Contra la precariedad, oposiciones

Este reportaje sobre las oposiciones se publicó originalmente en #LaMarea106. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y seguir apoyando el periodismo independiente.

Si alguien busca la palabra «oposición» en el diccionario de la Real Academia Española, no será hasta la cuarta acepción cuando encuentre la definición que explica las ansias de cada vez más personas. Sin embargo, los primeros significados, de alguna manera, también encajan. En torno a la acción de «oponer u oponerse» a la realidad que les circunda, la precariedad en la empresa privada, los horarios esclavizadores, los ascensos bajo criterios subjetivos y la falta de un horizonte claro, consiguen que la función pública sea un buen refugio en el que desempeñar un trabajo estable y seguro. Ni siquiera es necesario que esté mejor remunerado que otras posibilidades laborales. Incluso aunque no se tenga claro si eso que ahora aporta cierto alivio será a lo que uno se quiera dedicar toda su vida, la entrada en la Administración brinda un pequeño oasis de tranquilidad.

La escritora Sara Mesa aborda la cuestión desde el conflicto en su última novela, Oposición (Anagrama, 2025). La protagonista, Sara María Villalba Villalba, acude como interina a un edificio de oficinas en las que se trabaja para el Estado. «Los funcionarios parecían atornillados a sus sillas, rígidos y absortos cada uno en lo suyo», describe al principio. Más adelante despeja su posición: «Si resultaba ser o no el trabajo de mis sueños era lo de menos, porque yo no pensaba en esos términos. Era, en todo caso, el empleo que me proporcionaría la vida que todavía no había podido tener, la vida de la emancipación y de la libertad». No se trata de un pensamiento muy alejado del que albergan miles de personas cada año.

Huyendo del sector privado

Alberto Pajares nació en 1988 y tras experimentar la precariedad laboral galopante en el sector privado se dio cuenta de que opositar podría ser una salida. Este leonés que reside en Madrid estudió Arquitectura y se especializó en clima y medioambiente. En septiembre de 2022 empezó a preparase la oposición de agente medioambiental para el Ministerio de Transición Ecológica, categoría A2. Aprobó, pero todavía no se ha oficializado el nombramiento, así que trabaja como funcionario en prácticas.

Alberto admite que las condiciones laborales en la Administración pública le atrajeron desde el primer momento. «Antes he trabajado en sitios donde estaba muy mal pagado y echaba mil horas. Ahora cobro un salario base de unos 1.050 euros, y cuando empiece con mi plaza llegaré hasta los 30.000 euros brutos al año», admite. Sin embargo, esta no es una gran cantidad para alguien que vive en Madrid. «Estoy hipotecado y vivo con mi pareja. Es increíble, pero sería imposible comprarme un piso en esta ciudad si estuviera yo solo, incluso siendo funcionario», se queja.

El tiempo es otra de las cuestiones que Pajares tiene más en cuenta. No solo el tiempo como tal, sino la calidad del mismo. «Yo sé que voy a salir de trabajar a las 15.00 horas toda mi vida. Eso da una tranquilidad enorme», comenta. Él ha decidido dedicar parte de su tiempo libre a la militancia en el Sindicato de Inquilinas de la capital, estudiar Sociología por la UNED e impartir clases de guitarra flamenca.

La vocación de servicio público es algo que también le acompaña. «Es por mi forma de entender el trabajo. Necesito saber que tiene un sentido social. No se trata solo de que gane dinero, sino de que ayude de alguna forma a mejorar las cosas», sostiene.

Oposición como inversión

Diferente fue la experiencia de Isabel Espín. Esta murciana de 29 años estudió Periodismo y Humanidades en Madrid, donde reside. Se decantó por la gestión cultural tras realizar un máster. «En ese mundo o conoces a gente o tienes mucha suerte o vas a estar en posiciones muy precarias», afirma. Decidió opositar en 2022. «Es una inversión, porque los preparadores y las academias son caros. Ese era otro motivo por el que intentar sacar la plaza lo antes posible», dice al respecto.

Finalmente, se presentó hasta a tres exámenes en apenas unas semanas: el primero con categoría A2, el segundo de C1 y el último de C2. Los resultados llegaron escalonados: tras pasar como funcionaria por Patrimonio Nacional y el Ministerio de Exteriores, se ha estabilizado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Actualmente trabaja en un programa enfocado en el pueblo gitano. «Elegí esta opción porque me gusta que el resultado de mi trabajo sea algo cercano a lo público y a lo ciudadano», subraya.

La Administración pública le ha facilitado una capacidad de elección que viene ligada a su calidad de vida. «Ahora puedo bajar algunos fines de semana a Murcia gracias al teletrabajo. Incluso mi tiempo libre no lo tengo que dedicar a pensar qué voy a hacer cuando se me termine la beca o el contrato temporal, que antes era lo habitual». De todas formas, la situación de la vivienda en Madrid enturbia sus aspiraciones. Espín, que comparte piso con su prima en Puente de Vallecas, cobra unos 1.800 euros al mes y no tiene ni pareja ni apoyo económico familiar. Así y todo, se queda «con la libertad que antes no tenía». «Ahora puedo improvisar e incluso ir al cine un miércoles», ilustra.

Salario, el último motivo

Eva Peces también es funcionaria. Natural de un pueblo de Toledo, estudió Derecho y Ciencias Políticas en Madrid. En estos momentos trabaja en la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura. Nacida en 1989, el desencanto que sintió tras trabajar en uno de los partidos políticos surgidos en torno al 15-M y la llegada de la pandemia le impulsaron a intentar entrar en la Administración pública. Volvió a casa de sus padres y comenzó a estudiar en octubre del 2020. A la segunda fue la vencida. Consiguió plaza en 2023. «Yo no diría que lo más importante es el salario. Cobro unos 1.600 euros netos, y en unos meses tendré el plus de productividad. En otros sitios he cobrado más», señala.

Como ella, hay tantas otras miles de personas que se decantan por la estabilidad como el principal motivo para comenzar una oposición. Tal y como recoge un informe de OpositaTest, tan solo el 21% de los encuestados se decantó por la vocación como primera respuesta, seguidos del 17% que respondió que el salario es lo que más le atraía de la función pública.

Por otro lado, la crisis sanitaria que acarreó la COVID-19 supuso un pequeño impulso para aquellas personas que se debatían entre opositar o no. Según otro estudio de OpositaTest (realizado a partir de 4.000 entrevistas a personas que opositaban en 2022), el 50% afirmaba que la pandemia había influido «mucho o bastante» en su elección. El 40% de los opositores llevaba menos de un año preparando las pruebas y, además, lo hacían por primera vez, lo que significó un aumento del 30% respecto a los datos de 2019, previos a la pandemia.

Peces se siente realizada con su trabajo, pero también contenta con la disposición de su tiempo. «Ya no tengo a ningún jefe molestando a horas intempestivas ni la presión de un despido soplando en la oreja todo el día. Ahora no sé ni qué hacer con tanto tiempo libre; tengo ganas de estudiar otras cosas simplemente por el placer de hacerlo, y eso es una suerte que casi nadie tiene», confiesa.

Su paso por el Ministerio de Cultura le ha hecho ver que hay más personas de las que pensaba con ganas de intentar cambiar las cosas desde dentro. «Aquí hay mucha gente con vocación y eso me alegra bastante», remarca. A pesar de ello, a nivel personal no es capaz de afirmar si este será el trabajo que le acompañe toda su vida. «Desde luego no estaré en el mismo puesto ni en el mismo ministerio, pero tengo esa opción, que me da mucha paz, de poder pedir una excedencia y luego volver. Un privilegio de narices en esta época que vivimos», finaliza.

Realismo vs. vocación

Algo diferente es la historia de Sandra, subinspectora de trabajo en Ceuta que se presenta con este nombre ficticio para preservar su desempeño laboral. A sus 36 años, lleva cuatro como empleada del Ministerio de Trabajo. Estudió Derecho y estuvo siete años opositando. Se presentó a cinco convocatorias, hasta que lo consiguió. Ella, que querría haber estudiado Historia o Historia del Arte, siguió las recomendaciones de su padre, abogado de profesión. Él mismo le dijo que podría seguir manteniéndola hasta lograr la preciada meta. Ahora, con pluses y complementos, cobra unos 3.200 euros al mes en su nivel A2.

Las características propias de sus funciones hace que no tenga horarios tan rígidos como otros funcionarios, además de gozar de una gran horquilla de espacio para el teletrabajo. Tener su plaza fija le ha posibilitado poder pensar en comprar una casa. «Sé que tengo la vida resuelta y eso me hace estar muy tranquila. Tras siete años estudiando, solo descansando los domingos, metida entre cuatro paredes cientos de horas, ahora todo lo que hago es al aire libre, disfruto mucho de la naturaleza», ilustra.

En el camino de la plaza fija como funcionaria se encuentra Ana Ayuso. Periodista de profesión, esta logroñesa de 29 años se presentó a la prueba de redacción de información y contenidos de RTVE el pasado noviembre, dos meses después de que se produjera un turbio incidente: alguien había filtrado las preguntas. En aquel momento, unas 5.000 personas aspiraban a hacerse con una de las 276 plazas ofertadas por el Ente público.

«A mí, como periodista, los medios privados me han quitado la vocación», enuncia tajante. Si llegara a entrar en la corporación pública, acepta que la posibilidad de experimentar nuevos formatos o incluso destinos dentro del país son otros de los aspectos que le atraen. «Además, al menos sabré que si quiero ir a más no dependeré de cómo le caigo al jefe, sino que habrá unos criterios objetivos para el ascenso», añade.

En estos momentos vive en una «incertidumbre total» y valora diversas opciones. Tras haber trabajado hasta 10 horas al día para diferentes cabeceras nacionales, Ayuso se imagina su vida como funcionaria: «Podría ir al gimnasio todos los días, apuntarme a baile o a clases de inglés. Sobre todo, agradeceré sentir que la desconexión es real, que nadie te va a escribir a medianoche para que vayas pensando qué hay que hacer al día siguiente», se explaya. También demanda una actualización real de los salarios en los medios de comunicación privados: «Si quieren retener el talento, no les queda otra, porque muchas ya nos estamos yendo a lo público para tener una mínima calidad de vida».

De investigador a docente

Álvaro Toribio pasó de querer dedicarse a la investigación a opositar a profesor de Biología. Tiene 28 años, vive en Matalascañas (Huelva) y estudió en la Universidad de Sevilla. «He pasado por experiencias laborales previas muy malas. Había días en que trabajaba más de 10 horas y apenas se remuneraban. Me di cuenta de que el nivel de exigencia para continuar la carrera investigadora también es altísimo», precisa. La revelación llegó en una fiesta, la que celebró su jefe de laboratorio, un personaje reconocido en la academia, por conseguir una plaza fija. Tenía más de 40 años y Toribio se dijo que no quería ser como él.

En 2020 comenzó el máster habilitante para convertirse en profesor. Mientras tanto, empezó a dar clases particulares. Le iba bien, pero no lo suficiente como para seguir pagando una habitación compartida en un piso de la capital andaluza. Decidió volverse a Matalascañas con sus padres. «Es una suerte no tener la presión mental de cocinar o limpiar como lo haría en mi propio piso mientras oposito, y sé que es algo con lo que no todo el mundo puede contar», admite. Por el momento se ha presentado a dos exámenes, aunque no ha conseguido plaza. «Yo sí creo que la gente oposita más por la estabilidad que por la vocación de servicio público, aunque quizá no tanto en educación. Yo no vi que quería dedicarme a esto hasta que empecé a ayudar a los chavales», concluye.

Servidores públicos

La escritora Sara Mesa deja algunos dardos en las algo más de 200 páginas que ocupa su obra. La protagonista es consciente de dónde viene, aunque no sepa todavía hacia dónde va ni cuándo llegará a la meta, como tantos otros opositores. Un personaje de la novela enfatiza que «lo importante en el trabajo es la seguridad y luego, en el tiempo libre, vienen las aficiones, las distracciones y las pasiones, que normalmente no te dan de comer». Más adelante aborda la cuestión del tiempo: «Le obsesionaba, el que se vende y el que se paga, pero también el que roba el sistema, el que nos arrebata aunque luego no se utilice para nada».

Sin embargo, una savia nueva recorre la Administración. Lejos de ir a calentar la silla, la vocación sigue impulsando a miles de personas a acudir a sus puestos de trabajo con el ánimo de mejorar los servicios, aportar sus conocimientos y, sobre todo, que la ciudadanía no se olvide de que están allí para ellos, que no se olvide del apellido que siempre acompaña a la Administración: pública.

Muchos opositores y cada vez más jóvenes

El estudio El peso del opositor en España, de 2024, realizado por OpositaTest mediante 2.000 entrevistas online a través del panel de internautas de Netquest, esgrime que uno de cada cuatro españoles ha preparado o está preparando unas oposiciones. Concretamente, 2.414.561 personas opositaron en 2023. Otro dato: dos de cada 10 españoles de entre 18 y 55 años se está pensando opositar próximamente. En total, un 10% de los españoles habría estado preparando unas oposiciones en 2023, del que un 7% serían nuevos opositores.

Los datos también reflejan que los menores de 34 años representan casi seis de cada 10 personas con intención de opositar. El 87% de ellos no tiene hijos y el 47% de los mismos goza de unos ingresos en el hogar de entre 1.700 y 2.000 euros.

Según otro estudio realizado por la academia de oposiciones MasterD, la edad media de las personas que se presentan a una prueba de oposición está en los 30 años. Tal y como informan, entre los hombres, la mayoría se sitúa en la franja de edad entre los 18 y los 25 años (23%). En el caso de las mujeres ocurre lo mismo: el grupo mayoritario (19%) tiene entre 18 y 25. «Esta es una tendencia notable en 2025: el número de opositores de 18 a 25 años ha crecido respecto al año anterior, pasando de un 29% en 2024 a un 42% en 2025», destacan desde la academia.