Una investigación sitúa a varias asociaciones del terrorismo como un ‘lobby’ a favor de la derecha y la extrema derecha

Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo se han convertido en un lobby de presión a favor de la derecha y extrema derecha en España. Esa es la tesis del periodista Àlex Romaguera en su último libro, Víctimas SA (Txalaparta, 2025). La monografía repasa la genealogía de una mayoría de colectivos que en los últimos años se han pronunciado políticamente, a pesar de la heterogeneidad ideológica de las víctimas, además de apuntalar la idea de “víctima oficial” esgrimida tanto por el PP como por el PSOE durante sus gobiernos. Esto, según explica el autor, les ha granjeado a sus representantes numerosas puertas giratorias que les han procurado un sillón al calor de las siglas de la derecha y extrema derecha españolas.

Romaguera se retrotrae a la Transición para explicar el origen de lo que ocurre en la actualidad: “Los dos grandes partidos identificaron como víctimas únicamente a aquellos grupos que se oponían a la reforma política, como ETA, los GRAPO o el FRAP, o ahora el terrorismo yihadista, y dejaron fuera de esa consideración a aquellas víctimas causadas por el terrorismo de Estado, la extrema derecha o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

El autor señala a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), actualmente liderada por Maite Araluce, como la entidad que se ha arrogado el monopolio de este discurso. “Utilizan el dolor con finalidades políticas y cada vez más al servicio de la derecha, como sucedió después del 11-M de 2004”, ejemplifica el autor, quien ha buceado en archivos y realizado decenas de entrevistas durante su investigación.

Un antes y un después de Alcaraz

Desde su punto de vista, todo cambió cuando la AVT pasó a manos de Francisco José Alcaraz en 2004. “Su misión era deslegitimar el Gobierno de Zapatero y en nombre de las víctimas perseguir a grupos culturales vascos, músicos y cineastas, que rápidamente fueron señalados como cooperadores del terrorismo”, añade. Alcaraz es familiar de dos víctimas del atentado que ETA realizó en el cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987. Fue uno de los principales impulsores de las teorías de la conspiración en torno al 11-M. Ahora es diputado de Vox en el Congreso.

En aquellos tiempos, no era raro ver al presidente de la AVT participar en protestas convocadas por sectores ultracatólicos como Hazte Oír y el Foro de la Familia, siempre en contra de las políticas progresistas del gobierno socialista. “Se extralimitaba en sus funciones, porque en los estatutos queda recogido que no puede intervenir en cuestiones de ámbito social”, apunta el mismo Romaguera.

Alcaraz apoyó públicamente las protestas contra el matrimonio igualitario y la ley del aborto, así como la política antiterrorista del Gobierno. Más actual es el apoyo de la AVT al cántico “que te vote Txapote” para desprestigiar el gobierno actual de Pedro Sánchez, añade el periodista.

El autor catalán subraya que la postura neoconservadora de la AVT empieza a chocar con los estándares europeos. “Desde la ONU y la Unión Europea se les ha exhortado a que deben reconocer como víctimas también a aquellas personas damnificadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la ultraderecha, pero ellos se niegan”, asevera.

El caso vasco: Covite

El libro dedica un capítulo al Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), con Consuelo Ordóñez a la cabeza. La hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, preside en estos momentos la organización que, según Romaguera, “ha deslegitimado continuamente la presencia de Bildu en las instituciones”. De todas formas, en los últimos años Ordóñez sí se ha mostrado en contra del discurso “maniqueo”, según el autor de la investigación, auspiciado por PP y Vox: “Ahora comienzan a reconocer a las víctimas causadas por el GAL o la extrema derecha, aunque son la principal asociación vasca que siempre ha ido de la mano de la AVT contra el nacionalismo vasco”.

Poco a poco, el relato que siempre enarbola la derecha y extrema derecha españolas ha empezado a resquebrajarse. “Muchas víctimas lo único que quieren es que se deje de utilizar su dolor para finalidades políticas”, indica el autor, que señala que otras entidades como la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, liderada por Pilar Manjón entre 2004 y 2016, siempre han defendido un solo perfil al reivindicar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El relato propio de las víctimas

Robert Manrique tenía 24 años el 19 de junio de 1987, un hijo de 3 años y otro de 10 meses. Poco después de las 16.00 horas, un coche bomba aparcado por ETA debajo de la carnicería en la que trabajaba, en el Hipercor de Barcelona, explotó. Salvó la vida con secuelas que le acompañarán de por vida. En aquel momento comenzó un tortuoso y no siempre gratificante camino hacia la verdad y la reparación. 

Él prefiere establecer un punto de inflexión en la AVT con la llegada de Alcaraz a la presidencia: “Yo pertenecí a la antigua, como yo la llamo, desde 1990 hasta 2002, que me echaron”, dice. Durante todos aquellos años, fue el coordinador de la entidad en Catalunya, en la que se llegaron a organizar unas 160 víctimas. En 2009 también se apartó, aunque siguió siendo miembro, de la asociación catalana que crearon tras su marcha de la AVT, ante la inoperancia de las asociaciones de víctimas y los atentados yihadistas de agosto de 2017. “Hablaba con las víctimas de Barcelona y Cambrils cinco meses después de lo sucedido y ninguna asociación les había contactado excepto 11-M Afectados por el Terrorismo. Yo quiero que alguien me explique realmente a qué se dedican, porque con poner tuits no es suficiente”, se queja.

Manrique recalca que uno de los problemas de los que adolecen estas asociaciones es que no cuentan con la opinión de sus miembros: “Hablan en nombre de las víctimas, pero desde 2009 que estoy en la catalana no me han preguntado mi postura sobre ningún aspecto”, ilustra. 

Además, tampoco resulta fácil salir de ellas. Es lo que intentaron hasta 68 familias con la AVT una vez que Alcaraz asumió la presidencia y se percataron de los derroteros que tomaba la entidad. “Llegó a decir que había judíos que colaboraban con los nazis cuando vio que víctimas como yo íbamos a discutir con el Gobierno vasco”, apunta. La AVT no aceptó las bajas: “Porque las había tramitado una tercera persona, que era yo, porque las había enviado a Correos”, completa Manrique.

Esta víctima del atentado del Hipercor exige que el Estado pida a las asociaciones una memoria de gestión de los recursos públicos que reciben. “Ahí habría unas sorpresas que fliparíamos”, en sus propios términos. También se pregunta dónde quedan aquellas víctimas de los atentados del Batallón Vasco Español, la Triple A, los GAL o Fuerza Nueva. “Todavía hay asociaciones que no entienden que no tienen derecho a decidir quién es víctima y quién no, sino la Administración a través de una sentencia”, apuntilla.

Las víctimas excluidas de la oficialidad

Pili Zabala es hermana de José Ignacio Zabala, hecho desaparecer por los GAL en 1983. Hasta en dos ocasiones el Estado español les ha negado la solicitud de víctima del terrorismo a su familia. “El problema es que el GAL nunca fue reconocido como una banda armada, aunque sí lo hacen sentencias del asesinato de dos ciudadanos franceses por el GAL”, comenta. Su caso es uno de los que sí reivindica Ordóñez desde Covite.

Fue Sonia Ramos, por entonces directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Gobierno de España, quien informó a la familia de que José Ignacio no reúne las condiciones para ser considerado tal porque era miembro de ETA. “Mi hermano nunca ha sido juzgado. Sin embargo, sobre él siempre ha pesado la presunción de culpabilidad”, denuncia Pili Zabala.

Finalmente, lo ocurrido con José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa, cuyos cuerpos no fueron encontrados hasta 11 años después de su desaparición, se vio reconocido por el Gobierno vasco en una declaración de víctimas de secuestro, desaparición forzada, conculcación a la vida y torturas. “No nos acercamos a ninguna asociación, es cierto. Ellas tampoco vinieron. Sí veo un negacionismo en este tipo de organizaciones en las que, poco a poco, ciertas voces ahora discrepan de la línea de trabajo que han seguido hasta la fecha”, concluye la hermana de José Ignacio.