Pocas dudas quedan ya de la evidencia del cambio climático. Ni es un problema que siempre afecta a “otra gente, otros países, otras sociedades” ni es un problema a largo plazo. Está pasando aquí y ahora. De mantenerse la tendencia actual, ningún país del mundo quedará a salvo de sus efectos más devastadores. Y España será uno de los más afectados, con un 80% de su territorio en riesgo de desertificación.
Por tanto, como reto global, ha de ser afrontado en común y de manera integral. Porque los milagros no existen y ni las emisiones de CO2 ni sus impactos van a comenzar a reducirse sobre nuestro país si no actuamos de manera decidida contra ellas. Hemos llegado a un nivel alarmante; según Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tenemos tres años para actuar frente al cambio climático antes de que sea demasiado tarde.
Los efectos del cambio climático tienen un impacto directo sobre todas las personas. Sin embargo, ese impacto no es igual para todos. Según el último informe anual de la ONU sobre seguridad alimentaria y nutrición, el número de personas que pasan hambre en el mundo ha aumentado por primera vez después de una década de descensos continuados. No solo debido a los cambios en los regímenes de lluvias, aumentos de las temperaturas medias, etc., sino porque cada vez es más patente el aumento de las plagas en cosechas, la expansión geográfica de las mismas y la fragilidad de los sistemas para enfrentar estos cambios. También en el caso de la ganadería o la pesca es evidente que los cambios están resultando dramáticos para los rendimientos alimentarios.
Por su parte, los desastres naturales provocados por el cambio climático están teniendo graves efectos ya, y multiplican la vulnerabilidad de millones de personas que se convertirán en este siglo en refugiadas o desplazadas por motivos de los efectos del clima. Ya sea por desastres de impacto lento, como las sequías recurrentes o la elevación del nivel del agua en los océanos, o por desastres de impacto súbito como los terremotos o inundaciones, vientos huracanados o erupciones volcánicas, cada día contabilizamos un mayor número de personas que se ven obligadas a dejar sus hogares habituales, cultivos y buscar otras zonas en las que vivir por razones climáticas.
Los impactos, asimismo, del cambio climático sobre la salud empiezan a ser conocidos y temidos por organismos como la Organización Mundial de la Salud: se estima que habrá un incremento más que notable en las muertes relacionadas con el cambio climático y, según las estimaciones más conservadoras, los costes exclusivamente de este escenario sanitario oscilarán entre 2.000 y 4.000 millones de dólares.Por supuesto y por desgracia, serán países en vías de desarrollo, con sistemas sanitarios precarios y vulnerables, los más castigados por este drama.
En definitiva, las personas en situaciones más vulnerabilizadas, que son además quienes menos contribuyen al cambio climático, son las que sufren sus peores consecuencias. Y esto es así porque lo que tenemos enfrente no es un problema simplemente ambiental o ecológico. Estamos hablando de un gravísimo problema de desigualdad global. Hablamos de la forma en que se produce y se distribuye la energía, de la producción y el precio de los alimentos, de un sistema económico injusto que, cuanto más se desarrolla, más se lleva por delante nuestro sustento material y que se basa en la concentración en pocas manos de riquezas y recursos mientras socializa los residuos y los impactos.
Ello se plasma en unas enormes desigualdades norte-sur y centro-periferia, pero también en brutales desigualdades de género: y es que sobre las mujeres recae gran parte de la responsabilidad de producir y procesar alimentos y de garantizar el mantenimiento de sus hogares. Son, por ello, las que padecen de manera más profunda el impacto del clima extremo, la desaparición de los recursos del agua y la degradación de la tierra, según un informe de Naciones Unidas.
Y por esto, cuando hablamos de lucha contra el cambio climático hablamos también de redistribución de riqueza, de descentralización de la toma de decisiones y, muy especialmente, de solidaridad en el espacio y en el tiempo: con personas lejanas, con generaciones futuras.
Como país y como sociedad tenemos la enorme responsabilidad de hacer frente al cambio climático, para garantizar los derechos intergeneracionales de nuestros hijos e hijas. Debemos afrontar un reto global cuyo abordaje no puede retrasarse más. Es un reto que nos interpela y que exige una transformación de raíz de nuestro modelo económico y productivo. Es un reto que, además, tiene que afrontar de manera directa la justicia social, la igualdad y el bienestar de las personas para garantizar la vida digna en condiciones de sostenibilidad de todos los seres vivos del planeta.
Por Ione Belarra (Podemos), Josep Vendrell (En Comú Podem), Yolanda Díaz (En Marea), Juantxo López de Uralde (EQUO) y Eva García Sempere (Izquierda Unida).
