Política | Sociedad
Consumo insta a Airbnb a quitar de manera inmediata 65.000 anuncios ilegales de pisos
Los tribunales dan la razón al ministerio, que ha señalado que muchos de los anuncios de la multinacional no incorporan el número de registro, no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores o exhibe números de licencia diferentes a los expedidos por las autoridades.
Consumo ha pedido a Airbnb que, de manera inmediata, retire más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en su plataforma al incumplir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos.
En los últimos meses, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma e instó a la empresa a bloquear esta publicidad.
Airbnb recurrió en los tribunales la acción de Consumo y ahora un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncia sobre una de las resoluciones y respalda la iniciativa del ministerio e insta a la multinacional a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5.800 anuncios que incumplen la legislación.
Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el TSJM en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco.
A través de la Dirección General de Consumo, el Ministerio de Consumo ha instado a la filial en Irlanda de esta multinacional a eliminar 65.935 anuncios al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos.
En concreto, se vulnera la normativa al no incorporar los anuncios el número de licencia o registro (la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada), no indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores o los números de licencia no corresponden a los expedidos por las autoridades.
El Ministerio de Consumo habla de «descontrol» y de «ilegalidad generalizada» de los pisos turísticos en España, un problema que el ministro Bustinduy se ha comprometido públicamente a abordar. Su principal obstáculo son el resto de administraciones públicas: los ayuntamientos y comunidades autónomas gobernados por el PP han reiterado en numerosas ocasiones que no van a colaborar con el Gobierno central para atajar la crisis de la vivienda.
El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha llegado a dilatar el cierre de los pisos turísticos ilegales, en algunos casos, hasta tres años. Para el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, todo lo que tiene que ver con la vivienda turística es un asunto «complejísimo». También se comprometió a limitar ese tipo de alojamientos más allá del área central (ya completamente copada por ellos), pero al final dio marcha atrás en su decisión.