falsedades como estrategia de campaña, mirando la historia reciente del país, estas serán premiadas con vítores y aplausos por una amplia masa social. Demoledor mensaje para las FARC, también para quien apuesta por un país distinto basado en la convivencia pacífica y la democracia y, de paso, mensaje al ELN. Sale gratis no respetar los acuerdos por parte del Estado porque no hay una población a la que mayoritariamente le importe lo más mínimo.
Por estos motivos, ya sea Iván Duque, del Centro Democrático, o Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, es muy probable que alguno de estos dos candidatos gane las próximas elecciones presidenciales. Tan solo tienen que apretar el botón de la maquinaria clientelar que Gustavo Petro, el posible candidato que tengan enfrente, no tiene. Como tampoco tiene detrás una mayoría de gente en el país a la que le importe la paz y las transformaciones estructurales y culturales necesarias para abordar las causas que originaron el conflicto armado.
* Emilio Polo Garrón es coordinador de Paz con Dignidad.
