Casi 800 personas han sido asesinadas en las colas del hambre en Gaza, según la ONU

Desde que la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) comenzó a operar el 27 de mayo, el ejército israelí ha bombardeado y disparado contra palestinos que intentaban llegar a los puntos de distribución. Según ha informado hoy la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en este periodo 798 personas fueron asesinadas mientras esperaban obtener comida. 615 palestinos y palestinas murieron en los alrededores de los centros de distribución. Otros 183 perdieron la vida cuando iban de camino hacia ellos.

La GHF, una compañía privada creada en febrero de 2025 por Israel y Estados Unidos y radicada en Delaware, tiene el monopolio del reparto de ayuda humanitaria en Gaza. Las razones aludidas por Tel Aviv para impedir que la ONU y otras organizaciones internacionales puedan trabajar en la Franja son, según el Gobierno israelí, su connivencia con Hamás. De este modo, Israel y su principal aliado, Estados Unidos, han logrado reemplazar los canales humanitarios tradicionales.

El reparto de ayuda (absolutamente vital por un bloqueo que ha conducido a la población gazatí al borde de la hambruna) está presidido normalmente por escenas de caos que ponen en peligro a personas desesperadas y hambrientas. Esta agitación es aprovechada a menudo por las Fuerzas israelíes para disparar impunemente contra la gente.

«Es un campo de la muerte», confesaba recientemente un soldado israelí en las páginas del diario Haarezt. «Donde yo estaba destinado, cada día mataban entre una y cinco personas. Los tratan como si fueran una fuerza hostil: no hay medidas de control de multitudes, no hay gases lacrimógenos, solo fuego real con todo lo imaginable: ametralladoras pesadas, lanzagranadas, morteros», añadía.

Estos centros de distribución suelen estar en sitios remotos, lejos de áreas habitadas. Sus horas de apertura son impredecibles y el reparto de la ayuda no sigue ningún orden. Para colmo, la ayuda que distribuyen es absolutamente insuficiente. Esta forma de actuar, según la ONU, «pone en peligro a la población civil y contribuye a la catastrófica situación humanitaria en Gaza. Usar como arma los alimentos destinados a la población civil, así como restringir o impedir el acceso de esta población a servicios básicos, constituye un crimen de guerra».

Ayer, nueve niños palestinos fueron asesinados en uno de estos centros de distribución en Deir el-Balah. Philippe Lazzarini, jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), reaccionó con indignación ante este nuevo crimen. En una publicación en la red social X, afirmó que Gaza se había convertido en «el cementerio» de los niños y de las personas que mueren de hambre. «No tienen escapatoria. Tienen que elegir entre dos muertes: morir de hambre o morir tiroteados», afirmó. Israel, a su juicio, ha orquestado «el plan más cruel y maquiavélico para matar, con total impunidad».

Juliette Touma, jefa de comunicación de la UNRWA, ha exigido a Israel que levante el cerco y permita a otras organizaciones humanitarias entrar en la Franja. Según afirmó en una entrevista con Al Jazeera, la UNRWA tiene 6.000 camiones estacionados en las fronteras de Egipto y Jordania listos para ingresar en Gaza. Por desgracia, muchos de los medicamentos que contienen están a punto de caducar.

Acoso generalizado en Gaza

Otros trabajadores humanitarios también son víctimas del acoso israelí. Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, ha denunciado hoy que ha tenido que suspender sus servicios en Jan Yunis y evacuar la clínica Al Attar a causa de los ataques. Los tanques israelíes estaban disparando sobre una zona llena de civiles desplazados y se acercaron a escasos 100 metros del centro hospitalario.

Además, las fuerzas israelíes bombardearon una escuela en Jabaliya, al norte de Gaza, en la que se refugiaba población desplazada. En el ataque mataron al menos a ocho personas, algunas de ellas niños y niñas. Los testigos contactados por Al Jazeera narran escenas dantescas.

Israel, mientras tanto, sigue adelante con el plan de construir una «ciudad humanitaria» en las ruinas de Rafah para reunir en ella a 600.000 palestinos. Según la UNRWA, esto «crearía de facto campos de concentración masivos». En opinión del analista británico-israelí Daniel Levy, presidente del US/Middle East Project, «la intención es utilizar esto como una etapa previa para realizar una limpieza étnica, para eliminar físicamente a tantos palestinos como sea posible».