La transparencia mejora “ligeramente” en los cien ayuntamientos más grandes de España

En un momento en el que salen a la luz de forma periódica escándalos relacionados con la corrupción en las administraciones públicas, la transparencia, entendida como “apertura informativa”, ha mejorado “ligeramente” por lo menos en los 110 ayuntamiento más grandes de España. Esa es la conclusión del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), elaborado por la organización Transparencia Internacional España, presentado esta mañana en la Fundación Ortega-Gasset en Madrid.

En su cuarta edición, este estudio ha radiografiado los 110 ayuntamientos de mayor tamaño, que juntos agrupan más de la mitad de la población del país. Los 80 indicadores utilizados para evaluar a los consistorios municipales están repartidos en seis áreas que van desde la transparencia económico-financiera, a materias de urbanismo y obras públicas y la relación con los ciudadanos y la sociedad, entre otros.

Los ocho ayuntamientos más sobresalientes son Alcobendas, Bilbao, Gandía, Gijón, Oviedo, Ponferrada, San Cugat del Vallés y Torrent. La media general ha alcanzado los 70.9 puntos sobre 100.

Antonio Garrigues Walker, patrono vitalicio de la Fundación Ortega-Marañón, ha hecho una valoración muy positiva de la evolución de la transparencia en los ayuntamientos, que los ha definido como un “foco constante de corrupción”. “Han ido mejorando de forma sustancial”, ha sentenciado.

“Se ha demostrado que los países que son más transparentes son menos corruptos. Es una correlación muy clara”, ha explicado Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Pero la corrupción es la cuarta preocupación de ciudadanos en este momento, según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). ¿Cómo se puede solucionar? “Creando una cultura de la transparencia”, ha asegurado Jesús Lizcano, catedrático de la UAM y presidente del TI-España.

Respecto a si las auditorías son una posible herramienta, Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente segundo de la Fundación Ortega-Marañón, ha asegurado que “no es el mecanismo para combatir la corrupción, pues si el dinero que se ha metido es oscuro, no queda constancia”. En la misma línea, Lizcano ha puntualizado que “una auditoría es útil solo si es externa, con documentación legalizada, en blanco. Si no la hay, es imposible hacer una auditoría. Lo importante es que toda la información trascienda en tiempo real y que cada uno haga su auditoría o análisis”.

El éxito de Bilbao

El ayuntamiento de Bilbao repite con una puntuación de 100. “Bilbao desde el primer momento ha estado en el número uno y ahí se mantiene. Es un clásico”, ha comentado Lizcano, además de asegurar que se ha convertido en un referente para otros. “No es cuestión ni de tamaño ni de ideología”, ha insistido.

En la otra cara de la moneda se encuentran Valencia, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Zamora, Teruel, Almería y Algeciras. Estos ocho consistorios no han participado en la ITA porque no han devuelto el Cuestionario.

Que los partidos se auto-incluyan en la Ley

Garrigues Walker ha salido de la sala de actos de la Fundación antes de que finalizase el acto rumbo al Congreso de los Diputados, pues, como él mismo ha explicado, “se están realizando encuestas a personas conectadas con la Ley de Transparencia”.

Para el catedrático Lizcano, en esta Ley se debe “recoger el sentimiento de la ciudadanía, que siente como un derecho conocer los datos de sus administraciones”.

Sánchez Lambás ha afirmado que “vivimos un momento muy importante para que los partidos den un paso adelante y puedan empezar auto-incluyéndose en la Ley”. El vicepresidente de la fundación ha explicado que, pese a que los partidos políticos no son instituciones públicas, “deberían aplicar la transparencia a su día a día, desde contratos a subvenciones”.

Lizcano, por su parte, ha añadido que “corremos el riesgo de que, tal y como se plantea en este momento, no se cumpla”. Para tratar de evitarlo, Transparencia Internacional España va a proponer en el Congreso que se incluyan sanciones para quienes incumplan la Ley y que la agencia de control que se va a crear sea independiente del gobierno, “que ahora no lo es”, ha concluido.