Investigación
[INVESTIGACIÓN] Gestación subrogada en Colombia: un mercado en auge que sortea la ley
Clínicas, fundaciones, agencias intermediarias, reclutadoras de mujeres para gestar… El mercado de los vientres de alquiler incluye a múltiples actores en un país que no cuenta con una ley específica. El Ministerio de Salud confirma que carece de mecanismos para supervisar que los procedimientos, que siempre deben ser ‘altruistas’, se ajusten a las directrices establecidas por la Corte Constitucional en el año 2009.
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“Si eres mujer y buscas trabajo esta es tu oportunidad. ¡Trabaja como gestante subrogada alquilando tu vientre!”.
Muchas mujeres colombianas descubren la posibilidad de ser gestantes subrogadas a través de las redes sociales. A diario, clínicas, agencias, reclutadoras y padres de intención publican sus ofertas, y decenas de mujeres responden atraídas por la promesa de una ganancia significativa. Aunque estos procesos suelen presentarse como altruistas, las compensaciones pueden doblar el salario mínimo anual. La falta de regulación y las profundas desigualdades socioeconómicas impulsan la expansión de este lucrativo mercado.
Para comprender este negocio en Colombia, La Marea ha seguido durante varios meses la actividad de grupos de gestación subrogada en redes sociales; ha visitado clínicas y agencias de intermediación; ha analizado documentos; ha entrevistado a decenas de mujeres –subrogantes, reclutadoras de gestantes, abogadas, legisladoras, profesionales y exprofesionales de las clínicas–. El resultado revela un panorama complejo y a menudo opaco, donde numerosos actores se benefician de los vacíos legales existentes y en el que las mujeres gestantes son la parte más vulnerable del proceso.

Parte I: Sin rastro de altruismo
En el país andino operan 45 clínicas especializadas en reproducción asistida, según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Varias de ellas han expandido sus servicios para incluir la gestación subrogada en su oferta, pese a la ausencia de una ley específica.
Desde el año 2009, la Corte Constitucional ha exhortado hasta seis veces al Congreso para legislar y ha emitido una serie de lineamientos para la realización de los procedimientos de gestación por subrogación, entre ellos que la práctica debe realizarse de forma altruista, es decir, sin ánimo de lucro. También se fijaron requisitos como haber tenido al menos un embarazo y no más de dos cesáreas, que la mujer no tenga un fin lucrativo y no encontrarse en situación de vulnerabilidad psicológica o económica. Sin embargo, no existe una autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de estas directrices y, ante la creciente demanda de gestantes, resulta imposible garantizar que las clínicas las respeten.
“Eso es un tema de responsabilidad social de la clínica, de quien evalúa todo esto”, explica Natalia Afanador, abogada especializada en derecho comercial y familiar, quien trabaja desde hace más de una década asesorando a clínicas y padres de intención. “Hay quien lo maneja con ética, responsabilidad y seguridad, dándole valor al proceso, y otros que solo buscan lucrarse”. El Ministerio de Salud confirmó a través de un portavoz que no tiene mecanismos para supervisar casos individuales ni realizar seguimientos específicos de estos procedimientos.
La mayoría de las gestantes entrevistadas para esta investigación proceden de contextos de precariedad y reconocieron estar motivadas principalmente por razones económicas. Las retribuciones por completar el proceso rondan el equivalente a 10.000 euros –casi el triple del salario mínimo anual colombiano–. Esta cantidad representa alrededor del 17% de los 60.000 euros que de media suelen abonar los padres de intención, también llamados comitentes en los contratos.
“He trabajado como en diez países. Colombia es el mejor país del mundo”, comentó en una entrevista telefónica Bleu Jean Luc Olivier Joel, director de la agencia de intermediación entre padres de intención y gestantes Dreamstork y cofundador en España de World Medical Healthcare SL (anteriormente conocida como Baby Is Life Consulting SL). Joel dice apreciar el hecho de que las mujeres colombianas no suelen pedir dinero extra ni chantajean a los padres de intención a través del bebé: “Las chicas son una maravilla”.
Joel también considera que las mujeres realizan estos procesos por dinero, algo que defiende, ya que en su opinión la subrogación altruista no es justa: ”Le pagan a la clínica, al abogado, todo el mundo recibe algo y la gestante no recibe nada. No es lógico”.
Según José Pablo Saffon, director y asesor científico de la clínica Babynova By Novafem, las cantidades que se pagan a las gestantes se realizan con el dinero que abonan las familias de intención y “siempre están definidas en el marco de la subrogación altruista”.
La ausencia de una definición clara sobre qué constituye altruismo deja amplios márgenes a la interpretación. “Las clínicas se amparan en que son compensaciones, no pagos”, dice la abogada penalista Margarita Useche. Por ello, la Corte Constitucional ha instado al Congreso a legislar para subsanar los vacíos normativos.
Parte II: Acuerdos privados, contratos «opacos»
Una vez aceptadas como candidatas idóneas, las mujeres proceden a la firma de contratos. Analizar los convenios que regulan estos procesos no es tarea sencilla, las clínicas y abogados consultados por La Marea fueron reacios a facilitar sus modelos de contrato de gestación subrogada. Finalmente, periodistas de este equipo accedieron a diez contratos de distintas gestantes y empresas con el fin de revisar sus cláusulas.

Por lo general, las gestantes firman los contratos de subrogación con los padres de intención en las oficinas de las clínicas, mientras que sus contrapartes lo hacen a distancia. En algunos de estos documentos se detallan numerosas cláusulas que, según varias expertas en derecho civil y penal consultadas, podrían estar vulnerando derechos de las mismas mujeres. Por ejemplo, en aquellos casos en que las gestantes se comprometen a no salir de Colombia durante el embarazo y durante los 120 días posteriores al parto. También hay restricciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, que riñen con la última sentencia de la Corte Constitucional: C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.
El hecho de que las clínicas no aparezcan en estos contratos, pese a ser las prestadoras del servicio médico, resulta problemático según algunas investigadoras y abogadas consultadas. Por el contrario, el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Clínicas de Gestación por Sustitución y asesor legal de Novafem, Simón Hernández, opina que el hecho de que las clínicas no aparezcan en los contratos no implica ausencia de responsabilidad extracontractual. Si la gestante sufre un daño no previsto, puede acudir a los tribunales para exigir responsabilidad extracontractual de la clínica y obtener una indemnización. Hernández enfatiza que “no hay opacidad” en estos acuerdos.
Pero contratar asistencia legal para demandar a una clínica es algo que se antoja imposible para las mujeres entrevistadas, debido a que no cuentan con los recursos económicos para costear los gastos ni pueden emplear el dinero obtenido realizando estos procesos puesto que, por lo general, son un ingreso para sostener a sus propias familias.
Consentimiento médico
Además del contrato privado con los padres de intención, las gestantes firman un consentimiento médico informado en el que el especialista sanitario responsable explica todos los riesgos que conlleva el procedimiento al que se someterán. Ese es el único documento que firman conjuntamente mujeres y personal de las clínicas.
Ninguna de las entrevistadas durante esta investigación dijo entender realmente cuáles eran los riesgos para su salud de seguir un proceso de gestación subrogada, aunque sí confirmaron que les hacían firmar numerosos documentos en cada consulta médica. Algunas mujeres que ya habían completado el proceso señalan que, pese a haber sentido en ocasiones que se vulneraron sus derechos —por ejemplo, mediante cesáreas que evaluaron como innecesarias—, no se sentían seguras para reclamar por temor a perder todas las compensaciones comprometidas.
Marcela Gómez Molina, jueza 38 de familia de Bogotá y docente de la Universidad Nacional, remarca el desinterés por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia para estudiar la legalidad de estos contratos. “Si una mujer gestante llega a tener algún problema, va a tener que demandar al médico que puso el embrión en su cuerpo, porque es la persona que tenía que darle el consentimiento informado de lo que fuera a pasar”, señala.
Parte III: El papel de las fundaciones de ‘acompañamiento’
“Un mejor futuro es posible con un Plan, nosotros te brindamos las herramientas para hacer realidad tus Metas”. Es el mensaje que se lee en la página web de la Fundación Deseo de Vida, donde se promociona la posibilidad de “lograr tus sueños” gracias a la subrogación.
Usualmente, los pagos a las gestantes que las clínicas denominan “compensaciones” no proceden de forma directa de los centros de fertilidad, sino que suelen ser transmitidos por entidades sin fines de lucro creadas con el propósito de apoyar a las gestantes en los temas burocráticos y canalizar el dinero que los padres de intención pagan por estos procesos. En ocasiones, sus directores tienen o han tenido estrechas relaciones con las clínicas. “Se han encargado de dar acompañamiento para evitar abusos”, argumenta la abogada Afanador, que asegura que hacen “realmente un seguimiento humanitario».
Este medio ha podido confirmar -a través de comprobantes de pagos, transferencias bancarias y otra documentación- cómo algunas clínicas recurren a las fundaciones para transferir pagos a las gestantes. En ocasiones, también pagan a reclutadoras, mujeres que ya participaron en procesos de gestación subrogada y que se dedican a localizar a otras para estos procedimientos.
Hacer pagos de cantidades tan elevadas a las mujeres gestantes no es fácil, ya que los procedimientos de subrogación en Colombia deben ser altruistas. Ante una eventual denuncia contra una clínica, “lo primero que preguntaría un juez es: ‘Si no estás en el contrato, ¿por qué pagas?’”, argumenta Natalia Rueda. Por ello, esta investigadora ve una correlación en el hecho de que las clínicas no suelen ser mencionadas en los contratos y que algunos pagos se realicen a través de fundaciones.
Los recibos a los que ha tenido acceso La Marea detallan las cantidades y los conceptos de los pagos, desglosándolos en categorías relacionadas con el apoyo (ingresos mensuales durante el embarazo), los anticipos, las medicinas o, literalmente, la “conducta” de la mujer gestante.
La premisa de que las fundaciones se utilizan para enviar montos de dinero a las mujeres fue negada por el director de la clínica Celagem, Pedro Martínez, quien aseguró a este medio en una primera entrevista que son directamente los padres de intención quienes se comprometen con la gestante asignada para su manutención durante el embarazo.
Sin embargo, este medio ha podido conocer el intercambio de información entre una gestante de la clínica Celagem y empleadas de la Fundación Grandes Corazones, con sede principal en Panamá y presidida por la esposa del director de Celagem, en el que se menciona tanto los desembolsos de pagos y mensualidades como los trámites burocráticos para afiliar a la gestante al sistema de seguridad social, pensiones y seguro de vida que los padres comitentes están obligados a financiarle durante el embarazo.
Martínez se negó a hacer comentarios a las preguntas formuladas por La Marea por correo electrónico después de la primera entrevista y una visita autorizada a su clínica. Tampoco respondieron representantes de la Fundación Grandes Corazones.
Por otro lado, la directora de la Fundación Deseo de Vida, exempleada de la clínica Babynova By Novafem, aparece en un documento informativo para gestantes emitido en la primera mitad de 2024, donde se la menciona como responsable de coordinar las compensaciones mensuales. Saffon, director de Babynova By Novafem, aseguró por correo electrónico que en julio de 2024 dejó de colaborar con la fundación y que ahora el acompañamiento se realiza directamente desde la clínica. “Las gestantes reciben compensaciones altruistas, gestionadas de manera transparente por medio de transferencia bancaria dentro del programa, con recursos aportados por las familias de intención, destinadas únicamente a cubrir los gastos y necesidades derivados del proceso de gestación”, recalca Saffon.
Parte IV: El oficio de reclutar para las clínicas
Los mensajes que abundan en Facebook y WhatsApp buscando gestantes para subrogación en la mayoría de los casos son redactados por mujeres que fueron subrogantes en el pasado y que ahora se dedican a buscar nuevas candidatas para las clínicas, conocidas como reclutadoras.
“Tengo agencias y clínicas que me contactan para reclutar chicas, pero no hago acompañamiento, solamente envío a la chica”, explica Eslendy Rodríguez, una reclutadora que trabaja de manera autónoma buscando mujeres y actuando como intermediaria en la relación tripartita: “Las busco en la calle, a las puertas de los colegios, en centros comerciales, en parques… Les cuento de mi trabajo y experiencia como gestante subrogada”.
Las más experimentadas tienen incluso sus propias agencias o emprendimientos para asesorar y acompañar a las gestantes y a los padres de intención durante todo el embarazo. “[A los padres comitentes] les estoy cobrando 12 millones de pesos (2.600 euros), con un anticipo de 6 millones cuando empiezo a conseguir a las gestantes”, explica.
Lina Garzón, una de las reclutadoras más veteranas y que se autodefine como “asesora”, confirmó que “los pagos los realizan directamente las clínicas” para las que afirma trabajar. En este momento, “hay muchas clínicas que le han dado la oportunidad a las mismas gestantes no solamente de hacer un proceso de gestación subrogada, sino de recomendar a otras chicas que quieran hacer el proceso y poder ganar algo”, explica a través de mensajes de audio.
Distintos testimonios coinciden en que existen reclutadoras que, además, cobran un porcentaje a las futuras gestantes por referirlas a las clínicas. Este medio fue informado sobre las conversaciones entre una mujer y una “agencia de asesoramiento” en las que se fijaba el coste de sus servicios de acompañamiento en un 3% del total que percibiría la gestante por el proceso. A cambio, le aseguraban que encontrarían la opción que le permitiera ganar más de lo prometido en el anuncio.

Dos extrabajadoras de una clínica de fertilidad que pidieron el anonimato por miedo a repercusiones legales afirmaron que las reclutadoras reciben formación por parte de las clínicas y hasta un manual para guiarlas en hacer un primer filtro de las candidatas gestantes. Los pagos a las referidoras suelen oscilar entre uno y dos millones y medio de pesos colombianos (entre 220 y 500 euros) por mujer que queda embarazada.
Este medio ha podido comprobar, en al menos un caso, el de la Fundación Nuevas Familias, un pago de 400.000 pesos colombianos (90 euros) a una referidora “por servicio de bonificación de reclutamiento”. La Fundación Nuevas Familias no respondió a los intentos de contactar con su abogado para aclarar ese documento.

En Colombia, reclutar se ha convertido en un negocio paralelo dentro del entramado de la gestación subrogada. Una actividad que podría acarrear graves consecuencias jurídicas para las mujeres que se lucran de esta actividad, ya que, según algunas especialistas consultadas, podrían estar incurriendo en delitos como la trata y la explotación de personas.
Según la abogada Rueda, buena parte de estas conductas encajan en las conductas tipificadas como trata de personas: cuando clínicas o fundaciones inducen a otras mujeres a reclutar, “están empujando a cometer el delito”. Un riesgo que ninguna de las reclutadoras entrevistadas parecía haberse planteado ni conocía.
Todos los responsables de las clínicas entrevistados han negado trabajar con referidoras o realizar pagos directos a las mismas.
Parte V: Viajar fuera del país para gestar
En ocasiones, reclutadoras en las redes sociales ofrecen a las mujeres la oportunidad de ganar más dinero. Pero para hacerlo, tendrán que salir del país, algo que les genera mucha desconfianza.

Según precontratos, testimonios y lo observado en una visita a la sede de Gestlife en Bogotá, donde opera como Turismed Colombia, se prevé que la gestante se traslade a Albania en dos instancias: una para la implantación del embrión, pudiendo pasar hasta dos meses allí, y en un segundo momento, opcional, para dar a luz. Por esta última modalidad, la del parto fuera del país, las gestantes reciben un pago extra. Además de estas bonificaciones, la agencia les ofrece “un regalo» a elegir de un catálogo: iPhones, lavadoras, televisiones o juegos de sala.
Trasladar a mujeres colombianas al exterior para gestar es algo que cuestionan algunos abogados y también centros de fertilidad, que quieren actuar conforme a las directrices de la Corte. “Eso no es una conducta adecuada, desnaturaliza absolutamente todo el proceso legítimo de gestación subrogada”, comenta la abogada Afanador.

“No merece la pena”
Colombia lidera la lista de países con mayores índices de desigualdad de la región, lo que hace relativamente fácil encontrar candidatas para suplir la alta demanda de personas buscando tener hijos por subrogación. Las empresas que participan en este mercado transnacional son conscientes de esto y, por ello, hablan de sus programas como una oportunidad para transformar las vidas de dos familias: padres de intención y gestantes subrogadas.
Son esas mismas carencias económicas las que llevan a muchas mujeres a asumir los riesgos físicos y emocionales derivados del proceso hasta en varias ocasiones. “Algunas mujeres lo toman como un trabajo”, comentó una mujer en un anuncio en Facebook. Algo que confirman las mismas ofertas de las reclutadoras, que a menudo vinculan “alquiler de vientre” con “trabajo” en sus publicaciones.
Pero gran parte de las entrevistadas sostuvieron que no merece la pena “ni económica ni emocionalmente”, afirmando que no volverían a hacerlo y que el dinero, si bien mejora brevemente sus vidas, no es suficiente para suplir carencias estructurales como el acceso a una vivienda digna o a la universidad para sus hijos.

Las historias con finales felices y los discursos altruistas, destacados por los principales beneficiarios de este mercado global, ocultan que también pueden existir finales sombríos: depresiones postparto, cicatrices no sanadas por las cesáreas, dolor crónico, miomas causados por la sobreexposición a hormonas y medicamentos, preeclampsia graves e incluso en el caso de situaciones extremas, aunque no representativas, la pérdida del aparato reproductor de las mujeres u otros órganos vitales. Una realidad silenciada detrás de los montos de dinero.
Este reportaje forma parte de una investigación sobre la industria de los vientres de alquiler desarrollada con la financiación de Journalismfund Europe.